La situación judicial de Don Juan Carlos: dos años de investigaciones que dinamitaron la paz del Rey

De hecho, su letrado difundió ayer un breve comunicado para dejar claro que pese a su marcha, «permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna». Y todo, a partir de un audio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el que Corinna Larsen se despacha implicándole en un rosario de delitos.

El calvario para Don Juan Carlos arrancó en 2018, cuando se publicaron aquellos audios grabados en casa de quien fuera su amiga, en teoría, de forma subrepticia, en el año 2015. Ante Villarejo y el conocido de ambos Juan Villalonga, afirmaba que el anterior Jefe del Estado tenía cuentas en el extranjero y movía el dinero utilizando testaferros y se había llevado comisiones del AVE a La Meca. La Audiencia Nacional, que ya investigaba al comisario y tenía los audios porque se le intervinieron a su detención en noviembre de 2017, comenzó a investigar. Era la quinta pieza separada de la macrocausa Tándem, aunque utilizando la clave que usaba para el asunto el propio Villarejo, se bautizó como «Carol».

No tuvo mucho recorrido. Al cabo de un par de meses, el juez apreció que las afirmaciones de ella ante la grabadora no eran más que comentarios sin documento o prueba que los avalase. Pidió antes, no obstante, la declaración de bienes en el extranjero de Don Juan Carlos y estaba vacía . Archivó provisionalmente aquella línea separada de investigación y quedó en barbecho.

Sin embargo, a la Fiscalía Anticorrupción no se le pasó por alto que de aquellas afirmaciones podía desprenderse, al menos, un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales , si es que realmente hubo comisiones ilegales en la adjudicación del AVE. Requirió documentación a las empresas, tomó declaración a una supuesta intermediaria y siguió investigando, inicialmente, el papel de las compañías, que no a Don Juan Carlos. Con todo, los caminos acabaron apuntando en su dirección y las diligencias, que se seguían en secreto, fueron asumidas el pasado 8 de junio por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Este movimiento no se entiende sin conocer lo que, en paralelo, estaba pasando en Suiza. El fiscal Yves Bertossa investigaba blanqueo relacionado con los gestores de fondos Arturo Fasana y Dante Canónica. Los comentarios de Larsen no le pasaron desapercibidos. Pidió las cintas, tiró del hilo. Sumó los indicios al material que había intervenido a los gestores en los registros de sus dependencias. Acabó descubriendo que las cuentas de Larsen presentaban movimientos sospechosos y en concreto, la ya célebre transferencia de 65 millones de dólares que ella atribuiría después a un regalo del anterior monarca llegado desde una fundación con sede en Panamá .

Encontró el fiscal los papeles de la fundación panameña constituida por orden de Don Juan Carlos desde la que le envió el dinero, interrogó a su primo, el que según Larsen le cubría gastos con otra fundación. Y, sobre todo, entabló interlocución con las autoridades españolas que, si bien no ha sido tan fluida como cabría esperar, ha proporcionado el material de trabajo con el que la Fiscalía del Supremo debe hacerse idea de si hay indicios de delito contra el monarca retirado. Las pesquisas no han llegado a su fin, ni dentro ni fuera de España.

Hay una nueva gota en el vaso, la reapertura la semana pasada de la mencionada pieza «Carol» en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón ha decidido que tras dos años y medio analizando la documentación intervenida a Villarejo hay indicios suficientes, al menos, como para investigar a Larsen y a Villalonga, en tanto que participó en la primera reunión, por un delito de cohecho en el contexto de sus relaciones con el comisario. El auto, que reduce el papel de ella al de cliente del policía, lanza a los fiscales la pregunta de si hay conexión con los delitos que se investigaron en Anticorrupción y que ahora han viajado al Supremo. De obtener una respuesta positiva, y aún no siendo competente en sentido estricto para investigar a Don Juan Carlos dado su aforamiento, podría reclamar esas diligencias y seguir avanzando . En ese caso sería un juez y no la Fiscalía quien, si se hallasen indicios, pediría al Tribunal Supremo que investigase al anterior Jefe del Estado.

Entretanto, las declaraciones de Fasana y Canónica -difundidas por El Español- apuntan a movimientos de ingentes cantidades de dinero, también en efectivo, y dada la posibilidad de que se prolongasen más allá de su abdicación, sobrevuela el debate sobre la extensión de la inviolabilidad del Jefe del Estado -los letrados del Congreso creen que no acabó con el mandato en este caso- y de la reforma de 2012 que quizá le permitiría regularizar lo que le quede fuera , si lo hay, para eludir un presunto delito fiscal.

Llegue o no ese momento, Don Juan Carlos ya ha sido sometido a un juicio a golpe de difusión en prensa de la documentación obrante en la investigación de Suiza y que no era del todo ajena a la Casa Real. La propia Corinna Larsen, una vez se supo imputada, escribió a Zarzuela para pedir «diálogo», aunque algunas fuentes hablan de chantaje.

Era marzo de 2019 y daba cuenta tanto de la investigación en curso en Ginebra, como de la existencia de la fundación panameña «offshore» que a su constitución, tenía como primer beneficiario en caso de defunción al actual Rey, seguido de sus herederos y sus hermanas. Cuando se difundió esa documentación un año después, Casa Real publicó una nota en la que daba cuenta de cómo había cortado de raíz aquel asunto. No fue un comunicado para defender su presunción de inocencia, sino un anuncio de que a Don Juan Carlos se le retiraba su asignación anual con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y el Rey renunciaba a cualquier legado suyo.