El artículo en el «Wall Street Journal» de Margallo que desencajó a Londres
España y Reino Unido se baten el cobre diplomático por el Peñón de Gibraltar. Londres afirma que no actuará en contra de los deseos de los gibraltareños, que son probritánicos - afp
conflicto diplomático por gibraltar

El artículo en el «Wall Street Journal» de Margallo que desencajó a Londres

Del «se acabó el recreo en Gibraltar» que anunció el ministro de Exteriores en una primera plana de ABC al «tenemos que hablar» del rotativo estadounidense han pasado 16 días y las posiciones parecen más encontradas que al inicio de la tensión

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El artículo publicado este martes 20 de agosto en las páginas del rotativo estadounidense «Wall Street Journal» por el ministro José Manuel García-Margallo aboga por tender un puente de diálogo entre Reino Unido y España en el contencioso diplomático desatado por la soberanía de Gibraltar, las aguas que cercan la Roca y la imposición de una tasa por atravesar la Verja. No obstante, es tajante en lo que al inicio del diálogo compete: hace falta una muestra de voluntariedad por parte de Londres, que debería comenzar por la retirada de los más de 70 bloques de hormigón que el Peñón ha lanzado en las aguas próximas y que dificultan la actividad pesquera en la zona. Pocas horas después de que el artículo viese la luz, el Gobierno de David Cameron, pisoteaba la mano que se había extendido desde este Ministerio español y hablaba con contundencia de que «la soberanía está clara» y «no hay más conversación» que entablar que la que entrañen los asuntos de pesca. Nada más. El artículo completo de quien anunció en una primera plana de ABC este 4 de agosto que «se acabó el recreo en el Peñón» y reveló que planeaban fijar algún tipo de tasa para el acceso a la zona está cerrado a los suscriptores del periódico estadounidense. El texto no tiene desperdicio. En él, someramente, el titular de la cartera de Exteriores se queja de que Reino Unido no ha cumplido con las obligaciones a que le somete pertenecer a organismos internacionales como Naciones Unidas, y que es necesario implementar algunos controles en la Verja ante el desmesurado crecimiento del contrabando ilegal, amén del «establishment» de un paraíso fiscal soterrado en el Peñón. Pese a todo ello, el ministro madrileño extiende la posibilidad de renegociar el estatus de la Roca, no sin antes reclamar un gesto por parte del Gobierno británico que pasaría sí o sí por la retirada de los bloques de hormigón del Ejecutivo de Fabián Picardo. En su traducción al español, íntegra aunque no literal para facilitar su comprensión, reza lo siguiente: "Necesitamos hablar sobre Gibraltar"

El Gobierno español, a diferencia del británico, está plenamente comprometido con sus obligaciones internacionales Por JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO, ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación

"El Gobierno de Su Majestad la Reina no se considera obligado por las resoluciones de la Asamblea General y por lo tanto no va a negociar con el Gobierno español sobre la base de las mismas."

Ésta fue la sorprendente respuesta de Michael Stewart, el secretario de Relaciones Exteriores británico, en diciembre de 1968 a la Resolución 2429 de la Asamblea General de la ONU, que pidió al Reino Unido como potencia administradora poner fin a la situación colonial de Gibraltar, que indica que la continuación de esta situación es contraria a los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

Un año antes, la Asamblea General había aprobado la resolución 2353, que establece que cualquier posición colonial parcial o total que destruye la unidad nacional de un país y la integridad territorial, como en el caso de Gibraltar, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Además, Naciones Unidas no ha reconocido el derecho a la autodeterminación en el caso de Gibraltar, si bien ha llamado a las negociaciones bilaterales entre Reino Unido y España sobre su soberanía, a fin de tener en cuenta los intereses de la población del Peñón.

«Es necesario que Reino Unido muestre la intención de deshacer el daño causado»A diferencia del Gobierno británico, el Ejecutivo español está a gusto en el marco de organismos internacionales, tiene plena confianza en ellos y siempre está dispuesto a cumplir con sus mandatos. La ONU ha establecido claramente, en varias resoluciones, que "la situación colonial en Gibraltar debe finalizar y eso debería lograrse mediante negociaciones entre España y el Reino Unido. Desde el comienzo de la actual legislatura, el Gobierno español ha instado al Reino Unido a las negociaciones bilaterales tan pronto como sea posible sobre las cuestiones que atañen a la soberanía de Gibraltar, que han sido retrasadas durante demasiado tiempo. Esperamos con interés reiniciar estos contactos.

Además de esta falta de cumplimiento respecto a la cuestión de la soberanía, el Gobierno británico y las autoridades locales de Gibraltar han inflingido otras numerosas violaciones de sus obligaciones. El preocupante asunto que nos concierne de inmediato es el lanzamiento de más de 70 bloques de hormigón en la bahía de Gibraltar. España no tiene ninguna duda sobre la soberanía de esas aguas, que están fuera del istmo que une Gibraltar con España, territorio que nunca fue cedido por España al Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht. Esas aguas y la tierra han permanecido siempre bajo soberanía española.

