El registro horario obligatorio siembra el caos entre las empresas

«Los autónomos están desconcertados y preocupados porque la nueva norma carece de la necesaria seguridad y certidumbre jurídica para desarrollar su actividad», asegura a ABC Lorenzo Amor, presidente de ATA. Es por este motivo por el que reclama al Gobierno que paralice la ley hasta que un reglamento desarrolle las especificidades de cada actividad y trabajos que desarrollan los pequeños empresarios. Recuerda que el 95% de las empresas españolas tienen menos de cinco trabajadores y que muchas «han implantado un sistema de trabajo que combina a la perfección la movilidad laboral, la conciliación, el teletrabajo y se ajustan más a los objetivos que al horario ».

Explica el representante de los autónomos que «ante las dudas que está generando la aplicación del decreto, se puede decir que norma es una traba más para la creación de empleo, para la aspiración de crear además ese empleo indefinido y de calidad que potencia la conciliación de la vida personal y laboral y el no abandono de las pequeñas localidades en España».

En términos muy similares se pronunció ayer Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Calificó de «desproporcionada e innecesaria» la obligación del registro tras recordar que «va contra los procesos renovadores de la gestión de los recursos humanos en las empresas, basados en la confianza y la implicación de los trabajadores», además de suponer unos elevados costes para la empresa.

Como ya avanzó ABC, todas las empresas deberán disponer desde el domingo de un sistema de control para registrar la jornada laboral efectiva de sus empleados, en el que se refleje el horario de entrada y salida de cada uno de ellos. No hacerlo implicará multas de hasta 6.250 euros. Así lo estipula una de las medidas más polémicas tomadas por el Gobierno en sus «viernes electorales», cuyo principal objetivo es luchar contra el fraude laboral y controlar las horas extraordinarias que no se pagan.

La nueva norma, sin embargo, solo sienta una base legal, que será desarrollada en los convenios de cada empresa atendiendo a las particularidades de cada compañía. Este fue uno de los mayores logros de la CEOE en las negociaciones que, sin embargo, provocó fuertes críticas desde los sindicatos, que consideran que los cambios dejan en manos exclusivas del empresario organizar y documentar este registro en empresas pequeñas.

La ley obliga a las empresas a conservar los registros horarios durante cuatro años y a ponerlos a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo, que desde el próximo lunes castigará con entre 626 y 6.250 euros a las empresas incumplidoras.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, llamó ayer a las empresas a cumplir «sin agobios» pero «con seriedad» el decreto. Recordó que los empresarios han tenido «dos meses» para implantar los dispositivos de control horario, aunque reconoció que a veces «dejamos las cosas para el último minuto». Dijo, sin embargo, que la Inspección actuará desde el día 13 «con cabeza, mesura y sentido común».