La fallida política de vivienda de Baleares se topa con una medida 'irreal'

«La población de Baleares ha crecido un 44% en los últimos 20 años, pero lo que se ha hecho en materia de urbanismo en los últimos años se resume en limitar y reducir», expone Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), preocupado porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el archipiélago crecerá en 300.000 habitantes más hasta 2037 -ahora tiene 1,2 millones-, «y tampoco hay una previsión para ellos».

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Mayte Amorós

PSOE y Podemos pactan un acuerdo de mínimos para impulsar una ley que restrinja este derecho con el apoyo del Gobierno central y la UE, que ya han dado su negativa anteriormente

El Ejecutivo formado por PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més ha sido errático en su política de vivienda. Con una construcción de VPO insuficiente, su pionera medida de expropiación a grandes propietarios que apenas liberó 16 viviendas y sin un control real al prolífico alquiler turístico (más rentable que el alquiler residencial), el tripartito sigue dando vueltas y plantea ahora una propuesta tan radical como utópica, proponiendo la limitación de la compra de vivienda a no residentes, a sabiendas de que no tiene encaje legal en Europa.

Este acuerdo de mínimos al que PSOE y Podemos han llegado esta semana consiste en «impulsar coordinadamente con el Gobierno del Estado y las instituciones de la Unión Europea una ley que contemple las medidas necesarias que permitan restringir la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes con el fin de evitar la especulación actual en torno a la vivienda». Una medida que afectaría no solo a extranjeros sino a peninsulares españoles que se verían privados de comprarse una casa en las islas.

Los expertos han puesto el grito en el cielo y aseguran que la limitación de la compra de vivienda a no residentes planteada en Baleares no tiene viabilidad jurídica ni justificación económica. «No hay evidencias sólidas que prueben que se reducirían los precios», apunta muy crítico el ex director general de Vivienda de Armengol hasta 2022, Eduardo Robsy, que pone como ejemplo contrastable el de Nueva Zelanda, donde cuatro años después de decretar una limitación a la compra de extranjeros, en agosto de 2018, mantiene una subida imparable de precios.

Además, «la residencia no puede utilizarse como criterio para discriminar», recuerda, ya que la Constitución consagra la libre fijación de residencia por parte de los españoles, establece el principio de igualdad e indica que los extranjeros son titulares de las mismas libertades que los españoles, en los términos previstos en los tratados y las leyes.

Desde hace varios trimestres, los precios inmobiliarios en las islas ya rebasan los máximos que se alcanzaron antes de la gran crisis financiera. El desequilibrio entre demanda y oferta está produciendo una tensión alcista de los precios. «Por tanto, no hace falta culpar de ello a la especulación ni a los lobbies inmobiliarios», sostiene este experto analista, que cree que la limitación no solo no bajaría los precios de las casas, sino que podría fomentar un aumento de los precios de alquiler.

Para Robsy, el alto precio de la vivienda en las islas es un problema estructural que deriva principalmente de su modelo económico. Un sector servicios, impulsado principalmente por la industria turística, que requiere de mucho personal no necesariamente especializado y que ha provocado un aumento «espectacular» de población, que ha crecido en más de un 50% desde el año 2000, y que se prevé que crezca un 25% durante los próximos 15 años.

«Si esto se une a un territorio limitado -se trata de islas- en el que el suelo ya es, de partida, un factor escaso, y se hace una apuesta, en mi opinión acertada, por una mayor protección medioambiental, el resultado es una demanda de vivienda desequilibrada respecto a la oferta, que no puede crecer al mismo ritmo», ahonda.

No hay que olvidar otros fenómenos como son la demanda de vivienda que se destina al alquiler turístico, la compra de segundas viviendas y la estacionalidad de la economía, que en verano recibe muchísimos más visitantes y también trabajadores, ambos con necesidad de alojamiento. Por eso, el analista mallorquín cree que la complejidad del problema de acceso a la vivienda no puede solucionarse con una única propuesta.

«Culpar al que viene de fuera, que no quita votos y difícilmente se puede defender, no va a generar los espacios que necesita la población de Baleares», añade Hans Lenz, perplejo por que los socialistas hayan dejado la cartera de Territorio y Vivienda en manos de los «ecosoberanistas y comunistas».

El presidente de ABINI se queja del guirigay normativo generado por el tripartito, con la implantación de 16 nuevas leyes y cambios urbanísticos que conllevan limitaciones y prohibiciones «utilizando el medio ambiente como el santo grial de su argumentación».

«Se está engañando a la población y no se está trabajando con medidas eficaces que el sector está pidiendo desde hace 10 años», clama el presidente de ABINI, que asegura que con esta política restrictiva se han eliminado del mapa 20.000 viviendas que eran «vitales» para paliar la escasez. Unas viviendas que no eran de lujo sino para el residente, «que es a quien se está perjudicando con esta política».

Baleares, cuya economía depende un 25% del sector inmobiliario y un 40%, del turismo, «no se va a sostener con el resto», recalca Lenz, que alerta de que romper el mercado inmobiliario afectaría a 100.000 empleos.

Los servicios inmobiliarios junto con la construcción son los dos sectores más importantes de la economía balear y juntos, superan un 20%. Por tanto, el impacto sobre el mercado laboral, en cuanto a contratación directa, indirecta e inducida, podría precipitar una «crisis económica súbita», alerta Robsy.

No solo eso, el Gobierno balear también dejaría de ingresar 800 millones de euros en impuestos de transmisiones que recauda de los impuestos de las compraventas, un 70% del total de sus ingresos. «Porque, mira por dónde, la primera inmobiliaria de Baleares es el Govern balear», dice con sorna el presidente de ABINI.

«A día de hoy, la única forma de garantizar viviendas con precios asequibles es apostar por la vivienda protegida, pero no únicamente por aquella que pueda crear la iniciativa pública, que por temas presupuestarios y de disponibilidad de suelo es siempre limitada, sino estableciendo los incentivos suficientes como para que los promotores privados vuelvan a apostar por este modelo», propone Robsy.

Sin embargo, desde 2012 no hay ayudas sólidas que potencien la construcción y, de hecho, el actual Plan Estatal de Vivienda ni la contempla, como tampoco lo han hecho los fondos europeos. «Frente a la tentación de la intervención, habría que plantear primero si las medidas de fomento pueden tener un mayor alcance».

El culmen del agitado debate de la limitación de vivienda a no residentes en Baleares se produjo el pasado noviembre cuando el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, defendió que «Baleares no podía ser un parque temático donde no quepa la gente de nuestras islas». Al mismo tiempo su partido vendía la sede del PSOE en el pueblo mallorquín de Alaró a un alemán por 345.000 euros.