Así son las pensiones en Europa

Contribuciones voluntarias y revalorización en función de la evolución salarial

Los trabajadores alemanes por cuenta ajena contribuyen al sistema de pensiones con una deducción de su nómina bruta del 18,7%. La mitad de esta cantidad la paga el trabajador y la otra mitad la empresa. Los trabajadores por cuenta propia se hacer cargo del porcentaje al completo. El monto de la pensión que cobra cada uno depende exclusivamente de lo que haya cotizado y la media actual es del 51% del salario. Regularmente reciben los contribuyentes una carta de la Rentenversicherung en la que consta, con lo cotizado hasta la fecha en curso, cuánto dinero al mes va a recibir en su caso como pensión de jubilación. Junto a este ingreso, proliferan los seguros privados de pensiones destinados a completar la cantidad. También pueden hacerse contribuciones voluntarias al sistema público de pensiones cuyo importe mínimo mensual es de 85,05 euros . No existe una pensión mínima, pero sí una ayuda social para completar los ingresos mínimos hasta el mínimo de existencia. Alrededor de medio millón de jubilados perciben esa ayuda.

La edad de jubilación es, para los nacidos en 1947 o antes, de 65 años y un mes; para los nacidos en 1948 de 65 años y dos meses; y sigue aumentando progresivamente de forma que para nacidos a partir del año 1964 es de 67 años. En 2014, sin embargo, Merkel cedió a una reivindicación socialdemócrata y legisló la excepción que permite jubilarse a los 63 años a los trabajadores que hayan cotizado 45 años completos. Actualmente, la media de años cotizados es de 37,5. El tiempo que las madres dejan de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos computa como cotizado a cargo del Estado. Las pensiones alemanas no están indexadas al IPC y su actualización depende de la evolución de los salarios. En 2018 han subido un 3,2% en el este del país y un 3,4% en el oeste, según la Oficina Federal de Estadística. La pensión promedio actual es de 1.124 euros para los hombres del oeste del país y de 1.040 euros para los hombres del este. Para las mujeres del este, la pensión promedio es de 846 euros mientras que en el oeste es de 580 euros. El promedio total es de 1.003 euros mensuales. La pensión máxima es de 2.742 euros. El nivel actual es en promedio el 48% del salario y el gobierno de gran coalición acaba de destinar partidas extraordinarias desde los presupuestos generales de 2018 para sostener al menos hasta 2025 ese porcentaje, que por sí mismo tiende a la baja. Se estima que la medida beneficiará a unos siete millones de trabajadores y supondrá un gasto público adicional de 3.700 millones de euros al año, financiados gracias al superávit de 48.100 millones, el 2,9% del PIB.

Un modelo desequilibrado y prestaciones ligadas a los precios

Según las estadísticas del informe anual (2018) del Ministerio de Sanidad y Solidaridad, que utiliza cifras de 2016, en Francia (67 millones de habitantes) hay 17.209.000 pensionistas. Las mujeres tienen pensiones un 25% inferiores a las de los hombres. Y es uno de los escasos países en los que la prestación se actualiza con los precios. La pensión media de un jubilado francés, tomando en conjunto todos los regímenes (privados, funcionarios y especiales) asciende a 1.358 euros . Pero esa cifra global oculta diferencias espectaculares. Los pensionistas más favorecidos son los que trabajaron en el sector público de la distribución de gas y electricidad (pensiones medias de 2.958 euros), los funcionarios de los transportes públicos (2.772 euros de media) y los ferroviarios (2.195 euros de media). Igualmente privilegiados son los funcionarios del Estado (2.073 euros de media) y los funcionarios que trabajan para los departamentos y las regiones (1.736 euros de media).

En el otro extremo de la «solidaridad nacional» , los pensionistas menos favorecidos del modelo francés son los comerciantes (apenas 210 euros de pensión media), los artesanos (299 euros de pensión) y los agricultores (556 euros de media). Entre esos dos extremos, el resto de las categorías sociales cobran entre 1.000 y 2.000 euros de pensión media. A esa disparidad excepcional entre pensionistas del sector público (menos años de trabajo y cotización, una media de 45/50 años), con mejores jubilaciones, y los pensionistas de los distintos sectores privados (más años de cotización, 50/55 años), con pensiones más modestas, es necesario añadir una complejidad burocrática excepcional: distintos niveles de pensiones «complementarias», distintos niveles de «puntos», distintos modelos de cotización a geometría variable.

Desde hace medio siglo, los gobiernos de izquierda y derecha han intentado reformar y «equilibrar» los distintos modelos. En vano. Todos han encontrado la misma y excepcional resistencia de los funcionarios y sectores privilegiados, con una capacidad excepcional para «paralizar» el país, doblegando a todos los gobiernos que proyectaron «equilibrios» de fondo, más allá de soluciones «transitorias».

La reforma del sistema nacional de pensiones es uno de los grandes proyectos en la agenda de Macron.

El Gobierno populista rebaja la edad para la jubilación

Los populistas italianos piensan ya en las elecciones europeas de mayo 2018 y para ganar votos van en contra de la tendencia de otros países, decidiendo rebajar la edad de jubilación. El sistema de pensiones se halla en pleno proceso de contrarreforma por parte del Gobierno populista de coalición formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. La última reforma en Italia la hizo a finales de 2011 el gobierno Monti mediante la llamada Ley Fornero, porque el régimen de pensiones era insostenible. Existían entonces dos sistemas: El «retributivo», calculando la pensión con el salario de los 10 últimos años cotizados. Esto ha permitido la existencia de «pensiones de oro». Los más afortunados, casi 300, cobran más de 24.000 euros al mes. Por ejemplo, el ingeniero Mauro Sentinelli , conocido como el jubilado de oro, recibe una pensión de 91.337 euros al mes , unos 3.000 euros al día.

