Los límites al alquiler recogidos en la ley de vivienda apuntan a la próxima legislatura

Y en todo caso, de salir adelante la norma , la aplicación de los topes al alquiler permanecerá en la nevera hasta que el Ministerio de Transportes elabore el índice de precios de referencia, que será el que marque el valor máximo al que los grandes propietarios podrán arrendar sus bienes residenciales en áreas tensionadas. Un procedimiento para el que el Ejecutivo ha puesto una fecha tope de 18 meses, una vez salga de las Cortes. Por lo que ambos trámites podrían alargar la aplicación de estos límites, al menos, hasta 2024, con la siguiente legislatura ya empezada.

Hasta que se disponga de dicho índice, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aclaran que estos grandes tenedores -aquellos propietarios que sean empresas y tengan más de diez viviendas- tendrían que someterse a la congelación de los contratos del alquiler, una medida que está prevista solo afecte a los pequeños propietarios y que se podría aplicar desde el mismo momento en que entre en vigor la norma, toda vez que las comunidades declaren un área como tensionada.

En concreto, esta norma establece que en aquellas zonas a las que las regiones señalen como tensionadas, los propietarios no podrán subir el precio del arrendamiento a sus inquilinos. Solo se contemplan excepciones en el caso de aquellos arrendadores que hayan realizado reformas, mejoras relacionadas con la eficiencia energética en la vivienda o que firmen un nuevo contrato de diez años con los nuevos inquilinos. En estos casos podrán subir el alquiler, aunque solo un máximo de un 10% respecto al anterior contrato.

De cualquier forma, la judicialización de la norma sigue acechando al Ejecutivo de coalición. El CPGJ ya avisó a Transportes en su informe vinculante al anteproyecto de ley de vivienda, que los controles de los precios de los alquileres vulneraban las competencias de las comunidades autónomas. Un argumentario que rechazó ayer la titular de Transportes, Raquel Sánchez , al estimar que el proyecto «ya reconoce las competencias de las comunidades en materia de vivienda y su capacidad de aplicar otros instrumentos».

Sobre el proyecto de ley aprobado ayer en Consejo de Ministros, fuentes de Transportes explican que se han «clarificado» algunos aspectos «en la forma y no en el fondo», tras conocer la opinión del CPGJ. Pero se muestran muy tranquilos ante una posible judicialización de la norma «porque hemos respetado todas las competencias autonómicas» aseveran.

En todo caso, el Gobierno espera tener en vigor la ley de vivienda en el tercer trimestre, tras pedir su tramitación de urgencia eNn el Congreso.