El Gobierno quiere que los trastornos mentales sean enfermedad profesional

El objetivo al que quieren llegar García y Díaz es una vieja aspiración de los sindicatos, que desde años llevan reclamando limitar los problemas de salud mental en el trabajo, testigo que ahora han tomado las ministras y que genera intranquilidad en las empresas, teniendo en cuenta que el absentismo se ha convertido en una de las bestias negras de la economía española. Las previsiones para el cierre de este ejercicio son una factura cercana a los 33.000 millones de euros con más de nueve millones de bajas laborales.

El pasado junio el Ministerio de Sanidad ya dio pistas de por dónde irían las modificaciones cuando presentó, en presencia de Díaz, el manual 'Trabajo y salud mental'. Entonces ya avisó de que plantearía «estrategias para prevenir detectar y atender los trastornos mentales derivados de las formas de empleo y trabajo». Para el departamento que dirige Mónica García cuando el trabajo «se realiza en contextos de precariedad, sobrecarga, inseguridad o violencia, se convierte en un factor generador de sufrimiento psíquico y patológico». La Organización Internacional de Trabajo (OIT) ya incluyó en 2010 en la lista de enfermedades profesionales los trastornos mentales.

En los historiales médicos es cada vez más frecuente ver diagnósticos como ansiedad, estrés, trastornos del humor o de la personalidad, cuadros clínicos recurrentes que están tirando de las incapacidades temporales y de su coste. En cinco años los trastornos mentales se han disparado cerca de un 70%. Las estadísticas reflejan que su evolución se mantuvo prácticamente estable hasta 2020, cuando estalló la emergencia sanitaria y que desde entonces su marcha no ha parado de escalar. El año del Covid se registraron 217.484 bajas por causas mentales, cifra que creció hasta los 369.530 a finales de 2023, según los datos de AMAT, la patronal de las mutuas. Procesos como el estrés o la ansiedad se han disparado un 176,6% en los últimos nueve años.

El reconocimiento de una enfermedad como contingencia laboral saldría más caro para la Seguridad Social, pero más barato para el sistema sanitario público. Los costes de las ausencias al trabajo recaerían sobre el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con las mutuas como gestoras, en lugar de sobre el Sistema Nacional de Salud, lo que aliviaría la presión presupuestaria en este caso.

La cobertura para el trabajador sí sería más beneficiosa. En este caso, la prestación económica que recibiría durante su baja se cobraría desde el primer día en una cuantía superior, del 75%, y la cobertura del 100% de los costes farmacológicos, médicos y terapéuticos. En este caso la empresa también estaría obligada a cambiar al trabajador a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud.

UGT y CC.OO. llevan años reclamando más visibilidad de los trastornos mentales en las empresas. Entre otras medidas, la central que dirige Pepe Álvarez ha reclamado protocolos contra el estrés laboral, la violencia en el trabajo y el acoso laboral. Reclama garantizar la reparación del daño a la salud mental, así como evitar que vuelva a suceder, actuando con prevención, además de actualizar el listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías derivadas de la salud mental y las enfermedades mentales vinculadas al trabajo. También han reclamado y formar y dotar de herramientas a los empleados para que puedan actuar ante situaciones que pueden afectar a su salud mental en el entorno laboral.

El cambio normativo, de prosperar, se produciría en un momento crítico para el absentismo en España. Esta misma semana el presidente del Instituto de la Empresa Familiar y presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, aseguró en el XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que «lo del absentismo nos lo tenemos que hacer mirar». Recordó que la tasa de absentismo en España duplica la del resto de países de la UE y que esto supone un lastre para la competitividad de las empresas, al que habría que prestarle más atención.

El impacto de las bajas en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego el sistema público o la mutua le paga al empresario. Así, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones.

El absentismo no da tregua y además de ser un coste añadido en un momento de sobrecarga de impuestos y cotizaciones para las empresas, es la segunda gran amenaza para la Seguridad Social, tras las pensiones. Las mutuas llevan años ofreciéndose a los gobiernos para dar altas sobre todo en enfermedades traumatológicas, en las que son expertas, que son las de mayor duración. La petición no ha sido atendida.

Denuncian las mutuas que se está produciendo una acumulación de las bajas de mayor duración, las de un año y también las de 545 días por falta de médicos y por fallos en la gestión. Una situación que, dicen, está provocando que no se cite a pacientes y que los procesos se prorroguen automáticamente hasta 18 meses. Todo ello está llevando a que se esté produciendo una demora en la resolución de los expedientes de incapacidad.

La respuesta de la Seguridad Social a todas estas peticiones ha sido negativa. El Gobierno optó hace más de un año por cerrar acuerdos con las comunidades autónomas para el control del absentismo, para que el trabajador pueda elegir si la sanidad pública mantiene el control de su baja en procesos traumatológicos o es la mutua. Hoy estos acuerdos se han demostrado un fracaso; sólo tres autonomías se han sumado a estos acuerdos: Cataluña, Asturias y Baleares, además de Ceuta y Melilla. La burocracia y el coste no ayudan para que se sumen más regiones, aseguran las fuentes consultadas por este diario.

La Seguridad Social propone como medida estrella un sistema de altas progresivas con las que se propone la reincorporación al empleo solo cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta. La fórmula se aplicará en bajas de más de 180 días derivados de determinadas patologías aún sin determinar, y tendría una duración máxima de 30 días.