Javier Maroto: «La sociedad no puede devolver solidaridad a quien abusa de su ayuda»

«Hay 4.000 irregulares que cobran un sueldo vitalicio en ayudas que aquí llegan a 866 euros, más de lo que un trabajador tiene por pensión después de 40 años partiéndose la espalda en la fundición», denuncia. Pese a estar en el ojo del huracán, el edil del PP se siente respaldado en la calle e insiste en endurecer los requisitos para acceder a la prestación. «Dormiré tranquilo cuando la oposición se quite la venda de los ojos y quiera resolver el problema de verdad».

-¿No cree que hace mal señalando al colectivo magrebí acusándolo de defraudar el sistema social vasco?

-¿Pero por qué tengo que negar la evidencia? En Vitoria el 7% de los nacionales acuden a los servicios sociales. Y los extranjeros lo hacen de forma variopinta: los asiáticos acuden menos... Pero hay nacionalidades que van en mayoría (el 94% de los marroquíes) a pedir ayudas, aun estando en edad de trabajar... Cobran un sueldo vitalicio, de hasta 866 euros.

-Puede denunciar el fraude, pero sin estigmatizar a esos inmigrantes...

-Mire, lo único que hago es leer en alto un dato que publica el Gobierno vasco. Se desglosan en cuatro tablas: por género, número de miembros de la familia, edad. De esos se habla. Y hay otra tabla, por origen, que nadie ha querido mirar y se esconde. ¿Por qué? Mi deber es mejorar el sistema, por eso cojo boli fosforito y recalco: Ayudas sí, abusos no. Sea quien sea el que lo cometa, con 8 apellidos vascos o con 8 apellidos argelinos.

-¿Y qué modelo propone?

-Nuestro sistema de cobertura en importes es muy similar al escandinavo, con una diferencia: allí exigen residencia legal y habitual. Aquí hay casi 4.000 personas irregulares cobrando sueldos vitalicios porque no pueden acceder al mercado de trabajo. No es un problema menor, en Vitoria el 11,5 % de los que cobran RGI (renta de garantía de ingresos) son irregulares. No es una cuestión del color de la pie, da igual que el fraude lo cometa un señor de Burgos o de Argelia. Pero la sociedad no puede devolver solidaridad a quien abusa de su ayuda.

-¿Siente que ha puesto en riesgo la convivencia social, como le acusan?

-¿Pero para no poner en riesgo la convivencia social tenemos que pagar entre todos con nuestros impuestos a un irregular o a veces a un delincuente? Porque la normativa vasca lo permite. Y en Vitoria es muy conocido el caso de un agresor sexual en el barrio de Judimendi que pese a haber sido detenido y reconocer su delito, sigue cobrando 866 euros todos los meses. Hay quien por la mañana está en una ventanilla social y por la noche delinque.

-Sí se nota más tensión en la calle.

-Mire, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y quien desde el PNV me llama Hitler o me compara con ETA insulta al sentido común de la mayoría de ciudadanos que me apoyan. Muchos me dicen: «alcalde, soy votante del PNV pero tiene todo mi apoyo».

-¿Espera que esta cuestión tenga su rédito en las urnas el próximo mayo?

-No es la principal cuestión. Yo dormiré tranquilo cuando la oposición se quite la venda de los ojos y quiera resolver el problema de verdad.

-¿Le preocupa la investigación del fiscal a denuncias de SOS Racismo?

-¿Cómo me va a preocupar si SOS Racismo ha confesado que empadronó a 1.200 magrebíes en su local? No viven en Vitoria, solo buscan antigüedad para cobrar ayudas. Esta legislatura hemos dado de baja a 11.000 empadronamientos ficticios.

-Le han comparado con Le Pen. ¿Qué piensa usted de sus políticas?

-La pregunta me desconcierta un poco, la verdad... Piden que los gays no se pueden casar, por ejemplo. Ya te he contestado. No comparto esas cosas. Yo no digo que se suspenda el sistema de ayudas sociales, al revés, defiendo la solidaridad, pero sin abusos. Sea quien sea.

-¿Y qué le dice al ciudadano que lee a diario el saqueo de cajas y fondos públicos por sus representantes?

-Soy tan contundente con la corrupción y el fraude fiscal como con el fraude en las ayudas. Un tema no tapa al otro. Pero a mí me han puesto en el disparadero por lo segundo. Me han llamado de todo sin derecho a réplica.