El PSOE recula ahora con la imposición del catalán en las empresas

El partido de Puigdemont, sin embargo, sí cuenta con el apoyo entusiasta del ministro de Cultura, el catalán Urtasun

CEOE, sobre la exigencia del catalán: «Es un atentado a la libertad de empresa»

Miriam Nogueras, en el centro, en el Congreso junto a otros diputados de Junts JAIME GARCÍA

18/09/2025
Actualizado 19/09/2025 a las 01:10h.

Junts insiste: cualquier empresa radicada en el territorio nacional deberá incorporar a su plantilla a trabajadores que tengan la capacidad de atender en catalán a sus clientes. Por mucho que la empresa tenga la sede en Burgos y que su ámbito de negocio no salga ... de las fronteras de Castilla y León. «Los catalanes tenemos derecho a ser atendidos en nuestra lengua, como lo tienen los españoles, los franceses o los ingleses, vivamos dónde vivamos», señaló este miércoles la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Miriam Nogueras, en los pasillos del Congreso.

Pero en el Partido Socialista, que cuando los separatistas anunciaron el acuerdo en el anteproyecto de ley de atención al cliente no desmintieron a Junts, ahora sí tratan de marcar diferencias con sus socios de investidura. Lo hacen, en gran parte, empujados por las críticas internas dentro del propio PSOE, que consideran esta nueva concesión «una tomadura de pelo al resto de españoles», en palabras de un barón territorial al que la medida le parece «muy fuera de lugar».

Fuentes del grupo parlamentario socialista enfrían las expectativas de Junts, advirtiendo que «estamos todavía en la negociación de las enmiendas de un anteproyecto de ley» y admiten que el revuelo que cogió este miércoles el asunto, con críticas desde diferentes territorios del Estado y desde las empresas, les obligará a replantearse los términos de lo acordado.

En el partido que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacen una lectura muy distinta a Junts respecto a las enmiendas del partido independentista, pese a que estas, ya registradas en el Congreso, dicen lo que dicen. Otra cosa es que llegado el momento, como parece que va a ser, el grupo de Patxi López las diluya para no provocar otro incendio a cuenta de los privilegios a Cataluña. Pero si ocurre esto, avanzan los de Puigdemont, Junts se vería «libre» de no apoyar la norma. «Les obligaremos a cumplir lo pactado», sentencian los catalanes, que avisan que según lo acordado no dependerá de la «buena voluntad de la empresa» o de su «ubicación territorial».

La discusión ahora está precisamente en el ámbito de actuación de la nueva medida. Mientras Junts defiende que debe ser en todo el territorio, es decir, que en cualquier rincón de España una empresa con más de 250 empleados o 50 millones de facturación deberá atender en catalán, el Gobierno opina que únicamente se debe garantizar el derecho a ser atendido en catalán en los territorios de habla catalana. De hecho, si nos atendemos a la ley, el español es el único idioma oficial en el conjunto del país. No obstante, se recoce que «las demás lenguas españolas podrán también ser oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo con sus respectivos estatutos», como es el caso del catalán.

En Junts se remiten al artículo 7 del redactado de la ley, que ya fue validado en la anterior legislatura por el Consejo de Ministros pero cuya tramitación embarrancó por el adelanto electoral, que estipula que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias podrá realizarse en castellano y en «cualquiera de las lenguas cooficiales cuando el servicio de atención a la clientela esté dirigido a clientela situada en comunidades autónomas que dispongan de lenguas cooficiales».

De la misma forma que los socialistas, en el Miniterio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con los que Junts negoció la incorporación de sus enmiendas, la interpretación que hacen es otra y consideran que la aplicación de las nuevas obligaciones a las empresas deben reducirse a Cataluña, las islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Sin embargo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, defiende la línea de Junts y aboga porque cualquier empresa de cualquier punto del Estado, se dirija en catalán a sus clientes.

Discusión entre Junts y ERC

La otra gran polémica de este miércoles respecto a la futura incorporación de las enmiendas que obligarán a la atención en catalán a todas las empresas, llega de dentro del propio separatismo. Junts, el martes por la tarde, se arrogó la paternidad de la iniciativa, vendiendo a bombo y platillo un acuerdo que ni el Gobierno confirmaba ni a los partidos que conforman el Ejecutivo les encaja en los términos en los que se ha explicado.

Pero más allá de eso, el otro gran partido independentista en el Congreso, ERC, tachó este miércoles a los de Nogueras de «adueñarse la paternidad» de la iniciativa. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, aseguró que «es una enmienda de todos», a la vez que afeó «la capacidad que tiene Junts de apropiársela».

ERC asegura que «registramos las mismas enmiendas que Junts» pero que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que depende de Pablo Bustinduy (Sumar), validó únicamente las de Junts. Desde el equipo de Bustinduy dicen que no se percataron de la propuesta de Esquerra Republicana, pero en el entorno de Rufián no se los creen: «Se lo han querido regalar a Junts, que Junts pudiera sacar pecho». Se da la circunstancia que el plazo de enmiendas se cerró justo tras el acuerdo con los de Puigdemont, que sin la aceptación de sus enmiendas, según trasladaron a los responsables del ministerio, estaban dispuestos a hacer caer la ley.

Tal como avanzó ABC hace unos días, Junts ha cambiado de estrategia y a partir de ahora encararán cualquier negociación con el no de partida, posición que solo cambiarán si la norma es buena para Cataluña o si logran una prebenda sustancial a cambio, como es este caso.