Montero ha modificado ya en más de 38.000 millones los Presupuestos de 2023 sin aval parlamentario

Esa arquitectura presupuestaria se derrumbó en 2020. Agobiado por las necesidades generadas por la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez desactivó las barreras regulatorias que dificultaban destinar los recursos presupuestarios disponibles a materiales de protección, vacunas y demás y dejó vía libre para traspasar recursos entre partidas e incluso entre ministerios.

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Bruno Pérez

La imposibilidad de sacar adelante sus cuentas y la pandemia le llevaron a remover las limitaciones al gasto establecidas en su día por el Gobierno Rajoy

Lo que en principio pareció una solución de emergencia, que permitió ampliar el presupuesto en más de 46.000 millones y modificar nada menos que la mitad de las cuentas originales -, se consolidó en los años siguientes y ha resultado clave para dar cobertura al Gobierno en esta sucesión de tres años sin Presupuestos del Estado.

La información que mensualmente publica la Intervención General del Estado (IGAE) sobre la ejecución del presupuesto prorrogado de 2023 revela que en estos tres ejercicios el Gobierno ha modificado en más de 38.000 millones de euros el proyecto original aprobado el 23 de diciembre de 2022, de modo que en poco se parece ya al que se concibió en su momento.

El Gobierno ha estirado en 25.802 millones de euros el gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha alterado la dotación presupuestaria inicial de los ministerios en más de 38.000 millones en total. Y no lo ha hecho solo para atender los compromisos de mejora de los salarios de los funcionarios, los gastos financieros o las rentas a las que le obliga la ley, como permitía el anterior marco regulatorio para los presupuestos prorrogados, que en conjunto solo hubiera justificado un aumento del gasto de unos 6.000 millones de euros, sino para atender con total normalidad su agencia política.

Se ha elevado el gasto en defensa en cerca de un 50%, metiéndole más de 10.000 millones de euros procedentes de presupuestos de otros ministerios; se han mantenido las subvenciones al transporte terrestre más allá de lo previsto; y se ha impulsado la dotación presupuestaria de las políticas de vivienda (su ejecución es otro cantar) sin control ni aval parlamentario, por la vía de los hechos.

El rango de mandato constitucional de someter las prioridades políticas y de gasto del Gobierno al examen anual del Parlamento con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha dejado paso a, como lo definió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una función puramente instrumental. El presidente del Gobierno utilizó hace un año la necesidad de orientar recursos presupuestarios hacia la Comunidad Valenciana para paliar los efectos de la dana como acicate para tratar de arrancar el respaldo político a los Presupuestos de 2025. No funcionó y el presupuesto acabó prorrogado por segundo año, lo que no ha impedido que el Gobierno haya dotado hasta 3.00 millones de créditos para atender las ayudas a las que se comprometió.

Sentado por la fuerza de la costumbre el principio de que se puede gobernar sin presupuestos, el debate se centra ahora en la constitucionalidad de este régimen y, sobre todo, en su legitimidad. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, reconoció la semana pasada que les resulta casi imposible cumplir su función de velar por la sostenibilidad a futuro de las cuentas públicas cuando la falta de presupuestos les obliga a supervisar las cuentas sin información, prácticamente «a ciegas».