La Xunta de Galicia no sancionará a las gasolineras de autoservicio

Conde ha argumentado que en Galicia las gasolineras cumplen la normativa básica, que no exige que tengan personal contratado, y ha garantizado que se cumple la normativa básica en el sector y en materia de seguridad, a pesar de las protestas de los consumidores sobre este último punto en particular.

"Vamos a aplicar la normativa vigente y garantizar la seguridad", ha añadido, destacando que se "garantiza que en estos momentos se cumple la normativa que está en vigor " y que las gasolineras se tendrán que "adaptar a la nueva normativa que viene de aprobar el Gobierno a través de un Real Decreto con una serie de requerimientos que tendrán que cumplir" ha afirmado el conselleiro de Economía, Emprego e Industria.

No obstante, "en Galicia es una situación en la que se garantiza la seguridad " y se cumple "la normativa básica que hay en el sector, tanto en las gasolineras atendidas como en las automáticas", ha asegurado, al tiempo que ha avanzado que se realizará un seguimiento de la evolución del sector, puesto que "la prioridad en Galicia es que se cumpla la normativa".

Facua-Consumidores en Acción pidió este miércoles un aumento en el importe de las multas que deberán pagar las gasolineras desatendidas en Extremadura. Facua considera que las sanciones previstas de entre 3.000 y 15.000 euros son “insuficientes ” y explicó que la petición de multas mayores tiene como objetivo que a las empresas que incumplan la prohibición “no les compense económicamente saltársela” según informan las agencias.

La asociación, además, propuso que “la reincidencia en el incumplimiento de la obligación de que la gasolinera sea atendida por personal de la empresa debería ser causa para el cierre de la estación”. Asimismo, valoró como “ imprescindible” el que las estaciones de servicio cuenten con personal durante todo su horario de apertur a para atender adecuadamente a todas las personas que lo necesiten, especialmente a aquellas con algún tipo de discapacidad.

La semana pasada Extremadura anunciaba la modificación del Estatuto de los consumidores de la comunidad autónoma y con ello multas de entre 3.000 y 15.000 euros para las gasolineras que no tuviesen al menos un empleado desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. Desde 2015 comenzó una oleada de prohibiciones de este tipo en Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Navarra. Otras comunidades como Asturias y Baleares no tardaron mucho en sumarse y ahora son al menos diez las comunidades que han legislado limitando el comercio de las gasolineras autoservicio.

La seguridad en estos establecimientos se ha perseguido también desde el Gobierno central que aprobó el pasado mes de julio una normativa que obliga al casi medio millar de gasolineras desatendidas en nuestro país a tener un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, además de cámaras de seguridad y conexión a una central receptora de alarmas, según la nueva normativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros.

Seguridad y accesibilidad son todos los argumentos que persiguen los intereses de los consumidores exigiendo que las gasolineras sean atendidas. Por otra parte, la libre competencia es lo que se pide desde la CNMC y se respalda de la UE, pero detrás de estos argumentos también se encuentran los razones que motivan a las empresas a adoptar su estrategia en el servicio a sus clientes. Estas gasolineras «low cost» han proliferado en los años de crisis porque los consumidores buscaban los precios más asequibles y estos se consiguieron eliminando los costes asociados a los empleados. Desde los sindicatos denunician el impacto que este tipo de servicios «self-service» provoca en la reducción de puestos de trabajo.