Naturgy denuncia una media de 16 conexiones eléctricas ilegales de plantaciones de marihuana al mes

La distribuidora de Naturgy colabora estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra los cultivos de cannabis ocultos a través de la detección de consumos inusualmente elevados.

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El fraude eléctrico supone un sobrecoste anual de 2.000 millones de euros para todos los consumidores

Javier González Navarro

Naturgy ha recuperado 160 GWh, la demanda anual de 50.000 hogares

En el conjunto de España, las actuaciones de UFD para la detección de fraudes eléctricos se han saldado con la apertura de cerca de 13.500 expedientes en el último año y medio, lo que supone 25 cada día de media. Así, el grupo ha logrado recuperar 190 GWh de energía defraudada, una cantidad equivalente al consumo anual de casi 60.000 hogares.

Y en el primer semestre de 2023, UFD ha interceptado fraudes por un volumen de 80 GWh, frente a los 55 GWh del año anterior para el mismo periodo, lo que supone un incremento del 45%, lo que confirma que esta práctica delictiva va en aumento.

UFD es el tercer operador de distribución de electricidad en España, con presencia en Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. La compañía da servicio a 3,8 millones de puntos de suministro, a través de una red de 114.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.

Esta distribuidora colabora estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra los cultivos de cannabis ocultos, a través de la detección de consumos inusualmente elevados.

La compañía dispone de un protocolo para detectar los posibles consumos excesivos desde los centros de transformación cuando no se corresponden con el número y tipo de suministros asociados a esas instalaciones. Esta vigilancia es clave ya que, en ocasiones, estas conexiones pueden llegar a ponerlos en riesgo de incendio al superar en algunos horarios su capacidad de carga.

De esta forma, se revisan telemáticamente las pérdidas de energía asociadas, tanto en volumen de energía como en horario. Cuando con la información obtenida la compañía sospecha de un posible fraude, lo pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que se hacen cargo de la investigación.

Desde Naturgy subrayan a ABC que el fraude eléctrico es un fenómeno que no para de crecer en España. En 2022, las pérdidas de red en distribución vinculadas a este fenómeno supusieron un coste superior a los 2.000 millones de euros. Esta cifra es costeada por el conjunto de consumidores del sistema eléctrico con cargo a su factura.

La continuidad en el tiempo del fraude pone de manifiesto que el actual marco legal y regulatorio dificulta su persecución y atribución, así como el cobro de la energía defraudada.

En momentos de crisis, las conexiones ilegales aumentan, como ya sucedió en 2008, cuando el fraude creció un 28%. La irrupción de la crisis sanitaria del Covid-19 y las medidas legislativas que impedían el corte a suministros en baja tensión desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021 motivaron un importante repunte de hasta un 6% de las pérdidas de energía (159 GWh en ese periodo) incluso en un escenario de caída de la demanda por el confinamiento.

En junio de 2023, gracias al mayor impulso de las actuaciones de detección, UFD ha logrado recuperar la situación con datos de fraude similares a los existentes antes de la pandemia. Para ello, en los últimos 22 meses ha incrementado en casi un 300% la tramitación de expedientes fraudulentos.

El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico. Es decir, la energía que se defrauda la pagamos todos.

Las conexiones ilegales causan incendios, ponen en riesgo la seguridad de las personas, y la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente. Además, el fraude representa un acto de insolidaridad, ya que la energía que el defraudador sustrae al sistema recae sobre el conjunto de los clientes que sí cumplen con sus obligaciones. Esta situación es aún más dañina para la competitividad industrial, ya que el beneficio para unos se acaba traduciendo en un incremento de costes para otro.

Hay tres modalidades básicas de fraude eléctrico: manipular el contador, puentear el aparato para que la energía no sea medida, y la conexión a la red de conexión.

En España se estima que hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas. El fraude está vinculado en numerosas ocasiones a mafias que utilizan las casas ocupadas para realizar plantaciones 'indoor' de marihuana, como lugar de refugio y para esconder los botines de sus hechos delictivos, «granjas» de criptomonedas, etc.

Se trata de un problema generalizado en España. Algunas áreas de Cataluña, el sur de Madrid, Toledo, Canarias… son zonas de especial intensidad en el fraude eléctrico en las que también se producen altos índices de ocupación de viviendas y tráfico de drogas. En todo caso, el fraude no se limita únicamente a rentas bajas, ya que también se produce en zonas de alto nivel adquisitivo o en otros sectores como el terciario (hoteles, restaurantes…).

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito o falta recogido en el Código Penal (artículos 255 y 623.4) penado con multas de hasta 12 meses de cárcel. La ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece entre las funciones de las empresas distribuidoras las referidas a la detección y puesta en conocimiento de autoridades y clientes de las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida. El art. 87 del RD 1955/2000 habilita a las empresas distribuidoras a interrumpir el suministro cuando detectan situaciones anómalas en las instalaciones o equipos de medidas.

Los nuevos contadores inteligentes han supuesto un gran paso en la detección de fraude ya que agilizan su detección y la intervención, aunque no siempre depende de la distribuidora eléctrica. En ocasiones es necesaria, por ejemplo, una autorización judicial para acceder a la finca donde se detecta el robo, lo que acaba alargando los plazos de intervención.