El bloqueo legislativo amenaza con elevar la factura de la luz y del gas en 2024

El asunto resulta especialmente preocupante en lo que se refiere al coste de la factura energética, el ámbito al que el Gobierno ha dedicado un mayor esfuerzo presupuestario. Medidas como la rebaja del 21% al 5% del tipo de IVA aplicable a los recibos de la luz y del gas, la excepción ibérica, el tope de precio a la bombona de butano o la mejora del bono social eléctrico para hogares vulnerables, cuya fecha de vencimiento se estableció el 31 de diciembre de 2023 en la confianza de que habría posibilidad de prorrogarlas si se necesitara, quedan ahora en el aire a la espera de que PP o PSOE sean capaces de aglutinar los apoyos necesarios para conseguir la investidura de Alberto Núñez Feijóo o, si este no lo consiguiera, de Pedro Sánchez, y que esto sucediera con margen suficiente para poder prorrogar las medidas. Si Feijóo no concita una mayoría que le haga presidente, la posibilidad de evitar una subida del recibo de la luz quedaría en manos de Puigdemont.

El Gobierno estimó en su día que las medidas adoptadas, entre las que se incluye la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la reducción al mínimo legal del impuesto sobre la electricidad, estaban diseñadas para rebajar un 22% el recibo, por lo que es de suponer que su supresión provocaría un incremento similar en la factura que los hogares pagan por su suministro de energía.

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El impacto sería como mínimo del 16%, que es exactamente la diferencia que hay entre pagar un IVA del 5% por la electricidad o el gas o pagar el tipo estándar aplicable al suministro de energía del 21%.

Más cuestionable es el potencial impacto de otras medidas, como la excepción ibérica, el mecanismo, diseñado por el Ministerio para la Transición Energética, que limita el precio del gas que se utiliza para generar electricidad en las plantas de ciclo combinado. Se puso en marcha a mediados de junio de 2022, cuando el precio de la electricidad era de 225 euros el MWh. Desde el Gobierno afirman que ha supuesto un ahorro de unos 5.000 millones para los consumidores, aunque la diferencia entre el tope al precio del gas (40 euros el MWh) y su precio de mercado no es a fondo perdido, sino que lo pagan los clientes en la factura de la luz. El mecanismo no se aplica desde finales de febrero debido a que los precios del gas están por debajo de este tope. En los nueve meses en que ha estado activo ha supuesto un descenso del precio medio de la electricidad del mercado mayorista del 18,6%.

Fuentes del Gobierno consultadas por ABC trasladan su confianza en que no se llegue a ese escenario y que las negociaciones abiertas alumbren un nuevo Gobierno antes de final de año, y permitan abordar una nueva prórroga de esas medidas con independencia de la orientación del Gobierno. Una prórroga que será necesariamente parcial si se tiene en cuenta que España tiene que abordar un ajuste de unos 12.500 millones de euros en 2024 para rebajar su déficit a un nivel aceptable por las nuevas reglas fiscales de la UE.

A día de hoy, la conformación de un gobierno antes de final de año parece complicada y el inventario de medidas que podrían decaer de dilatarse ese proceso o ir a otras elecciones va mucho más allá de las ayudas para rebajar los recibos de la luz y del gas.

La persistencia de la actual situación de bloqueo impediría también la renovación de las subvenciones a los abonos de transporte público, de las bonificaciones al precio del carburante para profesionales del transporte (en un momento en que la gasolina está volviendo a subir) o los célebres bonos gratuitos para Cercanías, Rodalies y Media Distancia, incluida en los presupuestos de 2023 pero que decaería por su alcance solo para este año.

Hablamos de ayudas directas que el Gobierno ha estimado en 4.000 millones y que decaerían el 31 de diciembre de no haber nuevo presidente del Gobierno en La Moncloa, bien porque no fueron incluidas en la Ley de Presupuestos de 2023 o bien porque estando presupuestadas solo tenían alcance para este año, lo que las excluye de una eventual prórroga.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ayer que aunque su intención es aprobar las cuentas en tiempo y forma el escenario más probable es que las cuentas no entren en vigor hasta ya iniciado el año 2024.