Activistas de Greenpeace despliegan una gran pancarta en el Congreso contra la «ley mordaza»

Los miembros de Greenpeace han escalado la grúa desde la que han colgado la citada pancarta con el lema « la protesta es un derecho » ya que estiman que «a partir de mañana el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación estarán a merced de la interpretación que realicen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior».

Han permanecido cuatro horas y media subidos a una grúa. Los activistas se han bajado de la grúa a las 12.00 horas, utilizando una pluma de los bomberos, que han subido varias veces hasta el lugar donde se encontraban, de manera que han permanecido cuatro horas y media en la grúa.

Se trata de una acción que ha comenzado a primera hora de la mañana en protesta ante la entrada en vigor, mañana, de las leyes de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, «que fueron aprobadas por las Cortes el pasado 26 de marzo con los únicos votos favorables del PP», recuerda Greenpeace.

«Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España», declara Miguel Ángel Soto , portavoz de Greenpeace, en un comunicado.

Añade que «está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos y la privatización de los servicios públicos».

Greenpeace advierte de que «el catálogo de nuevas infracciones que establecen las reformas señalan directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos como los activistas anti-desahucios, las mareas ciudadanas, los sindicalistas y los afectados por las preferentes, que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana».

Agrega que «en la práctica la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, lo que contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español en materia de derechos humanos».

Recuerda que «la ley mordaza también considera un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones».

Greenpeace comenta que desde el primer borrador de esta reforma, en noviembre de 2013, ha estado colaborando con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos para pararla o revertirla.