«Es alarmante el desconocimiento que tiene Podemos sobre la Policía»

Estas armas disuasorias, utilizadas por varias policías locales y por los Mossos d'Esquadra, formarán parte en breve de la dotación de la Policía Nacional que antes de repartirlas (se han licitado mil y adquirido 300) elaboró un reglamento detallado sobre su uso.

Ese uso, eminentemente disuasorio, se restringe a aquellos agentes de distintas unidades que hayan superado la formación necesaria para manejar los dispositivos electrónicos de control (su nombre técnico). El protocolo fija que se usarán solo para «reducir, inmovilizar o detener» a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, o bien que intenten suicidarse. Se habla de «situaciones de extrema y urgente necesidad« y se prohíbe que se utilicen con niños, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada y «personas débiles de salud».

El SUP considera que la «ocurrencia» de Podemos es «una nueva falta de respeto a los profesionales de la seguridad pública» . Recuerda el sindicato que esos policías son los mismos que escoltan a los dirigentes del partido y protegen sus domicilios «sin que hayan prescindido de ese servicio siguiendo esa desconfianza que muestra el diputado Santiago».

Dicen los agentes que Unidas Podemos evidencia, además, «un absoluto desconocimiento de la realidad policial que resulta alarmante en un partido que ostenta responsabilidades de gobierno». Y lo argumentan, siguiendo el reglamento de la Dirección General de la Policía. El uso de pistolas eléctricas es una práctica operativa policial extendida en todos los países avanzados y frente a las insinuaciones del diputado podemita, continúan, «garantiza mucho más la seguridad tanto de los policías como de los ciudadanos, al tratarse de una herramienta de trabajo no letal».

Podemos apunta con el dedo y extiende la sospecha sobre los policías dejando además al descubierto el desconocimiento del Reglamento citado, que exige informar al juez tras una intervención y grabarla «siempre que sea posible». Las Táser cuentan con un sistema de registro que permite saber qué agente la ha usado y en qué circunstancias.

«No necesitamos que un diputado nos enseñe a hacer nuestro trabajo y menos aún que lo ponga en cuestión públicamente», afirma el SUP en un comunicado. En la proposición no de ley se pide que después de cada uso haya una investigación interna. Una propuesta que también responden: «Somos el colectivo funcionarial más sometido a escrutinio (...) Pero, además, nos sometemos a un código ético, a un régimen disciplinario y al Código Penal. Cuatro filtros, nada menos, que, estamos seguros, garantizan que nuestro trabajo esté mucho más auditado y controlado que el del diputado de Unidas Podemos».

Con estos argumentos y el hartazgo acumulado por el continuo cuestionamiento del trabajo policial, exigen que Interior ponga fin a estas iniciativas que pretenden «politizar la seguridad pública hasta niveles nunca vistos». Piden a Marlaska que lleve al Consejo de Ministros una queja formal sobre la falta de respeto de su socio de gobierno.