Francisco Granados y media docena de alcaldes, entre los 51 detenidos por corrupción

También han sido arrestados seis alcaldes en ejercicio cuatro del PP -Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Collado Villalba-, uno del PSOE -Parla- y otro de UDMA, alcalde de Serranillos del Valle, todos ellos en Madrid. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez , que sustituyó a Isabel Carrasco tras ser asesinada. En Valdemoro ha sido detenido Javier Hernández, concejal de Hacienda, y el arquitecto municipal.

También ha sido detenido el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso . Se trata de una persona que comparte al 50% la sociedad Lizamar con el empresario Marjaliza. Alonso tiene unas magníficas relaciones con la actual alcaldesa del PP. Además ha sido detenido en la operación el número dos del Instituto de Turismo de Murcia.

En Valencia la operación Púnica se ha saldado hasta ahora con la detención de un empresario, Alejandro De Pedro Llorca ,según han confirmado a ABC fuentes oficiales de la Guardia Civil en la provincia, donde también se han practicado registros. De acuerdo con las primeras pesquisas, el apresado ejercía tareas de intermediación entre los miembros de la trama.

Fuentes jurídicas sostienen que la causa tenía como epicentro a dos conseguidores, David Marjaliza -empresario del entorno de Francisco Granados- y Alejandro de Pedro Llorca. No se trata de un caso de financiación ilegal de partidos, sino de corrupción pura y dura entre una serie de políticos que veían cercana su salida de la política y unos empresarios que pagaban a cambio de contratos públicos.

La investigación tiene su origen en Suiza, donde un juez de Laussane descubrió dos cuentas de Granados y Marjaliza sospechosas de blanqueo. Avisó a la Fiscalía Anticorrupción español en diciembre de 2013. Ahí se inició una investigación de seis meses para hallar el origen de esos fondos. La Fiscalía acreditó un rosario de presuntos delitos por parte de la trama corrupta: blanqueo de capitales, falsificación de documentos,modelistas fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y pertenencia a organización criminal

La fiscalía presentó una querella en la Audiencia Nacional el pasado junio. La causa recayó en el juez Eloy Velasco y la investigación ha corrido a cargo de la UCO de la Guardia Civil. De hecho, entre los detenidos estaría un miembro de la Guardia Civil que avisó por teléfono a Granados de que estaba siendo investigado. Las intervenciones telefónicas han sido claves para amarrar la operación.ntqmbien ha participado la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE).

Según fuentes jurídicas, estamos ante una trama organizada de contratos e influencias políticas para introducirse en la Administración a todos los niveles, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, para conseguir irregularmente adjudicaciones de contratos y de servicios públicos. Este caso es una Gürtel pero puesta en marcha tras el estallido de la burbuja inmobiliaria: metían mano en contratos de servicios porque ya apenas había grandes operaciones inmobiliarias. Solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros .

Luego blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de las mismas empresas con las que «ganaban» los concursos, que estaban manipulados. La trama modificaba los pliegos, de común acuerdo entre técnicos municipales y empresarios. Algunos contratos eran sobre servicios difusos, muy difíciles de cuantifica, como trabajos sobre eficiencia energética en varios municipios.

Entre las diligencias efectuadas por el juez Velasco hay 400 peticiones a entidades bancarias y compañías aseguradoras para bloquear las cuentas corrientes, valores y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. También se ha decretado el embargo preventivo de treinta vehículos de alta gama de los principales investigados y cuatrocientos mandamientos a entidades bancarias.