Los pisos turísticos ven populismo tras su veto en Barcelona

En una decisión que la patronal ve «tan populista como inaplicable por su manifiesta inconstitucionalidad», el ayuntamiento presidido por Jaume Collboni (PSC) decidió subirse a la ola antiturismo que está barriendo Barcelona, y comienza a extenderse por toda España, y anunció que en el plazo de cuatro años piensa cerrar todos los pisos turísticos. El anuncio fue sorpresivo, más al proceder de un gobierno municipal que presumía de dar por superada la etapa turismofóbica que carecterizó los ocho años de Ada Colau como alcaldesa. El argumento del actual primer edil para aplicar una medida tan drástica, la pretensión de que esos 10.000 pisos pasen al mercado de alquiler o venta, cuyos precios se han encarecido un 68 y un 38% en Barcelona en la última década.

«Es ridículo pensar, de entrada, que todos esos pisos irán a venta o alquiler, cuando lo más probable, como ya hacen ahora muchos propietarios para sortear la limitación de rentas, es que se pasen al alquiler temporal», explica Muro en un encuentro con ABC. Para la directora de la patronal de los pisos turísticos, los números cantan. «Los apartamentos son el 1,2% de los 808.751 pisos censados en Barcelona. ¿Alguien piensa que ese porcentaje puede tener un impacto significativo para reducir precios?», se pregunta Muro.

Con una amplia experiencia en el sector –al frente del consorcio Turismo de Barcelona entre 2020 y 2022, directora de Turismo de la Generalitat entre 2011 y 2016 y directora del Grupo Julià hasta 2020–, el fichaje de Muro por Apartur se leyó como un toque de alerta de un sector que no piensa plegarse a las intenciones municipales. La patronal –como también ha hecho Exceltur– asume que es necesario ordenar el flujo de turistas y que la jungla de pisos ilegales que proliferó durante años no es admisible, pero en este sentido recuerda que Barcelona, a diferencia de Madrid, «que empieza ahora», ya hizo un esfuerzo por regularizar, recordando a la vez que desde 2012 en la capital catalana no se conceden nuevas licencias.

La decisión del Ayuntamiento sigue la estela seguida por otras ciudades: la más significativa, Nueva York, que desde septiembre de 2023 prohíbe los apartamentos turísticos, «lo que ha sido contraproducente», apunta Muro, en alusión al mercado ilegal que se ha generado y el fracaso en el freno de la escalada de precios del alquiler que se pretendía.

Desde el convencimiento de que la medida en Barcelona tampoco funcionaría, en Apartur creen, además, que ni llegará a aplicarse. De entrada, por que creen que el Tribunal Constitucional tumbará, tras el recurso del PP, el decreto ley de la Generalitat que regula el sector y que permite a los ayuntamiento de «zonas tensionadas» no renovar las licencias concedidas. «La administración quiere llevar a cabo una expropiación forzoza, pero sin ninguna compensación», insiste la patronal, que recuerda que la directiva comunitaria de servicios impide también acciones de este tipo. Fuentes legales consultadas también coinciden en señalar la dudosa legalidad de la medida. «Está claro que es una medida populista. La ponen sobre la mesa, y cuando el TC la tumbe, irán a otra cosa», añade Muro.

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La opinión de la patronal turística, reconocen, coincide en este sentido con la planteada de manera reciente por el Círculo de Economía, que en una nota de opinión instaba a aumentar el parque de alquiler por la vía de introducir medidas como la del «alquiler concertado» o la aplicación de un mecanismo de garantías públicas para el cobro de rentas que impida que sea el sector privado el que asuma el riesgo de impago de los sectores vulnerables. También, apuntaba el Círculo, hay que acabar con la limitación de precios que desincentiba la oferta.

Por lo pronto, en Barcelona se ha puesto el foco en sus 10.000 pisos vacacionales, convencida la patronal de que los usan como cabeza de turco para afrontar problemas –el de la soprepresión turística y el de la falta de vivienda– de solución mucho más compleja.