Las plantaciones de marihuana consumen al año la luz equivalente a la demanda de una ciudad como Sevilla

Tan solo el pasado año, la filial de redes de Endesa desmanteló cerca de 150 fraudes al día, una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro, ha informado hoy la compañía.

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El consejero delegado de Endesa, José Bogas, explicó la semana pasada que los cortes de luz que se producen en varias barriadas de diversas ciudades, especialmente en Sevilla y Granada, por las plantaciones 'indoor' de marihuana tienen una solución: «endurecer el Código Penal como hacen otros países de nuestro entorno». El consejero delegado hizo además dos precisiones: «cuanta más potencia ponemos, más plantaciones se generan» y que al tener una legislación más laxa en España «se produce un efecto llamada de las bandas organizadas».

José Manuel Revuelta, director general de redes de Endesa, afirma que «la manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores», señala

En los cinco últimos años los casos de fraude de todo tipo detectados por la compañía han aumentado un 35%: desde los 39.300 expedientes de 2019 a los cerca de 53.300 contabilizados en 2023. La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 58%, hasta alcanzar los 662GWh, equivalente al consumo de 190.000 hogares.

Plantaciones de marihuana y grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios acapararon el 74% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa. La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3 KW.

Por el contrario, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', concentran ya el 37% de la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa, casi diez puntos más que hace un año.

Los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera esta compañía han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo. Cada día de 2023, los técnicos desconectaron de la red una media de siete plantaciones de marihuana.

Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.

Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.

La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por «verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal» según los datos del ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de la compañía, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial.

En el último año, la compañía ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.