El Gobierno suma otros 13.000 millones a los Presupuestos con más gasto de la historia

En realidad, el Gobierno había comprometido sus cuentas desde su mismo diseño al no incluir el eventual coste de la prórroga de las medidas aprobadas para amortiguar el impacto de la inflación, muchas de las cuales tenían fijado su vencimiento el 30 de junio. La casi inevitable (en vísperas de unas elecciones generales) prórroga de medidas como la subvención a los títulos de transporte público, las bonificaciones al precio del carburante para transportistas y de las ayudas sectoriales a las agricultura o el sector pesquero cargó sobre los Presupuestos del Estado una mochila de 2.700 millones de euros que no se había incluido en las cuentas públicas.

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Pero es que además Sánchez decidió ir más allá y aprobar nuevas medidas de apoyo para impulsar las energías renovables, el despliegue de puntos de recarga o mejorar las bonificaciones sobre el precio del carburante para determinados sectores, lo que engordó la factura estimada por la Autoridad Fiscal hasta los 3.800 millones de euros, a añadir a unos Presupuestos Generales del Estado que ya recogían créditos por más de 386.000 millones de euros para atender las necesidades de servicios públicos del ejercicio.

A este gasto extra para combatir la inflación hay que sumarle el asociado a las medidas -algunas de ellas no presupuestadas- que se han ido aprobando en los consejos de ministros desde el mes de marzo, que en algunos casos ya contaban con un crédito presupuestario asignado pero que en otros casos ha habido que habilitar; y sobre todo la incorporación de remanentes de crédito no ejecutados de ejercicios anteriores, unos 7.500 millones.

Unos 580 millones de euros para mejorar los centros sanitarios de atención primaria, cerca de 40 millones para reforzar la atención a la salud mental, un bono cultural para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por dos euros, 560 millones para material escolar, un bono descuento con un coste millonario para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan hacer el Interrail por Europa a un precio asequible, avales a jóvenes para la compra de una primera vivienda... la cascada de anuncios de ayudas del Gobierno en los últimos meses no siempre han estado sustentados por créditos presupuestarios y ello se refleja en la información oficial proporcionado por la Intervención del Estado del Ministerio de Hacienda.

Desde que arrancó la gestión presupuestaria de 2023 Hacienda ha tenido que dotar cerca de 2.000 millones de euros en créditos extraordinarios, especialmente para sufragar subvenciones al transporte y ayudas a la industria; también ha tenido que aprobar suplementos de crédito por 1.638 millones de euros ante la insuficiencia de las dotaciones realizadas a determinados capítulos de gasto; y ha tenido que ampliar créditos por unos 2.400 millones de euros para evitar que la gestión gubernamental reventara las costuras de los Presupuestos Generales de 2023.

El activismo gubernamental ha traído consigo añadidos y ampliaciones de partidas presupuestarias que al cierre del mes de junio sumaban 13.086 millones de euros y que han llevado los créditos presupuestarios totales recogidos en los Presupuestos de 2023 hasta los 399.175 millones de euros, a las puertas de la barrera de los 400.000 millones de euros que constituye el máximo histórico y que solo se ha superado una vez: en 2021.

Con todo un semestre por delante y a la luz de cómo han evolucionado las modificaciones de créditos presupuestarios en los años anteriores, todo apunta a que el Estado pulverizará este año el récord de gasto público establecido también por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2021, cuando las cuentas públicas aún estaban condicionadas por la pandemia.

El crecimiento del gasto presupuestario del Estado en España en los últimos años ha sido exponencial (ver gráfico). Entre 2013 y 2018, las estrictas obligaciones de reducción del déficit impuestas por Bruselas, que obligaban al Reino de España a ajustar sus gastos hasta reducir el déficit por debajo del 3% del PIB, alumbraron cuentas públicas con niveles de gasto muy contenidos, que luego se superaban en mayor o menor magnitud en función del margen de maniobra que proporcionara la recaudación fiscal. En este contexto, las desviaciones respecto al objetivo inicial desembocaron en niveles de gasto en el entorno de los 300.000 millones de euros, aunque casi siempre por debajo.

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Las prórrogas presupuestarias de 2019 y 2020 prolongaron esta situación hasta que sobrevino la pandemia. El Covid hizo saltar por los aires los muros de contención impuestos por Bruselas y abrió una nueva fase sin restricciones presupuestarias en la que la cuenta de gastos del Estado no ha dejado de crecer: 354.010 millones de euros en 2020; 402.537 millones en 2021; 376.300 millones en 2022; y 399.175 millones al cierre de junio de 2023. Desde 2017 el gasto público agregado del Estado se ha incrementado alrededor de un 40% desde los 281.000 millones de euros del cierre de 2017 hasta los 399.175 en el que ya está este año, casi 120.000 millones más.

Lo curioso es que ese apetito por ampliar la dotación de determinados capítulos de gasto para disponer de recursos para sufragar determinadas políticas convive con unos niveles de ejecución de gasto contenidos, que al cierre del primer semestre del año se movían en el 38%.

En el capítulo de subvenciones al transporte, el Gobierno ha ensanchado en más de 1.100 millones los recursos presupuestarios disponibles a pesar de que de los cerca de 3.500 millones de euros dotados inicialmente en los Presupuestos de 2023, al cierre de junio no se habían ejecutado ni la mitad: 1.622 millones de euros, aunque sí se habían preasignado ayudas por valor de 3.000 millones.

Las urgencias del Gobierno tampoco se percibían en el capítulo de 'Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación', que estaba dotado con otros 3.500 millones de euros, de los cuales solo se habían ejecutado de forma efectiva 664 millones.

El caso más llamativo, una vez más, es el de los créditos para I+D, una partida que los gobiernos se empeñan en dotar con recursos millonarios de los que finalmente solo acostumbran a ejecutar una pequeña parte. El año 2023 no parece que vaya a ser diferente. El capítulo disponía en origen de 14.409 millones de euros y el Gobierno ha decidido inocularle más de 2.500 millones de euros extra, lo que ha llevado la dotación total hasta los 17.000 millones de euros.

Sin embargo, al cierre del mes de junio los ministerios apenas habían autorizado 4.000 millones de euros para gastar en este campo, de los cuales poco más de 1.800 millones habían sido asignados de manera efectiva a estas alturas, poco más de un 10%.