Indignación en la Audiencia Nacional por la supresión de escoltas a los magistrados

En un comunicado, los fiscales rechazan la medida de Interior y aseguran que la banda terrorista no se ha disuelto, ya que, tal y como señalan los últimos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ETA continúa desarrollando su actividad con labores de captación, sustracción, falsificación de documentos y sigue teniendo abundante cantidad de armamentos y explosivos.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público de la Audiencia Nacional se han mostrado críticos con la decisión de mantener el personal de seguridad para políticos y exaltos cargos, «cuyas acciones se muestran en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista», lo que, a su juicio, indica que al establecer «prioridades de protección se han valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada persona».

Han defendido además que el servicio de escoltas resulta «imprescindible» para el desempeño de sus funciones y han advertido de que la desprotección anunciada compromete «gravemente» sus condiciones de trabajo .

«La adecuada protección de quienes investigan, acusan y enjuician a las más graves formas de criminalidad es una condición imprescindible para reducir el riesgo personal y las amenazas que provienen de las organizaciones investigadas y que en el pasado, desgraciadamente, han venido atentando contra nuestros compañeros», destaca el comunicado.

Entienden que además del terrorismo de ETA existe la amenaza derivada de las organizaciones criminales cuyas actividades se investigan en este tribunal, por lo que aseguran que «una posición de vulnerabilidad por parte de los que deben protagonizar dicha lucha no hará sino debilitarla».

Esa debilidad sería aprovechada por los terroristas, según los fiscales, que añade que l a sociedad terminará «sufriendo con costes mucho mayores que los que ahora se trata de evitar» . No obstante, los fiscales se confiesan «plenamente conscientes» de la situación económica que atraviesa España, que, en su opinión, justificaría una racionalización y ajuste del servicio de seguridad «para optimizar los recursos», pero creen que «en ningún caso» que se suprima una protección «esencial».