El expresidente de Banco Popular Ángel Ron, en una imagen de archivo
El expresidente de Banco Popular Ángel Ron, en una imagen de archivo - EFE

Los peritos judiciales concluyen que el Popular era viable en 2016 pese a ocultar pérdidas varios años

Los técnicos del Banco de España atribuyen la caída de la entidad a la fuga de depósitos que sufrió

MadridActualizado:

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la debacle del Popular, que fue resuelto por las autoridades españolas y europeas y vendido al Santander por un euro, tiene ya en sus manos un documento clave: el informe pericial sobre las cuentas del banco que encargó a dos inspectores del Banco de España. Pues bien, la conclusión de los dos técnicos del supervisor es que si bien la entidad financiera estaba justa de capital y aplazó su saneamiento incumpliendo para ello la normativa contable, el Popular era viable antes de su resolución, pero se hundió por la imposibilidad de hacer frente a la fuga de depósitos que sufrió antes de caer.

Los peritos del Banco de España Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández, que trabajan para el caso, descartan en su informe, al que ha tenido acceso ABC, que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016. Eso sí, reconocen que las cuentas del banco incluidas en el folleto de emisión que se entregó a los inversores, entre ellos pequeños ahorradores que perdieron todo el dinero invertido, «no respetaban determinados aspectos de la normativa».

En concreto, el peritaje acusa al equipo gestor encabezado por el expresidente Ángel Ron de desviarse ya en 2015 de la normativa contable en aspectos como la clasificación de créditos refinanciados como dudosos y la cobertura de los inmuebles adjudicados. Eso hizo que al ajustar en 2016 la contabilidad del banco a la normativa vigente, las pérdidas del ejericicio se disparasen a 3.485 millones de euros. Así, y en línea con el expediente abierto por la CNMV que Ron ya ha rebatido, los peritos consideran que una parte significativa de ese año deberían haberse reflejado en ejercicios anteriores.

«Una parte significativa de estas pérdidas se deberían haber reflejado en las cuentas de ejercicios anteriores, siendo a estos efectos muy relevante que el Banco Popular cambió su política contable en el ejercicio 2014 de tal forma que, en algunos aspectos, dejó de estar alineada con el marco contable del Banco de España», señala el informe, que en este punto da alas a las querellas contra el antiguo equipo gestor por posible falsedad contable durante la ampliación de capital de 2016.

Patrimonio de más de 11.000 millones

Ahora bien, los expertos del supervisor rechazan que ese incumplimiento de la norma contable fuese suficiente para declarar al Popular como inviable. «Lo anterior no implica que Banco Popular fuese inviable, así, a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones, además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios», señala el documento, en el que aclara eso sí que «era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia impuestos por el Banco Central Europeo (BCE)».

Esto supone cierto espaldarazo al expresidente de la entidad Ángel Ron, imputado en la causa por su gestión, y en concreto por la ampliación de capital de mayo de 2016 en la que la entidad captó 2.505 millones de euros entre pequeños y grandes inversores. El juez instructor ha dividido en dos piezas la investigación, en la que están imputadas 34 personas, entre ellas los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el exconsejero Antonio del Valle y la firma auditora Pwc. Una de las piezas se refiere esa etapa de Ron al frente del banco, en la que tratará de esclarecer si durante esa época los gestores de la entidad falsearon sus cuentas y por tanto cometieron delitos de falsedad societaria y administración desleal en la ampliaciónde 2016.

En la segunda pieza, centrada en la etapa de Emilio Saracho al frente del Popular, a partir de abril de 2017, el magistrado tratará de determinar si hubo una campaña de desprestigio contra el Popular para hacer caer el valor de la cotización de su acciones, en lo que apunta al antiguo accionista mexicano Antonio del Valle. Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández recibieron el encargo del magistrado de analizar las cuentas del banco de 2015 y 2016, el folleto de emisión de la ampliación de capital de 2016, así como la reexpresión de las mismas hecha en 2017 ya bajo la presidencia de Emilio Saracho.

Salida de depósitos inasumible

Ruiz-Clavijo y Hernández achacan el derrumbe del banco, que el 6 de junio de 2017 tuvo que ser resuelto por la Junta Única de Resolución y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y vendido al Santander en subasta exprés, a la fuga de depósitos que sufrió la entidad en los meses previos a esa intervención. «La entidad tenía una grave problema de liquidez siendo en todo momentos antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos, aún con los eventuales ajustes contables que pudieran quedar por reflejar y también a pesar del posible incumplimiento de los ratios de solvencia regulatorios», dice el informe en su parte de conclusiones.

Los expertos recuerdan que entre abril y junio de 2017 el Popular perdió más de 16.000 millones en depósitos, sobre todo superiores a 100.000 euros y por tanto no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). «Este volumen de salidas de depósitos y en tan escaso tiempo hace que, para una entidad del tamaño de Banco Popular, sea prácticamente imposible cumplir con sus obligaciones con sus propios medios y por ello solicitó un ELA al Banco de España», explican los peritos.

El origen de esa fuga de depósitos se sitúa, según el relato de los inspectores, en las pérdidas mayores que a cierre de diciembre comunicó el Popular. El equipo de Ron informó de unas pérdidas ese año de 3.485 millones de euros, frente a los 2.000 millones estimados en el folleto de emisión de la ampliación de capital, y de una ratio de capital del 8,19%, por debajo del 10,8% que calculaba para en ese folleto. Eso mereció un párrafo de enfasis en las cuentas por parte de la firma auditora, Pwc.

Relevo de Ron por Saracho

Esas desvicaciones, según el informe pericial, «preocupaba a los inversores por el retraso en la normalización de la rentabilidad y a las agencias de rating por el posible impacto en el impago de cupones». «Todo esto afectó tanto a la cotización en Bolsa como a las calificaciones de la entidad, lo que pudo influir en el comportamiento de los depositantes mayoristas, que son los que retiraron sus fondos», explican los técnicos.

En este mismo sentido, el informe también achaca esa deconfianza en el banco a la sustitución «no muy ordenada», dicen los peritos, de Ron en la presidencia del Popular tras las tensiones internas en el consejo de administración de la entidad. Los peritos afirman además que durante el relevo de Ron por Saracho, «la entidad quedó en un periodo de ausencia de decisiones que se refleja en falta de plan de negocio que es más relevante por la situación de solvencia en que se encontraba y la urgencia que le transmitían tanto inversores como agencias de rating para resolverlo». Además, los peritos resaltan que Saracho llegó al Popular con una estrategia, la venta del banco, diferente a la de Ron.