Las fortunas de siete CC.AA. gobernadas por el PSOE seguirán pagando más impuestos que las de Madrid pese al gravamen

Según un caso práctico presentado este jueves en Cádiz por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), en el marco de sus Jornadas Anuales, un contribuyente madrileño o andaluz que declare un patrimonio a partir de 40 millones de euros en su declaración fiscal seguirá pagando menos impuestos de los que pagaría en al menos siete comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista pese a la entrada en vigor del nuevo gravamen, uno de cuyos objetivos es equiparar la tributación patrimonial en todo el territorio.

En concreto, y siempre según este ejercicio, para un patrimonio de 40 millones de euros, la factura fiscal de un contribuyente madrileño o andaluz se situará en 1.153.364,07 euros frente a los 1.184.810,43 que pagaría de residir en Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja o Castilla y León, los 1.237.201,57 que pagaría de vivir en la Comunidad Valenciana o los 1.355.655,60 que tendría que abonar de tener fijada su residencia en Extremadura, como consecuencia de la diferente configuración de la base imponible del impuesto autonómico y principalmente por las menores cuantías exentas de tributación en estas autonomías. Es decir, que la ventaja fiscal que mantendrían los contribuyentes andaluces y madrileños en este tramo iría de los 30.000 euros anuales a los 200.000 euros.

Nada que ver, lógicamente, con el millón de euros largo que se ahorrarían en impuestos de no existir la figura creada por el Gobierno, que ha sido abiertamente criticada por el Registro de Asesores Fiscales. Y no tanto por sus consecuencias sobre los contribuyentes como por el modo en que el Gobierno ha decidido crear esta nueva figura tributaria, a partir de una enmienda a una proposición de ley, la de creación de los nuevos gravámenes a la banca y la energía, que tampoco ha pasado los preceptivos controles constitucionales que se prevén para la creación de nuevos impuestos. "Trampas" y "atajos administrativos", según los ha definido el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, activados con el único objetivo de atacar las medidas adoptadas por las comunidades autónomas que no le gustan al Gobierno.

"Nos inquietan los actos administrativos que buscan eludir las vías formales", ha argumentado el presidente de los economistas. "En un estado de corte federal como España lo que hay que hacer con los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas es encauzarlos. Nos sorprende la incapacidad que hay de crear un sistema de financiación autonómica que resuelva estos problemas. Lo que no se puede hacer es trampas".

Como publicó ABC, el nuevo gravamen a los ricos que Hacienda ideó para hacer pagar impuestos a los ricos madrileños y andaluces trascenderá ese objetivo y elevará de paso la carga fiscal del resto de comunidades autónomas que en su momento decidieron rebajar el tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio en su territorio por debajo del estatal.

Entre los grandes contribuyentes que tendrán que aumentar su contribución fiscal debido a la operativa del nuevo gravamen gubernamental figuran los residentes en Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria y Murcia. No les afectará a todos con él.

En el caso de los grandes patrimonios residentes en Galicia, que disfrutan a día de hoy de una bonificación del 25% sobre la cuota resultante del impuesto, la operativa del nuevo gravamen les obligará a pagar un extra a partir de un nivel de patrimonio declarado en torno a los 15 millones de euros, mientras que en el resto de casos esa situación no se producirá salvo para los muy grandes patrimonios, por encima en todo caso de ese umbral.

Según la estimación realizada por el Reaf para patrimonios de 40 millones de euros la factura extra a pagar sería cercana a los 500.000 euros para los contribuyentes gallegos; de cerca de 170.000 euros para los catalanes; de más de 80.000 euros para los asturianos; de cerca de 75.000 euros para los residentes en Murcia; y de algo más de 64.000 euros para los cántabros.