El Gobierno quiere que los trastornos mentales sean enfermedad profesional
El estrés o la depresión se reconocerían como patologías originadas por el trabajo, lo que abriría la puerta a mejores prestaciones, incluso a indemnizaciones por la empresa
Sólo Cataluña, Asturias y Baleares se han sumado al plan del Gobierno para luchar contra el absentismo en un año en el que el coste del desequilibrio rozará los 33.000 millones
Las bajas de más de un año se ponen bajo lupa tras desbocarse un 300%
Las ministras de Sanidad y Trabajo, Mónica García y Yolanda Díaz, negocian una hoja de ruta para que los trastornos mentales formen parte del catálogo de enfermedades profesionales. Depresión, ansiedad, estrés o 'mobbing' serían reconocidos como una contingencia laboral, lo que abriría la ... puerta a mejores prestaciones, incluso a indemnizaciones por parte de la empresa si se demuestra que ha sido responsable de la enfermedad del empleado.
El objetivo al que quieren llegar García y Díaz es una vieja aspiración de los sindicatos, que desde años llevan reclamando limitar los problemas de salud mental en el trabajo, testigo que ahora han tomado las ministras y que genera intranquilidad en las empresas, teniendo en cuenta que el absentismo se ha convertido en una de las bestias negras de la economía española. Las previsiones para el cierre de este ejercicio son una factura cercana a los 33.000 millones de euros con más de nueve millones de bajas laborales.
Coste total del absentismo laboral
por incapacidad laboral
En millones de euros
Coste Indirecto Empresa por los bienes
y servicios que se han dejado de producir
Coste Directo Empresa
Coste Prestaciones de Seguridad Social
Coste Indirecto Empresa
de Sustitución de los trabajadores
50.000
100.000
150.000
20.646
62.264
2015
69.136
2016
77.385
2017
85.601
2018
2019
96.827
2020
91.606
106.302
2021
119.150
2022
135.187
2023
162.564
2024
2025
180.984
Previsión
65.353
Fuente: AMAT con datos del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones / ABC
Coste total del absentismo laboral por
incapacidad temporal
En millones de euros
Previsión
Coste Indirecto Empresa por los bienes
y servicios que se han dejado de producir
16.788
Coste Directo Empresa
15.015
16.011
Coste Prestaciones de Seguridad Social
Coste Indirecto Empresa
de Sustitución de los trabajadores
14.100
148.185
13.081
133.449
12.245
11.259
10.267
9.731
109.861
8.491
9.131
97.624
9.599
8.228
7.520
87.440
7.955
6.642
7.041
80.108
5.995
6.292
74.052
5.340
5.789
71.040
65.353
64.451
4.806
59.931
57.352
52.118
49.753
44.298
41.571
34.599
35.450
30.890
27.940
20.646
20.519
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: AMAT con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / ABC
El pasado junio el Ministerio de Sanidad ya dio pistas de por dónde irían las modificaciones cuando presentó, en presencia de Díaz, el manual 'Trabajo y salud mental'. Entonces ya avisó de que plantearía «estrategias para prevenir detectar y atender los trastornos mentales derivados de las formas de empleo y trabajo». Para el departamento que dirige Mónica García cuando el trabajo «se realiza en contextos de precariedad, sobrecarga, inseguridad o violencia, se convierte en un factor generador de sufrimiento psíquico y patológico». La Organización Internacional de Trabajo (OIT) ya incluyó en 2010 en la lista de enfermedades profesionales los trastornos mentales.
En los historiales médicos es cada vez más frecuente ver diagnósticos como ansiedad, estrés, trastornos del humor o de la personalidad, cuadros clínicos recurrentes que están tirando de las incapacidades temporales y de su coste. En cinco años los trastornos mentales se han disparado cerca de un 70%. Las estadísticas reflejan que su evolución se mantuvo prácticamente estable hasta 2020, cuando estalló la emergencia sanitaria y que desde entonces su marcha no ha parado de escalar. El año del Covid se registraron 217.484 bajas por causas mentales, cifra que creció hasta los 369.530 a finales de 2023, según los datos de AMAT, la patronal de las mutuas. Procesos como el estrés o la ansiedad se han disparado un 176,6% en los últimos nueve años.
