El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público de la historia con casi 40.000 plazas

El Ejecutivo, en rueda de prensa, sí que ha desvelado ahora buena parte del desglose de las cifras de esta convocatoria para el conjunto del ejercicio. Ayer lunes 10 de julio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunió con los sindicatos y pactaron una OEP de más de 30.000 personas, también una cifra récord según las administraciones que se sumen, aunque faltaba por conocer la letra pequeña. El Gobierno no le dio los datos concretos a los sindicatos por cada cuerpo; eso provocó que el acuerdo lo firmaran UGT y CSIF pero que CC.OO. se descolgara por la falta de información.

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De la cantidad total que lanza La Moncloa, 29.818 son para la Administración General del Estado, de las cuales 19.900 son para nuevo ingreso. Para la Administración de Justicia se lanzan 1.907 plazas; para la Policía Nacional se aprueban 2.833 plazas y para la Guardia Civil, 2.875, como avanzó ABC. Además, se suman los 2.141 puestos para las Fuerzas Armadas que ya estaban aprobados desde hace dos meses.

En términos de nuevas incorporaciones y promoción interna, el equilibrio queda de la siguiente manera: del total, 27.246 puestos corresponden al turno libre, destinado a quienes quieran incorporarse a la Administración; las otras 12.328 plazas son para promoción interna.

Uno de los capítulos más relevantes de esta OEP la protagoniza la Seguridad Social, que recibirá un refuerzo de plantilla de más de 3.500 trabajadores para desatascar la atención y solucionar el caos de los últimos meses. Un total de 1.025 plazas se destinan a esta institución para gestionar el ingreso mínimo vital y otras 2.500 para entidades gestoras de la Seguridad Social de cara a reforzar la atención al ciudadano, a lo cual se comprometió el ministro del ramo, José Luis Escrivá. La situación crítica de este organismo dejó al ministro contra las cuerdas con una convocatoria de huelga que después se retiró tras los compromisos de más personal y de teletrabajo.

«Hemos acordado con el Gobierno una oferta de empleo público sin precedentes por responsabilidad ante el deterioro que han sufrido los servicios públicos en los últimos años. Nuestras administraciones estuvieron al límite en la pandemia y siguen en una situación muy delicada por falta de personal. Esto lo sufren los ciudadanos a diario cuando acuden a las oficinas a la administración a realizar un trámite o solicitar una prestación», señalan desde el sindicato CSIF. Y añaden: «Es preciso agilizar la incorporación de efectivos y ahí los sindicatos estaremos vigilantes. Nuestros servicios están muy tocados y los trabajadores necesitan un refuerzo cuanto antes».

Precisamente, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, también ha desvelado su intención de agilizar todas las convocatorias y la resolución de los procesos. Para ello, en esta OEP se establecen dos novedades: por una parte, que las convocatorias han de estar publicadas antes de que acaba el año y, por otra, que los procesos han de estar culminados en el plazo de dos años.

La ministra ha incidido en el objetivo de que la tasa de temporalidad en la Administración permanezca por debajo del 8%, como exige la Comisión Europea. Para ello, así, trata de agilizar todos los procesos de selección.

De esta OEP están pendientes miles de opositores que aspiran a lograr una plaza de funcionarios. Y el Ejecutivo la ha aprobado habiendo superado el plazo legal que estableció en la Ley de Presupuestos de 2023, donde se preveía su aprobación antes del 30 de junio, como se han encargado de recordarle los sindicatos desde hace un mes. El Gobierno tenía prisa por dar luz verde a esta oferta de empleo público, pero precisamente se ha producido a escasos días de las elecciones generales del 23J en el penúltimo Consejo de Ministros de la legislatura de Pedro Sánchez.