El alcalde de Barcelona plantea eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en cuatro años

Acompañado de los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, Collboni ha defendido en una rueda de prensa la propuesta sobre vivienda con el objetivo de que aumente el mercado de alquiler y compra-venta de los pisos para uso residencial. «Será como fabricar 10.000 viviendas», ha señalado, después de incidir en que en su opinión el «principal problema de la ciudad» es el del «acceso a la vivienda». Eso sí, ha reconocido que este tipo de políticas «no tienen resultados inmediatos».

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Desde el gobierno municipal se ha remarcado que la medida afectará a «todos» los 10.000 pisos turísticos, indiferentemente de que estén concentrados en un solo edificio o dispersos por la ciudad, tanto en barrios congestionados como en otros menos turísticos. «En 2028, Barcelona cesará la actividad de uso turístico en pisos residenciales», ha insistido Collboni, que ha dicho que se hará en base al polémico decreto de la Generalitat de noviembre de 2023.

Esta norma , muy criticada por el sector del turismo que anunció que llevaría el decreto a los tribunales de Justicia, pretende regular las viviendas turísticas y abre la puerta a que no se renueven las licencias que otorgan los municipios. El decreto pasó el corte del Parlamento de Cataluña gracias a los votos del PSC, que a cambio acordó con ERC el desarrollo de la norma como ley, en proceso, y no sin división interna entre los alcaldes socialistas. Unos, en contra del decreto; otros, a favor.

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En base a este decreto, que no afecta a los pisos de temporada, el equipo de gobierno municipal ha defendido que podrá suprimir legalmente todas las licencias turísticas en noviembre de 2028. Por su parte, Valls se ha mostrado seguro de que la decisión tendrá encaje legal y que, en cualquier caso, desde el Ayuntamiento no pueden ni quieren «renunciar» a regular la situación de los pisos turísticos y «el acceso a la vivienda» en la ciudad.

Además de esta medida, Collboni también ha anunciado que modificarán la normativa para que el 30% de las viviendas protegidas que deben implementar los constructores privados se puedan agrupar y trasladar a «parcelas diferentes» para facilitar la inversión y aumente la producción. Una medida que, desde el punto de vista del plan municipal, aumentará también la oferta de alquiler y, sobre todo, la compra-venta de viviendas.

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El alcalde ha señalado, igualmente, que uno de los datos que les ha hecho ponerse a trabajar desde el Consistorio para llegar a la conclusión de que se han de adoptar estas medidas es que «los alquileres han subido un 68% en los últimos diez años» y más de un 30% en los precios de compra-venta. Por último, Bonet ha apuntado que el Ayuntamiento solo puede construir unas 5.000 viviendas por mandato (cuatro años), por lo que ha puesto en valor las 10.000 viviendas que dejarán de ser turísticas.

Poco después de las declaraciones del alcalde de Barcelona, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha emitido una nota en la que se señala que Collboni «condena al sector del turismo familiar a muerte» y considera «irresponsable» y «demagógica» la decisión de cerrar completamente los 10.000 pisos turísticos legales de la capital catalana, abriendo así la puerta a los alojamientos turísticos ilegales y el fomento de la economía sumergida.

La patronal ha recordado también que lleva meses «alertando de los peligros» de aplicar el decreto de la Generalitat en Barcelona, ya que los pisos turísticos representan el 40% del alojamiento turístico de la ciudad y son utilizados, sobre todo, por familias. «El consistorio dice que no quiere pisos turísticos. ¿No queremos turismo familiar en Barcelona, de verdad? ¿Cuántas tiendas, restaurantes, museos tendrán que cerrar?», ha indicado Enrique Alcántara, presidente de Apartur.

Según datos de esta patronal, los pisos turísticos en Barcelona representan solo el 0,77% del total del parque de viviendas. Por lo que, en opinión de Alcántara, la medida que pretende poner en marcha el Ayuntamiento es una «cortina de humo» por el fracaso de las políticas de vivienda que se han ido implementando a lo largo de los últimos años. Según Apartur, este sector da trabajo a unos 5.000 trabajadores de forma directa y aporta 347 millones de euros al año.