Menos presión sanitaria
El reconocimiento de una enfermedad como contingencia laboral saldría más caro para la Seguridad Social, pero más barato para el sistema sanitario público. Los costes de las ausencias al trabajo recaerían sobre el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con las mutuas como gestoras, en lugar de sobre el Sistema Nacional de Salud, lo que aliviaría la presión presupuestaria en este caso.
La cobertura para el trabajador sí sería más beneficiosa. En este caso, la prestación económica que recibiría durante su baja se cobraría desde el primer día en una cuantía superior, del 75%, y la cobertura del 100% de los costes farmacológicos, médicos y terapéuticos. En este caso la empresa también estaría obligada a cambiar al trabajador a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud.
UGT y CC.OO. llevan años reclamando más visibilidad de los trastornos mentales en las empresas. Entre otras medidas, la central que dirige Pepe Álvarez ha reclamado protocolos contra el estrés laboral, la violencia en el trabajo y el acoso laboral. Reclama garantizar la reparación del daño a la salud mental, así como evitar que vuelva a suceder, actuando con prevención, además de actualizar el listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías derivadas de la salud mental y las enfermedades mentales vinculadas al trabajo. También han reclamado y formar y dotar de herramientas a los empleados para que puedan actuar ante situaciones que pueden afectar a su salud mental en el entorno laboral.
Las empresas alzan la voz
El cambio normativo, de prosperar, se produciría en un momento crítico para el absentismo en España. Esta misma semana el presidente del Instituto de la Empresa Familiar y presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, aseguró en el XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que «lo del absentismo nos lo tenemos que hacer mirar». Recordó que la tasa de absentismo en España duplica la del resto de países de la UE y que esto supone un lastre para la competitividad de las empresas, al que habría que prestarle más atención.
El impacto de las bajas en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego el sistema público o la mutua le paga al empresario. Así, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones.
El absentismo no da tregua y además de ser un coste añadido en un momento de sobrecarga de impuestos y cotizaciones para las empresas, es la segunda gran amenaza para la Seguridad Social, tras las pensiones. Las mutuas llevan años ofreciéndose a los gobiernos para dar altas sobre todo en enfermedades traumatológicas, en las que son expertas, que son las de mayor duración. La petición no ha sido atendida.
Denuncian las mutuas que se está produciendo una acumulación de las bajas de mayor duración, las de un año y también las de 545 días por falta de médicos y por fallos en la gestión. Una situación que, dicen, está provocando que no se cite a pacientes y que los procesos se prorroguen automáticamente hasta 18 meses. Todo ello está llevando a que se esté produciendo una demora en la resolución de los expedientes de incapacidad.
El fiasco de las regiones
La respuesta de la Seguridad Social a todas estas peticiones ha sido negativa. El Gobierno optó hace más de un año por cerrar acuerdos con las comunidades autónomas para el control del absentismo, para que el trabajador pueda elegir si la sanidad pública mantiene el control de su baja en procesos traumatológicos o es la mutua. Hoy estos acuerdos se han demostrado un fracaso; sólo tres autonomías se han sumado a estos acuerdos: Cataluña, Asturias y Baleares, además de Ceuta y Melilla. La burocracia y el coste no ayudan para que se sumen más regiones, aseguran las fuentes consultadas por este diario.
La Seguridad Social propone como medida estrella un sistema de altas progresivas con las que se propone la reincorporación al empleo solo cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta. La fórmula se aplicará en bajas de más de 180 días derivados de determinadas patologías aún sin determinar, y tendría una duración máxima de 30 días.
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