Otra ocurrencia que hará menos competitivas a las pymes

En caso de aprobarse esta ley impulsada por el Ministerio de Consumo todas las empresas con más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros al año o que ofrezcan servicios básicos, estarían obligadas a atender a sus clientes en las lenguas cooficiales. Es decir, todas las empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, de transporte por autobús, de servicios postales, plataformas de contenido audiovisual, bancos y entidades de servicios financieros, aseguradoras y cualquier empresa que preste un servicio público deberían poder atender en gallego, euskera o catalán.

Como siempre esta medida perjudica a la medianas empresas porque las grandes ya prestan este servicio. Cuando llamamos a una gran aseguradora, a una multinacional eléctrica o incluso a la Agencia Tributaria, nos pregunta en qué idioma queremos ser atendidos, por tanto esta nueva obligación que se pretende imponer, no les afecta, pero sí a las medianas compañías que presten estos servicios.

Como era de esperar, las patronales pusieron el grito en el cielo. «Otra vez vuelven a legislar al margen de los empresarios por motivos puramente electorales», aseguraba a ABC el pasado miércoles Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños. Recordaba que el Ejecutivo «busca problemas donde no los hay» en lugar de solucionar los que afectan a trabajadores y empresas, como es el caso del absentismo laboral. En un sentido similar, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, explicaba a ABC que el uso de lenguas cooficiales en las empresas supondría de facto una subida del 1,5% de los costes laborales. Para Amor, «esto es tan irresponsable como si la Unión Europea obliga a todas las empresas europeas a atender en todas las lenguas oficiales».

De nuevo, el cálculo político y la necesidad de los votos del independentismo, en este caso catalán, se imponen a la realidad del tejido empresarial español y a las propias necesidades de los clientes. El castellano, les guste o no a los independentistas, sigue siendo lengua oficial en toda España, y se supone que todos los españoles tenemos el derecho a que nos lo enseñen y el deber de aprenderlo. ¿Dónde está el problema de que te atiendan en castellano? El problema está en que a mí, que no hablo catalán o euskera, me hablen en esos idiomas en mi propio país, porque no voy a entender nada, pero si tenemos una lengua común que conocemos y hablamos todos, ¿de verdad es necesario cargar a las pequeñas empresas con este nuevo coste?

Esta polémica coincide con el discurso de Draghi en el Parlamento europeo en el que abroncó al Ejecutivo comunitario por su lentitud en aplicar las reformas y en eliminar la burocracia. «Estamos peor que hace un año», dijo el ex primer ministro italiano, somos menos competitivos. Pues ya les digo yo que la propuesta de Junts aceptada por el Gobierno va en la línea de mermar todavía más nuestra competitividad.