El vertido de bloques de hormigón constituye una violación de las reglas más básicas de la conservación del medio ambiente. Estas aguas representan el 25% de la actividad de los pescadores locales, que han tenido que llevar a cabo sus actividades normales y cuyas familias se ven ahora privadas de su medio de subsistencia. El Gobierno español ha iniciado también los procedimientos para denunciar otras prácticas ambientales dañinas: como el llamado "bunkering" o reabastecimiento de combustible a los barcos en el mar, en las aguas de Gibraltar. Esta práctica entraña un gran riesgo con la liberación de vertidos tóxicos en el mar.

Una violación flagrante de las normas comunitarias en Gibraltar es el contrabandoOtra violación importante se refiere a diversos tipos de contrabando que tienen lugar en el territorio de Gibraltar. El hecho de que Gibraltar no sea considerado parte del territorio aduanero de la UE y que no se aplique en él el sistema comunitario del IVA y los impuestos especiales ha dado lugar a un aumento enorme del contrabando, incluido el de tabaco. Las incautaciones de cigarrillos ilegales de la colonia se incrementaron en un 213% entre los años 2010 y 2012.

Por lo tanto, es absolutamente necesario controlar el tráfico que pasa a través de la puerta entre Gibraltar y España. Estos controles son esenciales para nuestro país en el ejercicio de las responsabilidades comunitarias. Éstas están plenamente en sintonía con el Código de fronteras de Schengen y de plena conformidad con los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación vigentes. Estos principios muestran que los controles fronterizos son legales y no contravienen ni las leyes españolas ni europeas.

Las ilegales incautaciones de cigarrillos aumentaron un 213% en dos años en el PeñónTambién es problemático el régimen fiscal de Gibraltar, que se se caracteriza por la opacidad, especialmente respecto al impuesto de sociedades. De acuerdo con las autoridades fiscales británicas, Gibraltar tiene 21.770 empresas registradas, y sólo el 10% de ellas pagan impuestos. Como Gibraltar tiene una población de sólo 30.000 personas, es obvio que la mayoría de estas empresas están formadas por no residentes recolocados para evitar pagar impuestos. Esta posición es especialmente perjudicial para los países en los que esas empresas operan en realidad.

El 1 de junio de 2012, España se quejó ante la Comisión Europea sobre la ayuda estatal ilegal e incompatible ofrecido a las empresas de Gibraltar en alta mar a través de este rñegimen fiscal. Las preocupaciones acerca de la colonia concebida como paraíso fiscal han sido expresadas también en foros como el G-20 y el G-8.

Se investigará el lanzamiento de bloques de hormigón al mar por las autoridades gibraltareñasefeA nivel nacional, el Gobierno español está también implementando medidas para luchar contra el fraude fiscal, tanto para las compañías originarias de Gibraltar como a las empresas "de fachada" ubicadas en Gibraltar que ocultar la verdadera titularidad de más de 3.000 propiedades en España, y por los 6.700 gibraltareños cuyos domicilios reales, que no fiscales, están en España y que pueden beneficiarse de nuestros servicios sociales y la infraestructura sin contribuir a ellos con el pago de impuestos.

En resumen, Gibraltar ha supuesto un "modelo de bajos impuestos y libre comercio económico" -que alabó un reciente editorial de este diario- es un frente, ocultando a aquellos que tratan de evadir impuestos en violación de la ley.

Se podrían mencionar más ejemplos de violaciones de las obligaciones internacionales, pero éstas han sido suficientemente expresivos.

«Las naciones no tienen amigos permanentes, solo tienen intereses permanentes»Lord Palmerston dijo una vez que "las naciones no tienen amigos permanentes o aliados, sólo tienen intereses permanentes". España tiene amigos y considera que el Reino Unido es uno de ellos. Pero como en toda amistad es necesario cultivar la confianza y hacer frente a cualquier conflicto con la honestidad y la transparencia. El diálogo debe ser bilateral y respetar las leyes internacionales, europeas y nacionales.

España está preparada para reiniciar el diálogo. Estamos dispuestos a aceptar el establecimiento de foros "ad hoc" en el que otras autoridades, como las del Gobierno de Gibraltar y de la Junta de Andalucía, puedan participar en áreas en las que tienen competencias, especialmente en las concernientes a los residentes a ambos lados de la Verja.

Pero como el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy señaló a principios de este mes a su homólogo británico, David Cameron, es primero necesario que el Reino Unido muestre que tiene la intención de deshacer el daño que ya ha causado, en particular mediante la eliminación de los bloques de hormigón".

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**Para su consulta por quienes dominan inglés, reproducimos también el artículo original íntegro:

"We Need to Talk About Gibraltar"

Spain's government, unlike Britain's, is fully at ease complying with its international obligationsBy JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO

"Her Majesty's Government does not consider itself bound by the resolutions of the General Assembly and therefore will not negotiate with the Spanish Government on the basis of the same."

