Economía renuncia a pedir en plazo 9.000 millones de fondos europeos

El límite fijado inicialmente por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) era el 21 de marzo, dos meses después de que se aprobara la revisión técnica del plan. Sin embargo, el Ejecutivo español no es capaz de cumplir con todos los hitos y objetivos fijados desde Bruselas, 84 en total.

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Juan Fernández-Miranda

Y eso no es todo. Como es sabido, el quinto pago solicitado por España el pasado mes de diciembre ascendía a 25.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos, casi un 15% del total de fondos asignados a España: 9.100 millones brutos (8.000 millones netos) correspondientes a subvenciones y 16.000 millones en concepto de préstamos (15.900 millones netos), según informó entonces La Moncloa. La solicitud inicial de pago incluyó la exigencia de cumplir 71 hitos y objetivos correspondientes a subvenciones y 13 a préstamos.

Según ha podido saber ABC, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene decidido diferenciar la solicitud de ambos pagos, de manera que los 16.000 millones en préstamos se reclamen el 11 de abril, al margen de los más de 9.000 correspondientes a subvenciones. Fuentes de la Comisión reconocen que, efectivamente, hay hitos y objetivos ligados a préstamos y otros a subvenciones. Así, Economía confía en poder reclamar el segundo pago al comienzo del verano. Oficialmente, fuentes del Ministerio consultadas por este periódico se limitaron a explicar que «seguimos trabajando con la Comisión Europea en la evaluación».

De fondo, como ha ido contando con detalle este periódico, están los problemas del Gobierno de España para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para llevar a cabo las reformas. Ya en enero, Pedro Sánchez llevó al Parlamento un decreto ómnibus que incluía algunas de las medidas exigidas por Bruselas, como la nueva fiscalidad del diésel. Sin embargo, la oposición de Junts y de Podemos, además de la del PP y Vox, impidió su aprobación. Desde entonces, y preguntados por este periódico, ninguno de los cuatro partidos afirma que haya cambiado de posición. La subida fiscal prevé un alza de 11,4 céntimos por litro al diésel (IVA incluido) para equipararlo con la gasolina. Este es sólo uno de los asuntos del Gobierno que están pendientes de aprobación en el Parlamento y que se van acumulando ante la falta de apoyos. El último, la necesidad de incrementar la inversión en defensa para situar a España en los compromisos de la Unión Europea y de la OTAN en la nueva etapa geoestratégica mundial tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.

Otro asunto para que España pueda cumplir su parte es la situación de los interinos, que en nuestro país superan los 750.000 en el sector público. El pasado mes de julio, Bruselas abrió expediente a España por no resolver las condiciones discriminatorias en la contratación de este tipo de trabajadores, y lo hizo a través de una segunda carta en la que insta al Gobierno a incorporar correctamente a la legislación nacional la directiva europea de 1999 que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada. Esta fue la segunda vez que la UE se posicionó a favor de otorgar más derechos a este colectivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló el pasado mes de junio a favor de transformar en fijos a los funcionarios interinos que acumulan contratos temporales en fraude de ley. Una sentencia radicalmente contraria a la doctrina del Tribunal Supremo.

Según los datos internos del Ministerio de Hacienda, una vez España reciba los 25.000 millones del quinto desembolso -si finalmente consigue cumplir con los hitos y objetivos-, el país habrá obtenido un total de 56.000 millones de euros en transferencias, lo que supone un 70 por ciento del total previsto, y 16.000 millones en préstamos, aproximadamente un 20% del total.

Aunque es el ministro Carlos Cuerpo quien lleva personalmente la relación con la Comisión Europea, también están involucrados el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero. Todos ellos, y el presidente del Gobierno por elevación, tienen responsabilidad en el cumplimiento o no de los citados requisitos y, por extensión, de la llegada del quinto pago de los Next Generation. No obstante, y ante la eventualidad de que no se consigan los apoyos parlamentarios necesarios para cumplir algunos de ellos, en Hacienda explicaron a ABC hace un par de semanas que confían en que Bruselas «sea sensible» y entienda cuál es la voluntad del Gobierno: «Nada está escrito en piedra y ya el cuarto pago no fue completo y luego se recuperó».

A 14 de marzo de 2025, el Gobierno no tiene Presupuestos, busca sin aparente éxito apoyos para incrementar la inversión en defensa y acaba de pedir una prórroga para cumplir con Bruselas y recibir más fondos europeos. El tiempo corre en su contra y hay 25.000 millones de euros en juego.