Podemos amenaza con tumbar el fondo público de pensiones de Escrivá si no se eliminan incentivos

Sin embargo, un cambio de postura de Unidas Podemos de última hora, que había concedido sus votos para sacar adelante la medida, obligó al Gobierno a cambiar el paso y desconvocar las reuniones fijadas para esta semana al no tener amarrados los apoyos para dar luz verde definitivamente. Las ponencias de las enmiendas se reanudarán la semana próxima y para entonces el Ejecutivo deberá confirmar qué peticiones de los partidos para modificar el proyecto de ley.

Hasta ahora, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , había conocido el 'no' de ERC, Bildu, BNG y la CUP -que ven en la medida una maniobra para privatizar el sistema público de pensiones- aunque hace pocas horas Unidas Podemos se habría unido al órdago reclamando la incorporación al proyecto de ley de la enmienda 59 presentada hace ya mes y medio. Según advierten fuentes parlamentarias a ABC, esta habría sido la exigencia de última hora que ha vuelto a frenar el trámite en el Congreso. Ya que, tras conocer la exigencia, el ministro Escrivá habría trasladado la imposibilidad de aprobar este punto, lo que deja en el aire el voto afirmativo de la formación liderada por Yolanda Díaz .

La enmienda 59 incluida en el paquete que el socio de la coalición remitió al equipo de Escrivá busca, más allá, la eliminación del único incentivo para las empresas previsto en el fondo público de pensiones en forma de reducción en cuota de cotización a la Seguridad Social por las contribuciones realizadas por el empleador a favor del trabajador y que permitirá al empresario ahorrar hasta 400 euros al año por empleado al año si aporta al fondo a su favor.

En este punto, la formación morada defiende que la inclusión en la ley de conceptos excluidos de la base de cotización del importe de las aportaciones empresariales a planes de empleo, «constituye una merma directa de ingresos al primer pilar de nuestro sistema de pensiones«, asegurando además que se vulnera la primera recomendación del Pacto de Toledo -relativa a la consolidación de la separación de fuentes y reequilibrio financiero- al «distraer ingresos del sistema público de pensiones».

Así, denuncia la formación que con este incentivo se favorecen «políticas de promoción de la inversión a través de pensiones de empleo de naturaleza privada» y exige al ministro Escrivá « suprimir « este punto incluido en la ley.

Cabe recordar que la eliminación de este elemento que fue incluido en los últimos borradores de la ley que de formularon incluyendo las peticiones de la patronal supondría invalidar de facto el reciente acuerdo alcanzado en el sector de la construcción para incluir a más de medio millón de trabajadores en este sistema de ahorro. Y que aspira a gestionar hasta 2.500 millones de euros de patrimonio en un plazo de diez años.

Sin embargo, la presión para moderar el atractivo fiscal del vehículo de ahorro también se plasman en las enmiendas 57 y 58 de la formación morada. En estos puntos se plantea una reducción de las deducción fijadas en el IRPF para el empleado por las aportaciones al plan de pensiones. Y se propone reducir el incentivo en el supuesto de que los trabajadores aporten conjuntamente con el empresario, que llegaría hasta los 8.500 euros anuales con la actual redacción del texto, hasta los 4.250 euros.

«Reducir las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre la Renta por aportaciones a planes de pensiones de empleo, equiparándolas a la cuantía prevista en el mismo Proyecto de la Ley a las a aportaciones de los trabajadores autónomos a planes de pensiones de empleo simplificados«, señala el texto de las enmiendas como justificación a la propuesta.

Con todo, tal y como señalan las fuentes consultadas por ABC, como pronto, la Comisión de Trabajo emitiría dictamen sobre el proyecto con las enmiendas incluidas definitivamente el viernes de la semana próxima. Y teniendo en cuenta los plazos que se manejan para la votación en el Congreso y las celebración de las elecciones en Andalucía de por medio, la fecha para el pleno que debería dar luz verde al proyecto de ley quedaría encuadrado en el último antes del límite de finales de junio.

Fuentes del sector asegurador consultadas por este medio confirman, además, el nerviosismo instalado tanto dentro del Ejecutivo como entre las compañías por la obstaculización de la ley en el Congreso a escasas semanas del examen de Bruselas. Desde las empresas que pujarán por la gestión de los ahorros del fondo público de pensiones se recibe con buenos ojos el impulso del Gobierno al ahorro privado con los planes de empleo, si bien advierten deficiencias en el modelo de incentivos que podrían lastrar el objetivo marcado de adherir a más de 13 millones de trabajadores en un plazo de diez años.