El Gobierno amplía la acción del impuesto a los ricos a cientos de grandes fortunas catalanas y de otras cuatro autonomías

Fuentes de varios despachos especializados en grandes patrimonios advierten de que el tipo máximo del 3,5% establecido para los patrimonios declarados por encima de los 10.695.996 euros excede el tipo máximo de Patrimonio regulado en cinco comunidades autónomas de régimen común y en todas las Hacienda Forales y que esta circunstancia obligará a cientos de grandes fortunas no establecidas ni en Madrid ni en Andalucía a pagar un extra por su patrimonio a partir del año que viene, si finalmente prospera en los términos en que se ha planteado la enmienda introducida por los partidos del Gobierno el pasado jueves a su propia proposición de ley.

La enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos a su propia iniciativa legal deja claro que el futuro Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas «se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto y Convenio» y que «el impuesto no podrá ser objeto de cesión a las comunidades autónomas».

En contra de lo que se deslizó inicialmente desde el Ministerio de Hacienda, que aseguraba que el radio de acción del gravamen se restringiría básicamente a los 10.000 grandes contribuyentes de Madrid y Andalucía que en ausencia del mismo se librarían de pagar impuestos por su patrimonio, la configuración plasmada en la enmienda amplía su radio de acción a buena parte de los 1.500 grandes patrimonios que según las estadísticas oficiales declaran cada año más de diez millones de euros en bienes y derechos y no disfrutan de esa exención.

En concreto, el futuro gravamen elevará ya desde este año –aunque el impuesto no se abonará hasta abril o mayo del año que viene– las cargas fiscales a las grandes fortunas que residan en comunidades autónomas que tengan un tipo marginal máximo inferior al 3,5% establecido por el Gobierno. En ese caso están Asturias (3%), Baleares (3,45%), Cantabria (3,03%), Murcia (3%), Galicia (2,5%) y Cataluña (2,75%), la más afectada por la medida por tener el mayor volumen de contribuyentes que declaran Patrimonio entre estas comunidades autónomas.

Lo hará en todo caso de forma limitada y sin duda mucho más suave al golpe que recibirán los contribuyentes andaluces y madrileños que pasarán de no pagar nada a tener que abonar una cuota media que según su rango patrimonial oscilará entre los 100.000 euros (para patrimonios entre 10 y 25 millones de euros) y los 2,5 millones (para los que declaran más de 100 millones), principalmente porque el nuevo gravamen prevé la deducción de las cuotas ya satisfechas en el Impuesto de Patrimonio, para evitar la doble imposición, y porque también reconoce el límite máximo de carga fiscal del 60% de la renta anual para todo lo que se pague por IRPF, Patrimonio y el nuevo gravamen de solidaridad.

De telón de fondo, la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda esté preparando el terreno para un futuro 'impuesto a los ricos' que supere el actual Impuesto de Patrimonio y se centre en gravar a las 15.000 o 20.000 mayores fortunas del país y no a los cerca de 200.000 contribuyentes a los que alcanza a día de hoy. Una sensación a la que contribuye que el Gobierno haya previsto una cláusula de evaluación del gravamen a finales de 2023.

Otro foco de conflicto viene de las Hacienda Forales. La redacción del gravamen deja claro que se tiene que aplicar en toda España, aunque también dispone que su aplicación en País Vasco y Navarra deberá negociarse de forma bilateral. En esa negociación hay dos asuntos clave.

El primero es quién se queda con la recaudación del gravamen; el segundo, si se exigirá o no su homogeneización con el tipo máximo del 3,5%. A día de hoy, el marginal máximo que los grandes patrimonios pagan en Álava y Guipúzcoa es del 2,5%; en Vizcaya y Navarra es del 2%. La armonización obligaría a las Haciendas Forales a subir los impuestos a sus grandes fortunas.