Correos internos vinculan al director de Mossos con el «CNI catalán»

Puig desmintió que desde este organismo, que en principio debe velar sólo por la seguridad de las telecomunicaciones de la Generalitat, se haya encargado un informe para planificar la creación de la futura Agencia Nacional de Seguridad (ANS) (el «CNI catalán»), ni que se haya estudiado instalar un «software» espía en móviles destinados a Mossos o cargos de la Generalitat e incluso ciudadano o que se monitorizara los mensajes en Twitter de activistas sociales, políticos o periodistas en 2012, según indican varios documentos que ya estudia la Fiscalía a raíz de denuncias de PSC y PP.

Sin embargo, según atestiguan algunos correos electrónicos a los que ha tenido acceso ABC, la conexión entre Mossos y Cesicat es directa y parte de sus respectivas cúpulas . Es más: en el caso del seguimiento de activistas en Twitter el encargo partió del director general de Mossos, Manel Prat, cuando Puig era consejero de Interior.

Hasta ahora, algunos documentos filtrados por el colectivo Anonymous señalaban que las labores de monitorización de los tuits y hashtags relacionados de políticos, colectivos como el 15-M, abogados y periodistas en Twitter, realizados en 2012 en vistas de acontecimientos como el primer aniversario del 15-M o la celebración de la cumbre del Banco Mundial en Barcelona, en mayo de ese año, fueron llevados a cabo por una empresa subcontratada por el Cesicat . Y respondía al apoyo técnico de las acciones policiales realizadas por la Unidad de Información de los Mossos. Con todo, oficialmente ni Mossos ni Cesicat han admitido la paternidad del encargo e incluso se apuntan unos a otros como responsables. El propio Puig se limitó a decir ayer que el Cesicat colabora con los Mossos y atiende sus requerimientos "siempre dentro de la estricta legalidad". Y negó que el Cesicat elaborara la monitorización de activistas en Twitter.

Pero según ha podido saber este diario, el 24 de febrero de 2012, Prat recibió un mail de la Comisaría General de Información de Mossos, con el asunto «Lo que hablamos» y éste se lo reenvió al entonces presidente del Cesicat, Carles Flamerich —cesado tras descubrirse las filtraciones de documentos—, con el mensaje «Ahora te los he marcado en negrita». Aludía Prat a una lista adjunta al mail en la que se incluyen varias cuentas de Twitter que acabaron siendo monitorizadas. Entre ellas, las de los yayoflautas, del 15-M, del periodistas del semanario La Directa o la del miembro de las CUP David Fernández, que en noviembre de 2012 se convirtió en diputado del Parlamento catalán. Flamerich, a su vez, reenvió el mail remitido por Prat a un exasesor del Cesicat, con el mensaje: «Dime hasta dónde podemos llegar, para que también pueda dar feedback de las posibilidades reales».

El mensaje de Flamerich al ya exasesor del Cesicat sugiere que los responsables del espionaje de tuits albergaban dudas sobre la legalidad de la iniciativa. Fuentes de Mossos afirman que es normal, «y lo hacen todas las policías», que los Mossos rastreen las redes sociales para detectar posibles amenaza o ilícitos penales, como actos de violencia callejera.

El problema aquí es que en el caso de acciones exclusivamente políticas, como manifestaciones, aunque no sean comunicadas, el seguimiento policial podría no estar justificado . Más aún, si se hace a través de una empresa o un organismo, no directamente por Mossos. Además realizar seguimiento en base a perfiles políticos —o de raza, o de sexo, etc—, lo que sería una suerte de listados de tipo ideológico, vulnera la Ley de Protección de Datos.

Encima, en algunos de los documentos filtrados de Anonymous y atribuidos a Cesicat se señala que en al menos una ocasión se realizaron fichas con datos personales de los activistas. Uno de los afectados, el fotoperiodista Jordi Borràs, ya ha presentado una denuncia ante la Autoridad Catalana de Protección Datos (ACPD).