El fondo para los nuevos ERTE contará con 7.000 millones de inicio y se impedirá despedir a las empresas que se acojan

Así lo comunicó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros del Gobierno, que previsiblemente es la penúltima de la legislatura, a expensas de una última la próxima semana, ya en la antesala de la votación. En este capítulo postrimero Trabajo también dio luz verde a un plan de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros para facilitar la empleabilidad de ciertos colectivos, como los jóvenes.

Esta medida de flexibilidad interna y protección temporal, que supone el desarrollo normativo del artículo 47 bis del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, consolida el carácter estructural del mecanismo, sucediendo a los expedientes de regulación temporal de empleo conocidos como ERTE. «Se ha ensayado con éxito durante la pandemia y además, particularmente, con las agencias de viaje, donde funcionó conforme a lo previsto. No hay que despedir a nadie cuando estemos en crisis», recalcaba Díaz como uno de los elementos centrales de la medida.

Cabe recordar que este mecanismo RED, como se han denominado a los ERTE de «nueva generación», ya se reguló en el contenido de la reforma laboral aprobada a finales de 2021. Y ahora se concreta su desarrollo reglamentario, en el que se contemplan los beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas, así como las acciones formativas y el compromiso del mantenimiento del empleo al que van vinculadas dichas exenciones en la cotización.

Asimismo, queda estipulado en esta normativa que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad laboral competente para pronunciarse sobre los requisitos alegados para solicitar esta ayuda y desarrolla el procedimiento por el cual se puede solicitar esta ayuda garantizando la participación de los interlocutores sociales. Además, se establece el fondo que garantizará la financiación adecuada para la protección social de las personas trabajadoras acogidas al mecanismo y las exoneraciones a las empresas.

Uno de los elementos en los que ahondó la vicepresidenta del Gobierno es en el compromiso obligado de mantenimiento del empleo que se prevé en la norma para las empresas que se acojan a este mecanismo de suspensión temporal de empleo y se beneficien de las exenciones de cotizaciones. «Las exenciones en la cotización a las que se refiere el artículo 19 estarán condicionadas al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas por las medidas de reducción de jornada o de suspensión de contratos durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del mecanismo RED autorizado«, señala el real decreto ley al cual tuvo acceso ABC en exclusiva.

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación con la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas de recaudación de la Seguridad Social, previa comprobación del incumplimiento de este compromiso y la determinación de los importes a reintegrar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Si bien, la norma especifica que no se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Tampoco se considerará incumplido por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

«En particular, en el caso de contratos temporales, no se entenderá incumplido este requisito cuando el contrato se haya formalizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación», aclara la ley.

«Hay dos maneras de gestionar las crisis, la primera mandando un mensaje de que en tiempos de crisis no hay que despedir a nadie», señalaba Díaz en el prólogo de su intervención «en contra de la propuesta de la derecha de aprobar la mochila austriaca». Explicaba Díaz que se trata de un fondo colectivo «que salva a empresas y trabajadores cuando lo necesitan, si tienen crisis cíclicas o permanentes», mientras «la derecha dice el sálvese quien pueda haciendo que los trabajadores sufraguen el despido del que sean víctimas». «Este no es nuestro modelo», sentenciaba la titular de Trabajo.