Qué deuda tiene Cataluña y qué porcentaje le perdona el Estado

En su conjunto, y con datos ya cerrados correspondientes a 2022, la Generalitat de Cataluña acumula una pasivo de 84.518 millones (el grueso con el FLA, pero también con entidades financieras), lo que representa una ratio de endeudamiento sobre su PIB del 33,4%, situándose en la franja alta sobre el conjunto de autonomías, al mismo nivel que Murcia (32,2%) y Castilla-La Mancha (33,4%), pero por debajo de la Comunidad Valenciana, la más endeudada en relación a su riqueza (44,4%). En la franja baja, Madrid (13,5%), las dos comunidades forales fuera del régimen común, Navarra (14,1%) y País Vasco (13,7%), así como Canarias (13,9%).

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David Sánchez de Castro

Los socialistas han firmado una serie de concesiones a favor de Cataluña, como la amnistía, los trenes de Cercanías o la deuda

La decisión anunciada este jueves con respecto a la condonación de 15.000 millones de deuda catalana no solo implica dar un notable bocado al conjunto, sino también supondrá un ahorro de unos 1.300 millones en concepto de intereses por la parte que finalmente no habrá que retornar.

Según se precisa en el documento, el objeto del acuerdo es «sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda», en un procedimiento no obstante que no será exclusivo para la Generalitat y que se extenderá al conjunto de comunidades del régimen común, aunque con una fórmula sin definir. Según el documento firmado, ello permitirá «la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica (...) originada por el impacto negativo del ciclo económico», sin mayores concreciones y sin explicar qué mecanismo se ha establecido para llegar a ese 20% de deuda del FLA condonada que ahora se concede al Govern.

A modo de carrrusel, los presidentes autonómicos del PP salieron a criticar el acuerdo. Juanma Moreno, por ejemplo, reclamó 17.800 millones para Andalucía calculados en base a su población. Su comunidad «está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas», apuntó.

El acuerdo con ERC contempla otros compromisos de financiación por lo que, se apunta, son competencias de «gestión singular», garantizando por ejemplo los recursos para el aumento de la plantilla de los Mossos acordada en 2021, la valoración de los futuros traspasos de nuevos órganos judiciales así como del personal de Prisiones.

El acuerdo también incluye la consolidación del nuevo «sistema de encomiendas» ya pactado en los Presupuestos Generales de 2023, y que consiste básicamente en que las nuevas inversiones en Cataluña que no se consideren «críticas» serán financiadas por el Estado pero se ejecutarán por parte de la Generalitat. El mecanismo discurre en paralelo al «compromiso» estatal de invertir en Cataluña en proporción a su aportación al PIB nacional, una forma de meter de rondón una de las disposiciones del Estatut que la sentencia del Tribunal Constitucional no consideró obligatorias.

La otra gran «carpeta» del acuerdo alude a Cercanías, completándose un traspaso «integral» que incluye -como reclama la Generalitat desde que en 2011 asumió la gestión del servicio- trenes, vías y personal, algo esto último que los sindicatos rechazan. Así, va a crearse una nueva empresa pública con el nombre de Rodalies Cataluña participada por el Gobierno y la Generalitat de forma paritaria, si bien el Govern nombrará al presidente, con voto de calidad.

Por contra, aquellos acuerdos que se consideren «estratégicos» deberán adoptarse con una mayoría cualificada. Fuentes de ERC consultadas por este diario asumen que el de Cercanías es un traspaso con riesgos, ya que estiman que no será hasta dentro de varios años que se notará el impacto de las nuevas inversiones en una infraestructura ahora al límite.