Extremadura multará a las gasolineras desatendidas

El Estatuto de los Consumidores de Extremadura asegura que las gasolineras desatendidas constituyen un «peligro potencial para los usuarios con necesidades especiales, en caso de derrame de combustible, así como la imposibilidad de reclamar asistencia inmediata de algún responsable si se produce alguna eventualidad susceptible de riesgo para la salud o seguridad de los usuarios y consumidores a la hora de repostar». Añade, también, que la existencia de gasolineras sin personal “agrava los problemas de accesibilidad que ya padecen y merma o condiciona su derecho a la movilidad y accesibilidad en el consumo en condiciones de igualdad”.

Se estima que las gasolineras autoservicio en Extremadura suponen un 20% del total de gasolineras en la región. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) comparten los motivos que ha expuesto el Estatuto de Consumidores y aseguran que harán todo lo que esté en su mano para que se cumpla la modificación. En un comunicado, añaden que deben eliminar estas gasolineras por el «perjuicio para la seguridad, la igualdad y el empleo de la región».

Extremadura no es la primera comunidad autónoma que legisla en contra de las gasolineras de autoservio. En cuatro comunidades autónomas se prohibió esta práctica en 2015, estas comunidades son Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Navarra. Otras comunidades como Asturias y Baleares no tardaron mucho en sumarse. Poco a poco se extendió esta respuesta a las protestas de los consumidores y Extremadura se añade ahora a la prohibición que ya comparte con, al menos, otras nueve comunidades .

La seguridad en estos establecimientos se ha perseguido también desde el Gobierno central que aprobó el pasado mes de julio una normativa que obliga al casi medio millar de gasolineras desatendidas en nuestro país a tener un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, además de cámaras de seguridad y conexión a una central receptora de alarmas, según la nueva normativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros.

Es España se está restringiendo en gran medida debido a la reclamación de los consumidores que velan por si seguridad, así como de los sindicatos que reclaman y denuncian la pérdida de puestos de trabajo que estas estaciones suponen. En otros países de Europa, por otra parte, las gasolineras «low cost» son mucho más comunes. Mientras en España puede llegar a representar un peso del 5% sobre el total, existe una «penetración mayor» en otros países europeos según afirmaba la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) en otra ocasión a ABC.

En marzo de este año la Comisión Europea admitió a trámite una denuncia de Aesae contra España por no reaccionar ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas. La asociación considera que estas prohibiciones conllevan una restricción contra el libre mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comparte esta misma postura y el verano pasado hizo una petición formal para que se frenase estas limitaciones puesto que van en contra de las libre competencia con la que se pueden alcanzar los mejores precios que «benefician a los consumidores»

Libre competencia, seguridad y accesibilidad, todos los argumentos persiguen los intereses de los consumidores, pero detrás de estos argumentos también se encuentran los razones que motivan a las empresas a adoptar su estrategia en el servicio a sus clientes. Estas gasolineras «low cost» han proliferado en los años de crisis porque los consumidores buscaban los precios más asequibles y estos se consiguieron eliminando los costes asociados a los empleados. Ahora, seguridad y beneficios para el empleo parecen tener más peso y las comunidades responden en consecuencia.