La banca alerta al Gobierno de que no genere otra burbuja inmobiliaria con dinero público

Las formas del anuncio ya chirrían en la banca de por sí. Lo que dio a conocer, en un mitin en Canarias, el presidente Pedro Sánchez es que el ICO avalará hasta el 20% de la hipoteca a los menores de 35 años que ganen menos de 37.800 euros al año o a quienes tengan hijos menores a su cargo. Fuentes financieras confirman que en ningún momento se ha pactado la idea con la banca, que es la que 'de facto' deberá poner el dinero.

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Antonio Ramírez Cerezo

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Asimismo, esas mismas fuentes destacan que la medida cogió de sorpresa incluso al propio ICO, que no fue informado de la propuesta con suficiente antelación como para poder estudiar a fondo el proyecto.

Con estos mimbres, todavía faltan muchos interrogantes por resolver por parte del Ejecutivo. A priori, las entidades financieras no se posicionan en contra de la medida ya que es algo que surgió como planteamiento a mediados de 2020 desde la propia banca; el Santander, con Ana Botín de punta de lanza, encabezó la propuesta al Gobierno y se mantuvieron varias reuniones, también a nivel patronal, pero tanto el ministerio de Transportes como el de Asuntos Económicos, los dos con competencia, acabaron por descartarlo de plano y dejarlo en un cajón... hasta ahora.

La banca es consciente de que el acceso a la vivienda es un problema para los jóvenes. Lo que se suele financiar en los préstamos para comprar casas es hasta el 80% del valor de tasación; el 20% restante, más otro 10% para impuestos, ha de disponer de ello en forma de ahorros el comprador. Esa es la gran barrera de entrada para los jóvenes que ni aun teniendo sueldos decentes pueden firmar una hipoteca ya que no tienen ahorros.

Ese problema buscaba atajar el 'plan Botín' y ahora apunta a ello el Gobierno. Sin embargo, el sector desconfía de la letra pequeña de las medidas ya que consideran que el Ejecutivo apunta a que conciben esto como una barra libre para todos los que quieran una hipoteca.

Y la realidad, en este caso, es bien distinta. La banca advierte a La Moncloa que no hay que generar una nueva burbuja inmobiliaria, ya hubo suficiente con la anterior, ya que temen que las medidas se quieran extender a personas que en realidad no puedan permitirse acceder a un préstamo para vivienda. En este caso, fuentes financieras señalan que el análisis de riesgos seguirá en manos de los bancos, es decir, que el Gobierno puede facilitar la concesión en casos que antes no se daban, pero que la última palabra la deberá tener la entidad financiera, que es la que pone el dinero y la que asume el riesgo en su mayoría.

En este sentido, el sector exige al Ejecutivo que tenga cuidado con cómo utiliza el dinero público y que sepa qué es lo que realmente quiere potenciar con esta medida: si una barra libre de hipotecas o facilitar crédito a familias solventes pero sin ahorros.

Además, no hay claridad todavía sobre cómo se configurarían los avales. Algunas fuentes señalan que se firmaría una sola hipoteca por hasta el 100% del valor de tasación, pero se dividiría en dos préstamos: uno con el aval público y otro sin él.

La letra pequeña del plan será conocida hoy una vez aprobado en Consejo de Ministros. El Gobierno no quiso ayer precisar más detalles y solo adelantó que esperan llegar a 50.000 familias y que habrá diferencias de acceso a los avales dependiendo de la comunidad y sus precios medios de compra, además de que los avales no serán sumatorios a los que ya conceden algunas autonomías, según explicó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras una reunión con representantes de entidades y colectivos del sector de la vivienda tanto del ámbito público como privado, incluidas promotoras y constructoras.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Raquel Sánchez también salió en defensa del plan de avales para jóvenes tras ser tildado de «infame» por parte de sus socios de Gobierno. «Queremos articular un instrumento más a la ciudadanía; hay otras familias que quieren optar por la compra y no podemos demonizarlas», señaló la titular del antiguo Ministerio de Fomento, también en respuesta a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que fue más allá y recordó que esta medida «ya la llevaron a cabo antes el PP y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín». Más tarde, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se sumo a las críticas y definió la medida de sus compañeros de Gobierno como «regresiva» y en dirección opuesta a la ley de vivienda.

Lo cierto es que los avales a las hipotecas para jóvenes son una disposición que las comunidades gobernadas por el Partido Popular desarrollan desde hace tiempo. En la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia, Galicia y Andalucía tienen activos programas con ese objetivo. Y hace pocas semanas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que de ganar las elecciones generales a final de año, se habilitará una línea para la concesión de avales complementarios del 15% de la hipoteca para jóvenes hasta 35 años como parte de su propuesta en materia de vivienda.

Además de los avales hipotecarios, el Consejo de Ministros aprobará hoy otra línea ICO de 4.000 millones a cargo de fondos europeos para que las promotoras puedan levantar hasta 43.000 viviendas destinadas a alquiler asequible, según los cálculos del Gobierno. También se dará luz verde a la construcción de 20.000 viviendas públicas a través del Sepes y que serán construidas en terrenos que el Ministerio de Transportes comprará a Defensa.

En la reunión de ayer entre Gobierno y sector, el presidente Sánchez trasladó a las patronales de promotoras y constructoras la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de estos planes. Estas últimas avisaron a Sánchez de que sin el establecimiento de un sistema de revisión de precios de obra pública algunos de estos proyectos de promoción pueden quedar desiertos.

Por lo pronto, la intención es la de que las empresas puedan acceder a los 4.000 millones de las líneas ICO a través de préstamos ventajosos con carencia de diez años, con tipos de interés en línea con los marcados por el BCE y a devolver en 30 años, siempre y cuando las viviendas construidas sean destinadas al alquiler asequible durante un mínimo de 50 años. Son condiciones que el Gobierno avanzó al sector inmobiliario hace semanas, pero se desconoce si finalmente será aprobado así este martes en Consejo de Ministros.