This was the surprising response by Michael Stewart, the British foreign secretary, in December 1968 to Resolution 2429 of the U.N. General Assembly, which called for the United Kingdom as administering power to put an end to the colonial situation in Gibraltar, stating that the continuation of such a situation was contrary to the purposes and principles of the U.N. Charter.

El artículo publicado ayer por Margallo, bajo el título «Necesitamos hablar sobre Gibraltar»wsjA year earlier, the General Assembly had adopted Resolution 2353, stating that any colonial situation that partially or completely destroys a country's national unity and territorial integrity—as in the case of Gibraltar—is incompatible with the purposes and principles of the U.N. Charter. Furthermore, the U.N. has not recognized any right to self-determination in the case of Gibraltar, although it calls for bilateral negotiations on sovereignty to take into account the interests of the colony's population.

Unlike the British government, the Spanish government is at ease in the context of international organizations, has full confidence in them, and is always willing to comply with their mandates. The U.N. has clearly established, in several resolutions, that the colonial situation in Gibraltar must end and that this should be achieved through negotiations between Spain and the U.K. Since the beginning of the current legislature, the Spanish government has urged the U.K. to resume bilateral negotiations as soon as possible on issues of Gibraltar's sovereignty, which have been on hold for far too long. We look forward to the re-initiation of these contacts.

In addition to this noncompliance concerning the sovereignty question, the British government and the Gibraltarian local authorities have committed numerous other breaches of their obligations. The issue of most immediate concern is the dropping of 70 concrete blocks into the Bay of Gibraltar. Spain has no doubt about its sovereignty over these waters. They are off the isthmus connecting Gibraltar to Spain, which was never ceded by Spain to the U.K. under the Treaty of Utrecht. These waters and this land therefore have always remained under Spanish sovereignty.

The dumping of concrete blocks also constitutes a violation of the most basic rules of environmental conservation. These waters account for 25% of the activity of local fishermen, who had been carrying out their normal activities and whose families are now deprived of their livelihoods. The Spanish government has also initiated proceedings to denounce another environmentally harmful practice: that of bunkering, or refueling ships at sea, in the waters off Gibraltar. This practice risks releasing toxic discharges into the sea.

Another important violation concerns diverse types of smuggling that take place from the territory of Gibraltar. The fact that Gibraltar is not considered part of the EU customs territory, and that it does not apply the EU system of VAT and excise duties, has given rise to an enormous increase in smuggling, including of tobacco. Seizures of illegal cigarettes from the colony increased by 213% between 2010 and 2012.

Therefore it is absolutely necessary to control the traffic passing through the gate between Gibraltar and Spain. These controls are essential for our country in the exercise of its responsibilities to the EU. They are totally in line with the Schengen Borders Code and in full accordance with the principles of randomness, proportionality and nondiscrimination. These principles show that the border controls are legal and do not contravene any Spanish or European laws.

Also problematic is Gibraltar's tax regime, which is characterized by opacity, especially regarding corporate tax. According to the British tax authorities, Gibraltar has 21,770 registered companies, of which only 10% pay taxes. As Gibraltar has a population of only 30,000 people, it is obvious that most of these companies are formed by nonresidents relocating to avoid taxes. This situation is especially harmful to the countries in which these companies actually operate.

On June 1, 2012, Spain complained to the European Commission about the illegal and incompatible state aid granted by Gibraltar to offshore companies via its corporate tax regime. Concerns about the colony's tax-haven status have also been expressed in forums such as the G-20 and G-8.

At the national level, the Spanish government is also implementing measures to combat tax fraud originating from Gibraltar, both by "shell" companies located in Gibraltar that conceal the true ownership of over 3,000 properties in Spain, and by the 6,700 Gibraltarians whose actual, but not fiscal, homes are in Spain and who benefit from our social services and infrastructure without contributing to them by paying taxes.

In short, Gibraltar's supposed "low-tax, free-trading economic model"—which a recent editorial in this newspaper praised—is a front, concealing those who seek to evade taxes in violation of the law.

More examples of violations of international obligations could be mentioned, but these are expressive enough.

Lord Palmerston once said that "Nations have no permanent friends or allies, they only have permanent interests." Spain does have friends, and views the U.K. as one. But in every friendship it is necessary to cultivate trust and to address any conflicts with honesty and transparency. The dialogue must be bilateral and respect international, European and national laws.

Spain is prepared to restart this dialogue. We are willing to accept the creation of ad hoc forums in which other authorities, such as the Gibraltarian government and the regional government of Andalusia, could participate regarding areas in which they have competencies, especially regarding those directly concerning residents on both sides of the gate.

But as Spanish Prime Minister Mariano Rajoy observed earlier this month to his British counterpart, David Cameron, it is first necessary for the U.K. to show that it intends to undo the damage that has already been caused, in particular by removing the concrete blocks".