«Sánchez alardea de agenda verde y no paga los arbitrajes por el drástico recorte a las renovables», critica el fondo Blasket

Este proceso está ligado al caso Infrared –ahora en manos del fondo norteamericano Blasket Renewable Investments–, que ganó a España un arbitraje en el Ciadi (del Banco Mundial). Dicho litigio arrancó en 2014 y llegó a su fin en agosto de 2019, cuando se publicó un laudo que quedó confirmado en marzo de 2021.

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La denuncia reclamaba una compensación de 75,7 millones de euros, que quedaron reducidos a 28,2 millones de euros una vez se conoció la sentencia final por su inversión en dos plantas fotovoltaicas en Badajoz y Sevilla. Debido a los intereses de demora y las condenas en costas, las obligaciones asociadas a este caso se han incrementado en 9,3 millones por los intereses de demora y las condenas en costas.

Curiosamente, The Renewables Infrastructure Group, sociedad de inversión cotizada gestionada por Infrared, invirtió en marzo del año pasado 117 millones para convertirse en socio minoritario (49%) de Valdesolar, el mayor activo solar de Repsol en España, ubicado en Valdecaballeros (Badajoz).

«Sánchez presume en Europa y ahora en la COP28 de su agenda verde saltándose la obligación de indemnizar a numerosas empresas que invirtieron en renovables en España», critican desde Blasket. También destacan que el Ejecutivo «está tirando el dinero de todos los españoles en abogados, costas, intereses de demora, etc..., que suman ya 250 millones de euros». El citado portavoz del fondo norteamericano apunta que los 1.200 millones de euros que suman hasta hoy los distintos laudos impagados «son cifras manejables y asumibles por el Gobierno» frente a los 10.000 millones que reclamaban en principio todos los inversores denunciantes.

Asimismo, llama la atención de Blasket «la rotunda negativa a abonar los laudos cuando fue otro gobierno, el de Mariano Rajoy, el responsable de los recortes a la rentabilidad prevista de las renovables».

Por último, advierten de que esta deuda es «una bola de nieve» porque hay más embargos solicitados por los afectados e incluso hay varios arbitrajes pendientes de resolución en los que se solicitan indemnizaciones que superan los 1.000 millones de euros.

Cabe recordar que el proceso de embargo de bienes en relación con el caso Infrared empezó el pasado mes de abril, con el embargo cautelar de dos inmuebles: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la del organismo de promoción económica de Cataluña, Acció.

En paralelo, los afectados por los impagos del gobierno de España activaron un proceso conocido como TPDO ('Third Party Debt Order') mediante el cual reclamaron que se intervengan cuatro cuentas de banco ligadas a la operativa del Instituto Cervantes en Gran Bretaña. La decisión judicial fue adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales en sentencia emitida el 9 de noviembre.

A lo largo de los últimos años se han publicado 25 sentencias en distintos organismos de arbitraje internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a estas compañías por unos 1.200 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros «ligados al empeño del Ejecutivo en seguir dilatando estos procesos e incumpliendo los acuerdos», según Blasket.

«Pese a haber dotado de legitimidad todos los arbitrajes y estar legalmente vinculado a reconocer su resultado, el Ejecutivo se niega a realizar estos pagos, con el consecuente daño a la seguridad jurídica», según el mencionado portavoz.

Ante los impagos del gobierno de España, las empresas afectadas han tomado medidas legales para registrar estos laudos ante los tribunales de terceros países como Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos.

Así, en el Reino Unido se ha autorizado el embargo cautelar de la sede del propio Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Asimismo, han dado su visto bueno al embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones.

La Corte Suprema de Australia podría autorizar en breve el embargo de activos del Estado español en aquel país y en EE.UU. la Cámara de Comercio se personó en los tribunales para reclamar los impagos.