España se mantiene como el país con más laudos impagados del mundo junto con Venezuela

La mayoría de los casos de España responden a las denuncias de numerosos grupos extranjeros que invirtieron en nuestro país en instalaciones renovables porque en 2014 el gobierno de Rajoy recortó drásticamente la 'rentabilidad razonable' prometida.

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La lista de países que han incurrido en escenarios de morosidad se limita a un total de 14 naciones. En lo referido específicamente al Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el número de casos abiertos contra nuestro país es el más alto del mundo (51), muy por delante de Italia (14) y Rumanía (8), donde el grueso de los laudos sí han quedado resueltos.

Por otro lado, España es el tercer país con más obligaciones ligadas a estas indemnizaciones (1.200 millones de euros), siendo Rusia (55.000 millones) y Venezuela (6.500 millones) el primer y segundo deudor del ranking.

Lavranos ha declarado a ABC que «numerosos gobiernos europeos han perdido este tipo de arbitrajes y, en el marco de sus obligaciones de derecho internacional, han asumido el pago de los mismos y han pasado página. Lo que está haciendo el gobierno español es inaudito en un país desarrollado en el que se supone que hay seguridad jurídica e imperio de la ley. Con este tipo de comportamiento se está poniendo en riesgo la capacidad de España de atraer capital en el ámbito de las energías renovables y se está enviando un mensaje muy peligroso a la comunidad inversora internacional. Además, estas sentencias no van a desaparecer y, de hecho, ya están generando problemas adicionales, como su encarecimiento por los intereses de demora y las condenas en costas o la aprobación de embargos de bienes de España en el extranjero como medida compensatoria que pretende resarcir a las empresas afectadas».

El número total de arbitrajes internacionales celebrados a nivel global ha alcanzado ya los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado a su conclusión (el 70%), mientras que otros 343 expedientes siguen su curso. Se desconoce el estado de otros 24 procedimientos (el 3%).

De entre los 890 casos para los que ya se ha emitido un lado, un 37% se han saldado a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% han concluido en un victoria de los inversores denunciantes. El 19% de los expedientes se zanjaron con un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados y un 3% de los procesos concluyó en tablas, es decir, con una decisión neutral para ambas partes.

Hasta la fecha, un total de 132 países han sido denunciados al menos una vez a través de este tipo de procedimientos. Por lo tanto, los arbitrajes pueden considerarse un elemento plenamente normalizado en las relaciones económicas internacionales. En total, solamente 60 de los 890 procedimientos que han culminado con un laudo definitivo están en situación de impago (es decir, el 6,7%), con España y Venezuela a la cabeza.

Los países miembros de la UE han asumido el pago de numerosas indemnizaciones similares a las que se le reclaman a España. Polonia zanjó el expediente Achmea desembolsando 3.7000 millones de euros, Alemania pagó 1.400 millones de euros para saldar el caso Vattenfall, Rumanía desembolsó el grueso del laudo de 230 millones asociado al caso Micula, Hungría ha zanjado por completo las deudas de los laudos de Sodexo y Edenred, etc.

Si analizamos el país de procedencia de las empresas que han iniciado procedimientos de arbitraje internacional en los últimos diez años, encontramos a España en cuarto lugar. En total, las compañías de nuestro país han lanzado 48 denuncias de estas características, por delante de Alemania (46) o Francia (36) y por detrás de Estados Unidos (86), Países Bajos (77) y Gran Bretaña (59). Esta circunstancia nos recuerda que las empresas de nuestro país se benefician del cumplimiento de estos laudos por parte de los gobiernos de otras naciones.

En el caso de España, hay 25 casos para los que aún no se ha emitido un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares el monto final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.

Las compañías que han sufrido estos impagos por parte del gobierno español han iniciado litigios en distintos países, invocando el cumplimiento del TCE y registrando los laudos que ya son definitivos ante los tribunales de Reino Unido, Australia, Estados Unidos... La justicia británica ha autorizado el embargo cautelar del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (cerca de 900 millones de euros), así como de la sede londinense del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria del Estado español o una económica de promoción económica del gobierno de Cataluña. En Australia, la Corte Suprema ha emitido una demoledora sentencia que abre la puerta a procedimientos similares.

En este sentido, se esperan novedades a lo largo de 2024 que pueden afectar a bienes como la filial de Navantia en el país oceánico. En cuanto al frente norteamericano, los tribunales siguen estudiando los distintos casos abiertos en la Corte del Distrito de Columbia. En paralelo, el gobierno estadounidense ha emitido un informe alertando de los riesgos que enfrentan las inversiones energéticas en España, mientras que la Cámara de Comercio se ha personado ante la Justicia del país para respaldar las demandas de las compañías afectadas y alertar de las devastadoras consecuencias que tienen los impagos para la seguridad jurídica de las inversiones internacionales.

Asimismo, se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española valorados en 1.000 millones de euros y se ha activado la cláusula que permite declarar un escenario de default técnico en caso de que el país emisor incurra en escenarios de incumplimiento y morosidad de sus obligaciones de pago. Esta maniobra ha encarecido más de un 15% los costes de financiación del Tesoro, según las primeras estimaciones elaboradas por las empresas involucradas en la operación.

A lo largo del último año, la Unión Europea y sus países miembros han anunciado que tienen previsto abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. Sin embargo, la cláusula de salida de dicho acuerdo mantiene su vigencia durante un periodo de veinte años. Por lo tanto, todas las inversiones materializadas con el TCE en vigor y todas las que se realicen en las dos décadas posteriores a la salida del acuerdo siguen siendo vinculantes.

El TCE es un acuerdo multilateral de inversión que ofrece seguridad jurídica a los inversores que operan en el sector energético. Sus reglas aplican de forma general a todas las tecnologías de generación y producción de energía, sin diferenciar entre ellas, puesto que se trata de un tratado volcado en ofrecer estabilidad regulatoria, normativa y fiscal, así como salvaguardias legales ante posibles abusos o tratos discriminatorios. Habida cuenta del interés de Occidente por materializar los objetivos climáticos del Acuerdo de París a través de ambiciosos programas de descarbonización energética, la decisión de la UE de abandonar el TCE puede reducir notablemente la captación de inversión dedicada a financiar estas inversiones verdes.

De los 109 casos que se han canalizado a través de procedimientos de arbitraje con el TCE como paraguas, 74 tienen que ver con inversiones renovables, 17 con aspectos referidos al sistema eléctrico, 12 se ocupan de explotaciones de petróleo o gas y 6 tienen que ver con la minería. Por lo tanto, es un mito que el TCE blinde las inversiones asociadas al despliegue de combustibles fósiles y, de hecho, su principal utilidad hasta la fecha ha sido la de ofrecer certidumbre en el campo de las energías renovables. España copa 51 de los 109 casos abiertos al calor del TCE (el 47% del total).