El Gobierno estudia más intervenciones a los alquileres de cara a la ley de vivienda

Desde el ala socialista ya reconocen movimientos en este sentido. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró la semana pasada en una entrevista con el Periódico de España que estaban analizando con sus socios de Gobierno la posibilidad de reformular el concepto de gran tenedor incluido en el anteproyecto de ley. En un principio, PSOE y Unidas Podemos acordaron que serían estos propietarios los únicos afectados por la limitación a los alquileres y los definieron como aquellas personas físicas y jurídicas con más de diez inmuebles urbanos en propiedad excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2. En la práctica, una forma de penalizar a los grandes fondos sin castigar a los pequeños propietarios. Algo que fue enmendado más tarde por Unidas Podemos que sigue buscando que la medida no efectúe distinciones en este sentido.

Sin embargo, ahora Transportes estudia abrir la veda y que se rebaje esta definición a los propietarios de entre cinco y diez inmuebles, como así confirmó el Ministerio de Transportes a este periódico. Una modificación con la que buscan aumentar considerablemente el parque de vivienda afectado por los topes de precios al alquiler y contentar de alguna forma a sus socios.

Según Transportes, al igual que otras medidas incluidas en la ley, la norma deberá ser fijada por las comunidades autónomas en aquellos barrios que puedan acreditarse como zonas tensionadas. Otro concepto que podría ser redefinido durante las negociaciones, pero que en un principio abarcaría a aquellas localizaciones donde el alquiler medio o hipoteca más gastos represente el 30% de los ingresos por hogar, además de la acreditación de que en los últimos cinco años el alquiler ha subido más de cinco puntos por encima del IPC autonómico.

Pero podría haber más novedades. Fuentes de Transportes aseguran a este periódico que hay más temas de discusión sobre la mesa «pero están siendo todavía objeto de negociación» y por el momento no concretan de cuáles se tratan.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que uno de estos puntos sería el referente a los contratos de las viviendas que entren por primera vez al mercado de alquiler en las zonas tensionadas. Unidas Podemos quiere que estos sean también marcados por un límite de precio que esté regido por el mismo índice de referencia de precios que entrará en vigor en un plazo máximo de 18 meses después de la aprobación definitiva de la norma que tope los alquileres a los grandes tenedores, aunque en este caso se traten de pequeños propietarios.

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Por el momento, el anteproyecto sigue marcando que los propietarios de menos de diez viviendas en zonas tensionadas tendrán que prorrogar los contratos a sus inquilinos de manera automática durante un año, y hasta un máximo de tres, con el mismo precio y las mismas condiciones que en el momento en el que la zona sea declarada como tal.

Una medida que la formación morada, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al mando, ya ha conseguido arrancar al PSOE dentro del decreto de medidas contra la inflación aprobado durante los últimos coletazos del año pasado. Hasta julio, los propietarios estarán obligados a prorrogar seis meses más el precio del alquiler a aquellos inquilinos a los que se les venza el contrato. Un logro que da alas a Unidas Podemos para hacer crónica la norma en la futura ley de vivienda.

Otros de las cuestiones que frenan la aprobación de la nueva ley ya han trascendido por parte del resto de implicados en la negociación, ERC y Bildu, dos partidos independentistas que, como ya ha ocurrido con otras leyes, serán la llave para que el Gobierno saque adelante la norma.

Por el momento, ambas formaciones se muestran infranqueables en las conversaciones. ERC busca que las intervenciones al alquiler que incluya la ley de vivienda se asemejen a la norma ya aprobada en Cataluña hace tres años para que quede blindada y se une a Bildu y Unidas Podemos en la exigencia de que queden prohibidos los desahucios sin alternativa habitacional.