«Los pensionistas deberían entrar en el pacto de rentas»

Asegura el experto en sistemas de pensiones y previsión social complementaria que la ampliación del periodo años cotizados para el cálculo de la base reguladora de la pensión «refuerza esa contributividad del sistema y su equidad actuarial». Aboga por modular las revalorizaciones de las pensiones, a excepción de las mínimas, y recuerda que el problema generado por la evolución del IPC afecta a todos los actores sociales, por lo que todos deberían participar en cierta medida en el denominado «pacto de rentas» .

¿Ve necesario incluir medidas que moderen el gasto en pensiones en la segunda parte de la reforma de pensiones?

La primera parte de la reforma ha sido una sucesión de reformas parciales, pero sin un eje vertebrador común. Hay medidas que son adecuadas para la sostenibilidad como la penalización de las jubilaciones anticipadas o el incentivo de la jubilación demorada. El tema más importante es el de la revalorización ligada al IPC. Es deseable que los pensionistas conserven el poder adquisitivo, pero el problema está en que hay que considerar que los efectos de la revalorización se acumulan en el tiempo y con una inflación desbocada supone un incremento de gasto muy importante .

La financiación de gastos impropios es una medida cosmética, no afecta al déficit estructural del sistema. Y algo que era importante para introducir ajustes automáticos en la evolución de gasto y el equilibrio del sistema como el factor de sostenibilidad ha sido sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que es insuficiente. Aumentar las cotizaciones en un 0,6% no va a tener un efecto colchón para compensar los incrementos de gasto que vienen no solo por la revalorización sino por la incorporación de los baby boomers. No se ha abordado una reforma de pensiones integral y faltan mecanismos automáticos de ajuste para que a medio y largo plazo la sostenibilidad esté garantizada.

¿Está la Seguridad Social financieramente preparada para soportar la revalorización con el IPC?

La Seguridad Social se financia con cotizaciones sociales y éstas tampoco pueden subir de forma indefinida. La senda de revalorización irá incrementado el déficit público salvo que se introduzcan medidas que puedan compensar este fuerte incremento del gasto.

¿Cómo valoran desde la Organización de Consultores de Pensiones la puesta en marcha del fondo público?

Desde Ocopen intentamos impulsar los sistemas complementarios porque pensamos que es fundamental para los ciudadanos tener varias fuentes de ingresos cuando se jubilen. Consideramos que es importante ir hacia un régimen de Seguridad Social mixto donde tengamos varios proveedores de pensiones. En todos los países la extensión de la previsión social complementaria se ha llevado a cabo fundamentalmente a través del segundo pilar (planes de pensiones de empresa). Esta iniciativa del Ministerio de Seguridad Social es una gran oportunidad para que esto se desarrolle, al margen de su regulación y de las mejoras que se puedan introducir. Es uno de los planteamientos más serios que hemos tenido para impulsar la previsión complementaria.

¿Ha participado su organización en el proceso de elaboración del fondo público de pensiones?

Como referentes en el área de la previsión social complementaria hemos mantenido contactos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, igual que los mantenemos con el Ministerio de Economía y la Dirección General de Seguros para intercambio de opiniones y de experiencias para enfocar este asunto de la mejor manera posible.

¿Echan en falta incentivos en el fondo público, tal y como se encuentra el proyecto de ley en estos momentos?

Me gustaría distinguir dos temas fundamentales. Los incentivos fiscales son indiscutiblemente necesarios para que estos sistemas funcionen, pero no son suficientes. Se está dando una importancia insuficiente a algo que es muy necesario en este país, el tema de la información y de la transparencia sobre el sistema público de pensionres. Tenemos una notable carencia de formación financiera y una casi total ausencia de planificación de la jubilación. La mejora de la cultura financiera y de la transparencia en la información sobre la Seguridad Social es muy importante. Hace falta un esfuerzo de pedagogía sobre lo que es el sistema público y la necesidad de planificar adecuadamente la jubilación.

Los incentivos fiscales son necesarios. Así se hace en todos los países. Se ha avanzado parcialmente en que las aportaciones a los planes de pensiones no formen parte de la cotización a la Seguridad Social, en 1380 euros anuales, algo que ya estaba antes del 2012, sin límites. Pero también creemos que es necesario recuperar algo que ya existía que es la deducción del 10% en cuota para las empresas en el Impuesto de Sociedades.

