El nuevo 'impuesto' para pagar pensiones que se cargará sobre las nóminas de los trabajadores

La medida fue aprobada en diciembre de 2021 y publicada en el BOE como parte de la primera parte de la reforma de pensiones que ya opera desde comienzos de este 2022. Ahora bien, varios puntos críticos sobre este punto concreto de la reforma hacen que, de hecho, se cuestione su funcionamiento.

El origen del mecanismo de equidad intergeneracional es el interés del Gobierno por sustituir el factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013. Este debía entrar en vigor en 2018 y fue prorrogado por los populares hasta 2023. El pasado mes de diciembre el factor de sostenibilidad quedó derogado definitivamente y se fijó para 2023 la entrada en vigor del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

El anterior factor de sostenibilidad funcionaba como una suerte de prorrateo de la expectativa de pensión durante los años en los que se fuera a cobrar sobre el número de años de esperanza de vida. Es decir, las pensiones se reducen si aumenta la esperanza de vida desde los 65 años del beneficiario. Este modelo, derogado, no se aplicará. La medida suponía recortes de hasta el 20% en las nuevas prestaciones.

El sustituto, el mecanismo de equidad intergeneracional, es completamente distinto. En primer lugar, no se toca la cuantía de las pensiones. Es decir, no reduce el gasto en pensiones. El mecanismo se ha concebido simplemente como una nueva cuota a pagar por parte de los trabajadores, de todos sin excepción e independientemente del nivel salarial. Concretamente se aplica en forma de nueva cotización y será el 0,6% del sueldo. Un cargo que aparecerá en la nómina de los asalariados, y también se cobrará a los autónomos.

Está concebido para amasar una cantidad de dinero lo suficientemente elevada como para poder ayudar a la Seguridad Social a cubrir todo el gasto en pensiones cuando se comiencen a jubilar los baby boomer, momento en el que se espera el mayor tensionamiento para las cuentas del sistema público de pensiones, que necesitarán dinero al margen de las cotizaciones ordinarias.

El mecanismo de equidad supondrá un 0,6%, del que el empresario pagará un 0,5%, mientras que el trabajador abonará el 0,1% restante. Desde los sindicatos CC.OO. y UGT estiman que de media se pague por esta vía unos 5 euros mensuales para la media de los trabajadores autónomos.

Para los asalariados, por ejemplo, ante una nómina de 2.000 euros brutos, el incremento del 0,6% supondría una cuota de 12 euros al mes: 2 euros los pagaría el trabajador y 10 euros los asumiría la empresa. Lógicamente, esta cuantía variaría en función del nivel de la nómina, pero no el porcentaje a aplicar.

A partir de aquí entran las estimaciones sobre el impacto de la medida en las arcas de la Seguridad Social y los cuestionamientos de la misma. Tal y como está concebida, de facto, supone el primer 'impuesto' directo que se aplica en el España para pagar pensiones. Es finalista, es decir, el Ejecutivo no podrá usar este dinero para otro fin que no sea cubrir pago de pensiones. Y se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como 'hucha' de las pensiones.

En la idea inicial del Gobierno, el Ministerio de Seguridad Social esperaba recaudar por esta vía cerca de unos 50.000 millones de euros. Nada de eso. El propio Gobierno ya ha rebajado esta expectativa hasta lo 22.000 millones de euros, menos de la mitad de lo inicialmente proyectado. Y según ha confirmado el Gobierno tiene un carácter temporal: se cobrará durante los próximos 10 años, entre 2023 y 2032.

Y es aquí donde la medida muestra pies de barro. Los 22.000 millones que se espera recaudar en la década son los equivalentes a una de las dos pagas extra que abona la Seguridad Social a los pensionistas a lo largo del año. O el equivalente a los pagos ordinarios de dos meses. No más.

Así, puede que la medida no logre el objetivo inicial marcado por el Gobierno de rellenar la 'hucha' hasta los niveles necesarios. Y este escenario ya está previsto por el Gobierno. Y es que si, llegado 2033, se observa que las proyecciones de gasto en pensiones dibujan un escenario deficitario para la Seguridad Social en los subsiguientes ejercicios, entraría en juego la segunda parte del mecanismo.

Si llegado el momento el mecanismo de equidad intergeneracional no ha sido suficiente y se mantiene el déficit de la Seguridad Social, se deberá sondear de forma consensuada entre Gobierno, partidos políticos y agentes sociales una vuelta de hoja para la medida.

Serían dos únicas opciones: o reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, es decir, un recorte de las prestaciones, o bien un incremento del tipo de cotización, elevando ese 0,6% de retención salarial.