Andalucía alerta de una fuga de contribuyentes hacia Portugal por el gravamen a los ricos del Gobierno

La maniobra del Gobierno ha arramblado con la estrategia fiscal de Andalucía. El alto cargo de la Junta ha asegurado que desde hace tiempo veían que los impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio suponían un problema para fijar a determinados contribuyentes en el territorio. «Es un impuesto que no existe en otros países y los extranjeros no lo entienden», ha asegurado el secretario general de Hacienda de Andalucía.

La intención de Andalucía era fijar esas rentas en el territorio. Entienden que los precedentes avalaban la estrategia. En la Junta está convencidos de que la estrategia de rebajas fiscales que han venido desarrollando desde 2018, y que han reducido la carga fiscal de todos los impuestos cedidos por el Estado, está detrás del incremento de 400.000 contribuyentes en IRPF que aseguran haber tenido desde entonces. Con la decisión de bonificar al 100% el Impuesto de Patrimonio, la Junta entendía que podría «conseguir la residencia fiscal de muchos no residentes que viven en Andalucía», en palabras del secretario general. La maniobra fiscal del Gobierno para exigir esos impuestos para el Estado ha arruinado esa estrategia.

El plan fiscal de Andalucía pasa por minimizar e incluso anular las cargas fiscales en Patrimonio (en torno a 100 millones de euros al año) y Sucesiones y Donaciones (antes de la reforma de la Junta aportaba 350 millones, ahora aporta unos 240 millones), lo cual entienden poco relevante sobre un presupuesto total de 40.000 millones, y atraer así nuevos contribuyentes de Impuesto sobre la Renta, una figura por la que las arcas andaluzas ingresan unos 7.000 millones de euros anuales. «La filosofía era que lo importante era alimentar la recaudación de IRPF», ha confesado.

Como el Gobierno se ha encargado de poner de manifiesto con la creación del nuevo gravamen de solidaridad a las grandes fortunas, este plan no gusta en La Moncloa, sea porque se basa en rebajas de impuestos bien porque pueda agravar esa situación de 'dumping fiscal' que en su opinión perjudica a otras comunidades autónomas.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, se ha mostrado este jueves muy crítico con la forma de proceder del Gobierno y ha cuestionado el hecho de que esté utilizando «atajos administrativos» y «trampas» para resolver una controversia que, en su opinión, se debería abordar a través de una reforma del sistema de financiación autonómica.

«Vemos con mucha inquietud que en un país de corte federal como es España, los conflictos entre el Gobierno Central y las autonomías, se resuelvan actuando cuando algo que hace una autonomía no gusta, cuando lo que hay que hacer es encauzarlos», ha asegurado. «Nos sorprende la incapacidad que hay para hacer un proyecto de financiación autonómica que permita ordenar todos estos conflictos. Lo que no podemos hacer es trampas».