La Corte de Arbitraje de La Haya condena a España a indemnizar a la francesa EDF con 30 millones por el recorte a las renovables

El laudo favorable a la compañía gala viene a ampliar la larga lista de sentencias condenatorias contra el Reino de España por este asunto. En concreto, ya se han emitido 23 laudos que instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resarcir a las compañías afectadas por una suma total de unos 1.200 millones de euros.

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Javier González Navarro

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En el caso de EDF, la sentencia condenatoria con España puede desatar nuevos procesos de embargo de bienes en países como Suiza. De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado el desembolso de 300.000 euros para contratar los servicios del bufete helvético MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep e intentar evitar la incautación de activos del Reino en dicho país.

EDF es una de las empresas más importantes afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, pero la lista también incluye a otras corporaciones como la alemana RWE, Antin y NextEra. Próximamente se espera la resolución del proceso que involucra a la alemana E.ON, cuya reclamación asciende a 600 millones de euros.

La mayoría de los laudos se han canalizado a través del Banco Mundial y de su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Sin embargo, el proceso de EDF se tramitó ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), de modo que esta resolución amplía la cobertura legal que están recibiendo los denunciantes ante los tribunales internacionales.

España acumula más de 1.200 millones de euros en laudos pendientes de pago. Asimismo, la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de negarse a resarcir a los afectados ha generado un coste adicional de 250 millones de euros en concepto de gastos legales, condenas en costas e intereses de demora.

Algunas de las compañías afectadas han puesto en marcha distintos procesos legales orientados a conseguir el embargo de bienes del Reino de España. De momento, los denunciantes han logrado el visto bueno de la justicia británica y australiana y han abierto la veda a la incautación de todo tipo de activos, caso de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros) y el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como de sus cuentas.

Por otra parte, la Comisión Europea va a solicitar por escrito a finales de la presente semana la salida del bloque del Tratado de la Carta de la Energía. Hay que recordar que España ha sido uno de los países más críticos con el acuerdo, señalando que imposibilita el cumplimiento de las metas climáticas. Sin embargo, las más de 20 condenas que ha sufrido España bajo el paraguas legal de este tratado internacional están vinculadas a las inversiones en el campo de la energía renovable.

Los expertos consultados explican que el Tratado de la Carta de la Energía estaba en vigor cuando se aprobaron las primas a las renovables y también cuando se retiraron de forma retroactiva, de modo que no habrá ningún cambio en dicho frente. De hecho, el acuerdo contempla una cláusula de salida mediante la cual los países que dejan el tratado siguen vinculados a sus procesos por un periodo de veinte años. Por lo tanto, no habrá cambios en lo referido a la tramitación de los casos.

En este sentido, las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas recalcan que el Tratado «es total y absolutamente compatible con el despliegue de energía renovable, como muestra el hecho de que Europa sea líder en dicho campo», y que el Tratado «brindó la cobertura necesaria para lograr dicha posición de liderazgo y la salida anunciada por la UE genera más inseguridad jurídica en el sector«.