Hay otro tema relacionado con la fiscalidad que es importante resaltar. Daría mucha potencia al sistema que los modelos fueran contributivos (aportación de la empresa y del trabajador) y además que la deducción fiscal revirtiera en el propio plan de pensiones. Permitiría que se visualizarían bien las ventajas que tiene el sistema para los trabajadores y se aprovecharía al máximo la capitalización.

¿Se puede alcanzar el objetivo de incluir a 10 millones de trabajadores?

Es un objetivo muy ambicioso. En principio se había planteado la posibilidad de implantar un sistema similar al autoenrolment británico de forma que fuera semiobligatorio y que garantiza una extensión de los sistemas complementarios. Pero este sistema parece chocar con nuestra Constitución por lo que la generalización se va a hacer a través de la negociación colectiva. Dependerá de los agentes sociales que lleguen a acuerdos en esta materia. Llegar a los 10 millones de trabajadores en un corto plazo es un reto demasiado ambicioso, a pesar de la buena noticia que ha llegado con el preacuerdo alcanzado en el sector de la construcción y que puede tener un efecto llamada.

¿Podría ser más transparente el sector público en la información sobre la pensión futura?

La información de la Seguridad Social es fundamental. Los ciudadanos tenemos derecho a ella y el Estado la obligación de suministrar información sobre la expectativa de la pensión que vamos a tener. Esa información es fundamental para la planificación de la jubilación. Además se va a producir una paradoja porque los planes de empleo van a tener que dar información periódica a los partícipes de cuál va a ser su pensión estimada en el momento de la jubilación. Es paradójico que tengamos la información del plan de pensiones de empleo y no tengamos de la principal fuente de ingresos para la jubilación.

¿Cómo valoran la medida que busca ampliar el periodo de cálculo de la pensión?

La medida puede perjudicar a parte de los ciudadanos y beneficiar a otros dependiendo de la historia laboral y salarial de cada uno. En cualquier caso, es fundamental acercarse a la máxima contributividad del sistema y del equilibrio actuarial. Y ésta es una medida que va en el sentido de mejorar el equilibrio actuarial entre lo que uno aporta y lo que recibe. Extender a 35 años el periodo de cálculo o incluso a toda la vida laboral refuerza esa contributividad del sistema y su equidad actuarial.

Va a afectar por ejemplo a trabajadores que están siendo expulsados del mercado laboral de forma prematura y con dificultad de encontrar empleos similares a los que venían ejerciendo, lo que supone menos cotizaciones al final de la vida laboral. Y es por ello que si se computan más años se puede verse beneficiados. Para el conjunto de los ciudadanos, que hayan tenido una historia laboral creciente donde han mejorado tus ingresos, probablemente suponga una reducción en el cálculo de la pensión.

Las medidas tendentes a la elección de las mejores bases de cotización o de cobertura de las lagunas supondría un paso atrás en la mejora del equilibrio actuarial. La medida como tal es necesaria pero según como se haga puede generar el efecto contrario.

¿Es realmente el destope de cotizaciones una baza para reflotar los ingresos del sistema?

El destope va a generar un incremento de cotizaciones que compensará en cierta forma los gastos crecientes que está teniendo la Seguridad Social. Inicialmente podría suponer un alivio para las cuentas de la Seguridad Social pero igual que se elevan las bases máximas y la recaudación , también tendrá que ir adaptándose la pensión máxima en la misma medida porque si no estaremos rompiendo el equilibrio. A medio plazo, el gasto en pensiones aumentaría por ese destope de las bases y de la pensión máxima.

¿Deben entrar los pensionistas en el pacto de rentas?

Hay que ser realistas. La inflación está desbocada y no sabemos cuando va a parar. Creo que hay que enfocar las medidas hacia los sectores más desfavorecidos, por ejemplo los pensionistas con prestaciones más bajas que tendrían que conservar el poder adquisitivo. Pero la inflación afecta a todos (pensionistas, trabajadores en activo mayores y jóvenes, a las empresas, autónomos), por lo que en esta situación los pensionistas a partir de cierto nivel, salvando las pensiones mínimas que deben mantener sí o sí el poder adquisitivo, deberían entrar en el pacto de rentas.