El portazo de Junts a la rebaja de jornada pone en peligro la medida estrella de Yolanda Díaz

El partido de Carles Puigdemont ha puesto negro sobre blanco y ha dejado claro que sus siete diputados votarán en contra del recorte de la semanal laboral pactada sólo con los sindicatos si los cambios no son negociados y ese recorte se redirige hacia la negociación colectiva, tal y como han reclamado los empresarios, que no suscribieron el pacto.

El avisó fue tajante durante la intervención que la vicepresidenta segunda tuvo en la comisión de Trabajo en el Congreso la semana pasada. Allí tuvo que oír los reproches de Junts sobre una medida que el partido independentista no considera necesaria y que, a su juicio, ataca a la línea de flotación de las pymes.

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Susana Alcelay

El representante de Junts, Josep María Cervera, le recriminó a Díaz que la medida «no es una prioridad» y que «no ocupa el primer lugar en las reivindicaciones de los trabajadores». También le dijo que la realidad es que responde a «una necesidad» política de la ministra de Trabajo. En resumen, que el partido catalán no apoyará el anteproyecto en su actual redacción si antes no se negocia. Como los empresarios, sostiene que la vía no es una ley y que los cambios que afectan a la jornada residen en la negociación colectiva.

Para apoyar los argumentos de Junt, Conpymes, la patronal con base independentista, ha convocado una cumbre en Madrid el próximo día 18, una jornada con el lema 'Reducción de jornada: Así no', en la que esperan reunir a sus organizaciones empresariales asociadas y en la que se pondrá de manifiesto la «necesidad urgente» de que las pymes, que representan el tejido empresarial mayoritario en España, tengan una voz propia y diferenciada en el diseño de cualquier medida que afecte a su competitividad, como es la reducción de la jornada laboral.

A Yolanda Díaz se le tuercen, por tanto, los planes con la reducción de la jornada. La negativa de la organización que dirige Antonio Garamendi a sellar el pacto con el Gobierno y los sindicatos alejó la posibilidad de reproducir un acuerdo tripartido como el logrado con las pensiones. Y este escenario contribuyó de forma decisiva a alejar también la posibilidad de que la medida saliera con éxito en el Congreso, teniendo en cuenta que un acuerdo a tres bandas en el diálogo social es casi siempre la llave que garantiza el éxito de la reforma cuando pasa por el Parlamento.

En estos momentos los apoyos parlamentarios para que prospere la rebaja normativa están en el aire; tampoco está claro el apoyo del PNV, que si bien públicamente ha respaldado la medida por el hecho de que en el País Vasco los convenios ya recogen las 37,5 horas, también ha reconocido que no será fácil para los negocios más pequeños. Pero en este último caso el Gobierno cree que la negociación será más llevadera después de ceder a una de sus peticiones históricas: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito nacional.

El peor de los escenarios no sería el primer caso en el que la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición ha frustrado algunas iniciativas que el Ejecutivo ha llevado, y ha logrado bloquear en cierta manera su agenda legislativa, como ocurrió cuando en enero de 2024 Unidas Podemos tumbó en el Parlamento la reforma del desempleo. Para evitar un sobresalto como el ocurrido entonces, el PSOE negociará con los grupos nacionalistas los cambios que permitan un paso sin sobresaltos por el Parlamento.

La dirección de los cambios la marcó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando, en su enfrentamiento con Díaz, se puso del lado de los empresarios y defendió la necesidad de que las pymes cuenten con ayudas para implantar la rebaja de jornada, que la titular de Trabajo retiró tras la negativa de CEOE a sellar un pacto con Gobierno y sindicatos.