Los organismos internacionales ya cuestionan a Yolanda Díaz

Los ritmos que utiliza la vicepresidenta para sacar adelante sus objetivos no convencen a la máxima autoridad laboral internacional. El 'modus operandi' con el que sacó adelante la reforma del desempleo evidenció que no cuenta con las empresas para desplegar su agenda reformista. Apremiada por unos cambios que han tenido paralizados dos años 10.000 millones de fondos europeos para España, Díaz tiró por la calle de en medio y, a pocos días de las elecciones catalanas, selló con los sindicatos unas modificaciones que trasladó a la patronal un lunes para que rubricara un día después. La CEOE se enteraba de la firma del pacto con los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, por los medios y afeaba a la vicepresidenta la carga política asociada a esta reforma, que en la letra pequeña también llevaba un nuevo respaldo a la patronal amiga del Gobierno, amadrinada por Begoña Gómez, con la entrada de la independentista Pimec en el Consejo Económico y Social (CES). Un movimiento muy criticado por la patronal y también por el órgano consultivo del Ministerio de Trabajo, que se ha quejado de que la decisión no fue precedida de consultas con el CES.

Por estrategias negociadoras como esta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a España, en su reciente conferencia anual, en la lista de los 24 países que no respetan algunos de sus convenios internacionales. En concreto, su convenio 144, que obliga a los países miembros a garantizar el diálogo tripartito y las «consultas efectivas» del Gobierno a empresarios y sindicatos en asuntos laborales relacionados con la OIT. Como ya informó este diario, el pronunciamiento vino precedido de las denuncias que, los agentes sociales realizaron en 2022 ante el organismo por la vulneración de las «consultas efectivas» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una acusación que también elevaron las centrales ante la OIT en la etapa de Mariano Rajoy. Ante su sede en Ginebra, la organización empresarial ha denunciado que el Ejecutivo ha realizado una treintena de modificaciones laborales a espaldas al diálogo social.

La OCDE también ha sido clara: «El Gobierno debe construir la regulación del tiempo de trabajo sobre la base de un fuerte involucramiento de los agentes sociales. Esto debería ayudar a entender mejor hasta qué punto una jornada laboral semanal más corta puede generar efectos suficientes sobre la productividad para compensar el incremento de los costes laborales de las empresas y/o la bajada de sueldo de los trabajadores (dependiendo de la forma en que se implemente la reducción de la jornada), y hasta qué punto cualquier efecto sobre la productividad depende de cómo se organice la jornada (horarios más cortos, menos días de trabajo o menos horas al día) y de la actividad de la empresa».

Enredada en un batalla ideológica, las empresas llevan siendo la diana elegida desde que la patronal comenzó a alzar la voz contra unas medidas que consideraba malas para España. Poco a poco se ha ido larvando un clima de malestar en el diálogo social que ha terminado arruinando cualquier posibilidad de entendimiento a tres bandas. Una situación agravada tras el apoyo del Gobierno a Conpymes, la patronal amiga en 2021, ahora investigada en los juzgados por fraude en las subvenciones.

Las empresas siguen en las mesas de negociación, pero las esperanzas de llegar a un entendimiento en los ajustes de la semana laboral son remotos, pese a las recomendaciones de las instancias internacionales y de lo que siempre ha defendido Bruselas, históricamente partidaria de acometer cambios consensuados para garantizar su éxito. Las posiciones están muy alejadas, teniendo en cuenta además que Díaz ha tomado ya las riendas de la negociación en un asunto que forma parte del diálogo entre empresarios y sindicatos.

A los toques de atención de la OIT y la OCDE se ha sumado una tercera instancia, el FMI, organismo que ha alertado de que los salarios acabarán soportando parte del coste de la rebaja horaria, que podría «incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo». En la misma línea se han pronunciado en España entidades como Fedea, cuestionando además las formas de una reforma que debe acometerse en la negociación colectiva. Por ello, recomiendan a los legisladores «acomodar la heterogeneidad entre sectores a través de la negociación colectiva para contener estos efectos adversos». Es precisamente esta la vía que han defendido los empresarios en las negociaciones que están abiertas sin ningún éxito.

La CEOE argumenta que la jornada laboral debe fijarse sector por sector, y no de forma generalizada, atendiendo a la disparidad de actividades laborales. Argumentan los empresarios que el mismo 'café para todos', sería perjudicial para las pequeñas empresas del país, especialmente para bares, restaurantes y comercios, que verían mermada su capacidad de organización, llegando incluso a tener que cerrar los establecimientos por cumplir esta normativa horaria impuesta. Según cálculos elaborados por economistas, el coste aproximado de recortar 2,5 horas de trabajo sin rebaja salarial a los 21,3 millones de ocupados sería de unos 64.000 millones que recaerían sobre el balance de las compañías

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