Trabajo prevé gastar hasta 700 millones al año en los nuevos ERTE

Con la intención de regular las fuentes de financiación para costear las bonificaciones de cotizaciones, prestaciones y cursos de formación asociados a estos planes de suspensión temporal o definitiva de empleo, los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social prevén aprobar algunas concreciones sobre el procedimiento que deben seguir las empresas para poder acogerse a este sistema de ayuda, además de articular un comité de expertos pertenecientes a la administración para supervisar los aspectos financieros, principalmente las fuentes que permitirán sufragar los costes. El Gobierno estima que estos nuevos ERTE tendrán un coste anual para las arcas públicas de hasta 700 millones de euros.

Esta medida, más allá, ha sido una de la principales banderas ondeada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por haber sido el salvavidas laboral al que se agarraron miles de empresas y cerca de 3,5 millones de trabajadores en los peores meses de la pandemia. Ahora, en esta fase posterior la medida se perpetúa con unas condiciones más estrictas para los empleadores que quieran acogerse a estos planes, y también se clarifican cuáles son los órganos reguladores públicos competentes para su concesión y supervisión, además de un Comité ex profeso para la gobernanza económica.

En el decreto que también involucra al gabinete del ministro José Luis Escrivá se permite dotar el fondo con dinero procedente del superávit existente por la recaudación de cuotas de formación que pagan las empresas (cuyo remanente acumulado calculan los sindicatos asciende a 5.000 millones de euros). Además de fondos procedentes de las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios que ingresa la Seguridad Social, las aportaciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el coste de las exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones, las aportaciones procedentes de instrumentos de financiación de la Unión Europea y, en última instancia, también se nutrirá de los rendimientos que genere el fondo. Con todo, el coste del mecanismo estará incluido el presupuesto del SEPE.

Sobre este aspecto, explica el Consejo de Estado en la memoria económica y normativa que acompaña al real decreto que el Gobierno tendría margen de maniobra con los recursos propios sin necesidad de elevar el gasto público para esta ayuda. «En un ejercicio de crecimiento económico, la diferencia entre la recaudación de las cuotas por desempleo y el gasto por prestaciones se puede situar en torno a los 3.000 millones de euros y el superávit de financiación global del SEPE en torno a los 1.200 millones de euros», señala el texto al cual ha tenido acceso ABC.

En lo relativo a los procedimientos a llevar para que las empresas puedan acogerse a los planes de suspensión de empleo, el Gobierno modifica uno de los aspectos que se reglamentaron en la aprobación primigenia del mecanismo RED sobre las fórmulas de reducción de jornada aplicables a los trabajadores en las que se limita la posibilidad de la resolución definitiva del contrato. «El contrato de trabajo podrá suspenderse cuando el cese de la actividad que venía desarrollando la persona trabajadora afecte a días completos, continuados o alternos, durante al menos una jornada ordinaria de trabajo», señala el texto.

Y se aclara que la reducción de jornada será la medida prioritaria. Aquí, advierten desde CEOE y Cepyme que la norma sometida a consulta contraviene o excede la norma legal, «vulnera el consenso alcanzado en el marco del diálogo social y ahonda en la intervención administrativa y en la imposición de cargas», e instan a habilitar la combinación de las medidas de suspensión y las de reducción de jornada.

Según recoge el texto, el Comité de Gestión del Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo demandará la creación de 11 nuevos puestos de trabajo cuyo coste salarial ascenderá algo más de medio millón de euros al año. Serán los encargados de asesorar, controlar y ordenar la gestión económica del Fondo, así como el seguimiento y análisis de su financiación. El Consejo de Estado advierte de que aún así, en este cálculo no están incluidos los gastos retributivos relativos a gratificaciones extraordinarias y otros incentivos.