La Junta abre expedientes de sanción a quince gasolineras desatendidas

El cambio normativo ha sido polémico desde sus inicios con dos bandos enfrentados. Por un lado, el de los sindicatos y la patronal de estaciones de servicios, que calculan que por cada surtidor sin personal cierran tres gasolineras en 20 kilómetros a la redonda. Por otro, los propietarios de las instalaciones desatendidas, muchas de cooperativas agrarias, que lamentan que la orden autonómica contraviene la nacional y reconocen, incluso, en algunos casos que no piensan ceder ante la obligación impuesta de contratar a un trabajador.

En este ambiente de tensión empezaron a correr los meses del calendario y el sector contrario a las gasolineras desatendidas amenazó en abril con paros en las estaciones de servicio si la Junta no intensificaba su control. Ya sea por ese ultimátum o porque estaba en la agenda de la Consejería de Economía y Hacienda , las inspecciones han aumentado desde entonces. En los dos primeros meses se habían realizado siete visitas a este tipo de instalaciones para comprobar su legalidad y a finales de junio éstas ya se habían elevado a cuarenta en el marco de la vigilancia habitual a este tipo de instalaciones que ahora suma en el chequeo un requisito más a examen.

Así, desde la entrada en vigor de la normativa que obliga a tener personal en las gasolineras (el 25 de enero de 2017) los técnicos de la Dirección General de Comercio y Consumo han efectuado once inspecciones en Burgos, tres en León, una en Palencia, cuatro en Segovia, ocho en Soria, una en Valladolid y doce en Zamora. De todas ellas se ha levantado acta y se están tramitando, según los datos facilitados desde la Consejería de Economía y Hacienda.

El resultado ha sido que en quince casos se ha propuesto el inicio de un expediente sancionador por ausencia de personal, de los que ocho corresponden a Burgos , dos a Segovia , cuatro a Soria y uno a Valladolid . Los quince expedientes equivalen a en torno al 12,5 por ciento del total de gasolineras desatendidas de la Comunidad.

De acuerdo con las estimaciones de principios de año, cuando la normativa entró en vigor, eran unos 120 los surtidores de estas características en Castilla y León , donde hay en torno a 800 estaciones de servicio al uso en las que ya se contaba con los trabajadores que la orden autonómica reclama ahora a todas bajo el argumento de garantizar con un empleado la correcta atención a personas con discapacidad y la asistencia general a los consumidores en óptimas condiciones de seguridad.

Un obligación de personal que desde la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) no entienden justificado. Consideran que la obligatoriedad es «gravemente perjudicial para las cooperativas agrarias que suministran combustibles, mayoritariamente, en núcleos rurales de escasa población y muy alejados de las grandes zonas de consumo». Consideran que se «restringen los derechos de las cooperativas que iniciaron esta actividad con unas reglas de juego que ahora se pretenden cambiar». Y con esos argumentos se encuentran inmersos en una campaña de recogida de firmas para presentar en las Cortes una Iniciativa Legislativa Popular contra la orden autonómica para la que necesitan 20.000 apoyos.