Escrivá permitirá destinar los ahorros del fondo público de pensiones a inversiones de riesgo

Aunque este aspecto de las inversiones a las que se podrán dirigir los ahorros del fondo público quedó más o menos ajustado en la nueva ley, en la que se prevé que principalmente se dirija hacia proyectos de impacto social y medioambiental, el Ejecutivo esta concretando en estos momento el reglamento general que regirá el funcionamiento de estos nuevos fondos y prevé ensanchar el radio de acción de las entidades a la hora de buscar opciones de inversión.

La subdirectora de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Francisca Gómez-Jover, explicaba recientemente en un foro celebrado por KPMG que, como es conocido, se introducirán objetivos de carácter más específico de los existentes en la normativa actual. «Los activos de los fondos de pensiones serán invertidos exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social y medioambiental de las inversiones», explica la norma.

Sin embargo, el plan del Gobierno apunta ahora más alto. Conscientes de que la rentabilidad que puedan aportar estos productos a los inversores sean menos generosas y lejos de las que ofrecen los productos de ahorro colectivos ya gestionados desde el sector privado, se abrirá la puerta a la inversión de los ahorros en productos con un cierto riesgo que, no en vano, son la fuente principal de rentabilidad en el medio y largo plazo de la gran mayoría de fondos de inversión, y también de fondos de pensiones que dan entrada al capital riesgo.

Y precisamente, estos fondos de capital riesgo están en el punto de mira del ministerio dirigido por José Luis Escrivá. El Ejecutivo se encuentra en estos en fase de culminación del nuevo instrumento de ahorro que espera nutrirse de las aportaciones de millones de trabajadores de nuestro país y entre los detalles a abordar en el reglamento final estará el dar entrada a este tipos de fondos que dirijan financiación hacia la «economía real».

Desde el gabinete técnico de la Seguridad Social apuntan que se trata de canalizar parte de los ahorros que pueda captar el fondo hacia lo que se denomina «economía real». «Es el momento de flexibilizar las inversiones alternativas de impacto 'venture capital' (capital riesgo)», como «la financiación de 'startups' a través de los fondos de pensiones», apuntan.

Por su parte, la Dirección General de Seguros especifica que esta posibilidad quedará plasmada en el reglamento definitivo que se está desarrollando en este momento y que será «a través de la modificación de determinados activos para dar cabida a los fondos de capital riesgo europeos».

Según apunta a este medio José Carlos López Moraleja, CAIA, y economista especialista en mercados financieros, la operación se podría llevar a cabo sin realizar un cambio normativo profundo «sino a través de vehículos que vayan hacia la inversión alternativa». Y recuerda que ya hay fondos como el danés o el holandés que ya operan con estas opciones.

Estos fondos de capital riesgo, regulados por Ley 22/2014, de 12 de noviembre, son los que normalmente aportan capital a empresas en fase inicial o de desarrollo en etapas tempranas. «Eligen, en general, empresas tecnológicas e innovadoras que representan un alto riesgo, pero que prometen enormes retornos a quien acierte con la clave del éxito», explica el abogado en Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.

«Al parecer en España la oferta de 'startups' sigue creciendo en número y madurez, la demanda de los fondos locales privados cuentan con recursos para invertir y los internacionales muestran cada vez más interés en las 'startups' españolas», apunta Méndez Baiges señalando que en una proporción razonable de su cartera «y sin perjuicio de la debida diversificación, podrían ser también una inversión alternativa más para los fondos de pensiones, por lo que no sería de extrañar que el regulador esté considerando facilitar o potenciar esta posibilidad».

En este punto, deslizan desde la Seguridad Social que si bien no se ha producido una comunicación oficial, la CNMV habría ya trasladado al Ejecutivo el plácet a este permiso de perfil de riesgo al considerar que se alinea con la actividad ordinaria actual de los fondos de inversión.

También las fuentes jurídicas consultadas por ABC coinciden en este punto. «Legalmente las limitaciones a las inversiones de estos fondos son las mismas que tienen los ahora existentes. No cambian por el hecho de ser de promoción pública», aclaran.

Más allá, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha ocultado en ningún momento su intención de convertir el fondo público de pensiones en una herramienta más para financiar las grandes prioridades de inversión del país. En uno de los informes que intercambió con la Comisión Europea en el proceso de negociación de los hitos y reformas a incluir en el Plan español de Recuperación el departamento que dirige José Luis Escrivá trasladó a la Comisión su ambición de convertir el macrofondo público de pensiones «en una fuente fundamental de financiación privada para la transición energética y digital», los dos grandes ejes de actuación definidos en el Plan de Recuperación.

El ambicioso planteamiento de Seguridad Social se apoya en unas proyecciones que hace un par de años descontaban que la puesta en marcha de los fondos públicos de pensiones permitirían incrementar el ahorro acumulado en planes de pensiones de empleo desde el 3% del PIB en el que se mueven en la actualidad hasta un 9% del PIB a la altura de 2030, lo que pondría a disposición de la comisión encargada de orientar las inversiones de los fondos -que la norma diseñada por el Ministerio deja bajo control altos cargos del Gobierno- una potencia de fuego total por encima de los 100.000 millones de euros.