La actuación de la Guardia Civil en la valla de Melilla fue «proporcionada» al ataque

Son los argumentos de la Sección Séptima de la Audiencia, que el pasado 6 de abril ordenó el archivo definitivo de esta causa. Lo hacía desestimando íntegramente el recurso contra un sobreseimiento anterior que interpusieron las ONGs Andalucía Acoge, SOS Racismo, APDH-A y Prodein. Las mismas que estos años han sostenido las acusaciones de empleo excesivo de fuerza contra los miembros de la Benemérita , no sin el respaldo tácito de una parte de la izquierda política, -entre ellas el PSOE-, que no dudó en utilizar el incidente para arremeter contra el Gobierno. El entonces portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, dijo estar viendo « actuaciones inconcebibles que no están acordes con el respeto a los Derechos Humanos y a la legalidad vigente» en las imágenes que se difundieron sobre aquellos asaltos a la frontera de Melilla, en referencia al comportamiento de los guardias civiles.

Pero el auto, al que ha tenido acceso ABC , y que ratifica el archivo del juez instructor, señala -corroborando lo que ya dijo un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil- que en aquellas fechas se difundieron por las redes sociales vídeos «preparados», para mostrar «una visión parcial de lo acaecido» . Esto es, una fabricación según la cual los agentes actuaron de forma desmesurada contra los subsaharianos.

A modo de ejemplo, la resolución de la Sala compara dos grabaciones que recogen una misma caída desde lo alto de la valla de «un inmigrante identificado como "Dani", hecho por el que se quiso pedir responsabilidades penales a los guardias.

En la primera, «se ve un enfoque frontal que no permite apreciar ciertos detalles». En la segunda «se ve con claridad que el inmigrante portaba algo en la mano que movía a un lado y otro en inequívoco intento de mantener a raya a los agentes» , explica el auto, que añade que una de las causas de que el individuo terminara viniéndose abajo fueron esos «propios movimientos». Asimismo, el juez sugiere que el desmayo que el mencionado sufrió a continuación «fuese, simplemente, fingido».

El escrito que pone fin al procedimiento no da tregua a la versión mantenida por las acusaciones. Con particular rotundidad, desprecia el supuesto de que la Guardia Civil incurriera en una actuación violenta. «Se olvida en todo momento qué es aquello a lo que los agentes enfrentaban. Se trata de un incomprensible olvido por cuanto que las imágenes incorporadas a la causa también muestran que los asaltos a la valla, además de coordinados, son igualmente violentos y protagonizados por un gran número de personas. La pretensión, formulada en los términos en que las acusaciones lo hacen, de que los agentes permaneciesen en actitud pasiva frente a tales avalanchas, no puede ser asumida», defienden los jueces en el auto. Y añaden: «Una cosa es el exceso y otra bien distinta la acción proporcionada a la dimensión del problema suscitado por el intento de entrada ilegal».

Ilustrativo de la realidad de esos asaltos es otro vídeo, «el número 13» que cita el auto, en el que «puede apreciarse la dimensión de la actuación de los inmigrantes, quienes llegan a pasar unos sobre otros (...) Debajo del numeroso grupo, varias personas que han caído en el intento yacen aparentemente inconscientes. En determinado momento, una de las personas prende fuego a una camiseta para luego arrojarla hacia el lado de los agentes . En las imágenes del soporte número 15 puede verse cómo uno de los inmigrantes propina una patada a uno de los agentes, haciéndole caer desde la valla».

Remitiéndose también a pruebas gráficas, el tribunal deja constancia de que fue la Guardia Civil quien proporcionó a los subsaharianos que se encaramaron a la valla unas escaleras para que bajasen , que alguno lo hicieron «de manera pacífica», «lo que lleva a pensar que solo en los supuestos de resistencia a seguir las in instrucciones de los agentes hubieron de actuar estos empleando la fuerza».

Toda vez que la mayoría de los inmigrantes implicados en aquellos asaltos fueron rechazados en la frontera y entregados a las fuerzas marroquíes, la Audiencia de Málaga recuerda que tal actuación quedó amparada legalmente por la entrada en vigor en marzo de 2015 de la Disposición final primera de la Ley Orgánica de Seguridad, que prevé esta actuación «a fin de impedir» la «entrada ilegal en España» de extranjeros detectados «en la línea fronteriza» de Ceuta y Melilla.