En qué consiste la cuota de solidaridad sobre las rentas altas que quiere el Gobierno y que supondrá un 6% del sueldo mensual

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema de pensiones es el envejecimiento, más teniendo en cuenta que la generación del 'baby boom' comienza ahora a retirarse del mercado laboral, es el reto de garantizar unos recursos suficientes ante una previsión de aumento de gasto con estos retiros, que de media perciben pensiones un 20% más altas que la que abandona el sistema.

Así, como la nueva propuesta ya sí que descarta cualquier atisbo de ajuste sobre las cuantías de las prestaciones que se podría haber introducido con una apuesta más ambiciosa de ampliación del periodo de cómputo de la pensión, la contrapartida está en generar los mayores ingresos posibles para hacer frente a un mix de medidas, las de toda la reforma en su conjunto, que resultan simple y llanamente en un mayor gasto para la Seguridad Social en la partida de pensiones -que asciende a 192.000 millones de euros para todo 2023-. 

La cuota de solidaridad será una vuelta más a lo que contempla el plan de la reforma de las pensiones. El Gobierno cuenta en este sentido con tres mecanismos para reflotar las cuentas del sistema y este será el cuarto.

El primero es el famoso destope las bases máximas de cotización. Por esta vía se aplicará un aumento de la base del 1,154% anual entre 2025 y 2050, un total de 25 años. Ahora, las personas que ganan más de 54.000 euros anuales están exentas de cotizar por todo el salario que rebasa ese límite, pero para 2050 se prevé que este se incremente hasta el entorno de los 70.000 euros brutos anuales. El resultado de esta vía de ingresos planteada: la base máxima de cotización crecerá un 30% en los próximos cinco lustros.

A esta primera pata, se le sumará cada año el porcentaje correspondiente a la inflación. Esta se actualiza cada año de las bases que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado. Y el Gobierno ya ha comunicado a los agentes sociales que esta no es una operación arbitraria, sino que es norma, y que por lo tanto estas actualizaciones -en 2023 ha resultado en una subida del 8,6% por el IPC medio del año anterior- se llevarán a cabo cada año y cohabitarán (se sumarán) al destope.

Todo ello sin olvidar una tercera parte de la ecuación: el mecanismo de equidad intergeneracional, la nueva cotización que se aplica a todas las nóminas con independencia del nivel desde enero de 2023 se duplicará hasta el 1,2%.

Ahora, con el planteamiento de duplicar la tasa que se aplica a la totalidad de los trabajadores, el Gobierno afronta un horizonte hasta 2033 en el que con la anterior versión del mecanismo de equidad se recaudaban unos 22.200 millones en toda la década de aplicación mientras que ahora la previsión pasa por alcanzar un 'ahorro' en la hucha de las pensiones de casi 45.000 millones de euros.

Y como se ha mencionado, para evitar cualquier medida dirigida a ajustar la cuantía de las pensiones un cuarto actor aparece en acción: la cuota de solidaridad. A efectos prácticos, se trata de un nuevo recargo, al margen de los tres ya mencionados, que se aplicará sobre los salarios más altos, los que rebasen la base máxima que resulte en cada año de aplicar esos tres conceptos.

Los que queden por encima estará sujetos a la cuota solidaria. Según ha podido saber ABC, dos aspectos sí están claros tras la toma de contacto en la reunión de ayer: lo pagarán los sueldos por encima de la base máxima de cotización que se establezca para cada año y será progresiva. Es decir, irá creciendo con el paso de los años durante un periodo de veinte años.

Pero según el borrador al que ha tenido acceso ABC, la cotización adicional de solidaridad será del 1% en el año 2025, incrementándose anualmente un 0,25% desde 2026 hasta 2045, en el que quedará fijada en el 6%.

«El importe de las retribuciones que supere la base máxima de cotización establecida en los regímenes del sistema de la Seguridad Social quedará sujeto, en toda liquidación de cuotas, a una cotización adicional de solidaridad del 6%, siendo a cargo del empresario el 5% y del trabajador el 1%, no computable a efectos de prestaciones», aclara en la propuesta el Ministerio de Seguridad Social.