El segundo sistema era el «contributivo», mediante el cual el importe de la pensión se calculaba con las contribuciones efectivas pagadas durante la vida laboral. Este sistema es el que rige desde el 2012. En el 2018 se recibe pensión a los 66 años y 7 meses.

Ahora, el Gobierno, para reformar la «ley Fornero», ha destinado 7.000 millones de euros y se ha inventado la fórmula «cuota 100», cifra a la que se debe llegar sumando los años cotizados y la edad de jubilación. Por ejemplo, se podrá dejar el trabajo con 62 años de edad y 38 de cotización a la Seguridad Social . La norma es igual para hombres y mujeres.

La subida de las pensiones se regula de forma automática con el índice del coste de la vida del año anterior.

El líder de la Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini, ha manifestado, para justificar la contrarreforma de las pensiones, que se jubilará casi medio millón de personas en el año próximo y sus puestos serán cubiertos por jóvenes desempleados de entre 20 y 30 años. Pero el presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, el economista Tito Boeri , critica duramente al Gobierno por esta reforma con aumento del gasto de las pensiones ya que supondrá un grave daño a la economía del país, perjudicando además la creación de empleo.

Las alternativas del norte

Los países nórdicos presentan algunos de los modelos más novedosos del Viejo Continente. En Noruega e Islandia la edad de jubilación es de 67 años; en Suecia, Finlandia y Dinamarca, de 65, aunque en este último aumentará gradualmente a 67 años entre 2019 y 2022. En Finlandia -donde todo ciudadano en edad de jubilarse tiene derecho a una pensión mínima garantizada-, existe además de la pensión nacional, una contributiva que puede cobrarse a partir de los 63 años. El monto depende de la duración del empleo y sus ingresos, así como de cuántos años ha vivido en Finlandia y si está casado. La pensión total promedio fue en 2017 de 1.574 euros al mes .

Todos los residentes en Dinamarca tienen derecho a percibir la pensión social al jubilarse, existiendo además un régimen de pensión extraordinaria para los trabajadores por cuenta ajena pagado en conjunto entre el empleador (dos terceras partes) y el trabajador. La pensión normal incluye un importe base -de unos 822 euros- más un complemento de la pensión calculado en función de los ingresos acumulados, en promedio 875 euros. El afiliado puede tener además derecho a unos complementos de servicios sanitarios y a un subsidio para calefacción.

En Suecia, hay cuatro tipos de pensiones: la pública basada en los ingresos, la pensión profesional que se recibe del empleador (que recibe el 90% de los ciudadanos), las pensiones privadas y una pensión garantizada básica para todos (incluidos aquellos con ingresos nulos) de unos 775 euros. En Noruega, la pensión básica alcanza unas 10.300 euros al año que es complementada por una pensión suplementaria y ambas deben alcanzar el mínimo para las pensiones noruegas, que es de 20.765 euros, que de no llegarse a ella es completada por un suplemento. En Islandia, los trabajadores tienen derecho a una pensión de los fondos de pensiones profesionales obligatorios. Las personas residentes en Islandia durante al meno 40 años entre los 16 y los 67 años tienen derecho a una pensión de jubilación íntegra. Son varias las prestaciones asistenciales que se pueden percibir además de la básica. La norma general es que la pensión se calcula de acuerdo con las bonificaciones de pensión acumuladas. Una pensión mínima basada en 40 años de cotizaciones asciende al 15% de los salarios mensuales.

La actualización de las pensiones es diversa aunque en Suecia, Dinamarca y Finlandia un factor clave es la tasa de riesgo de pobreza y exclusión de los mayores de 65 años.

Una pensión media de 434 euros

Los portugueses no pueden jubilarse antes de los 66 años. Y lo hacen cobrando, de media, unos 434 euros mensuales, es decir, 100 euros menos que el salario mínimo.

Los incrementos en estas percepciones vienen a calcularse de acuerdo con la tasa de inflación y con la evolución del PIB a lo largo de los dos últimos años anteriores a la fecha de revisión.

Con todo, la principal novedad respecto a otros países se sitúa en la normativa para residentes no habituales, que ha disparado la llegada de jubilados extranjeros (alemanes y nórdicos, en especial) en un 44% gracias a la exención del pago de impuestos, incluidos los de patrimonio, sucesiones y donaciones. En la práctica, estas circunstancias implican un gran ahorro para las fortunas medias y altas porque estas pensiones no tributan ni en el país de origen ni en Portugal, aunque la medida está siendo muy criticada por gobiernos como los de Finlandia o Suecia. Y es que el resultado no es otro que la avalancha de pensionistas en Madeira , en la costa del Algarve o en los alrededores de la capital Lisboa , con epicentro en Cascais, la localidad lusa con renta per cápita más elevada de todo el país.

El «básico» modelo anglosajón

En Reino Unido se utiliza el conocido «modelo anglosajón». Un sistema enfocado en cubrir prestaciones muy básicas, partiendo de la idea de que el individuo es el principal impulsor de la planificación de su jubilación. Aunque, desde 2012, el Gobierno ha implantado nuevos mecanismos que ayudan a los trabajadores a ser más cuidadosos con los ahorros de cara al futuro. Las empresas están obligadas a suscribir un Plan de Pensiones para todos sus empleados mayores de 22 años que ganen más de 10.000 libras al año, siempre que no tuvieran ya un Plan establecido.

La edad de jubilación en Reino Unido es de 66 años que se irá ampliando gradualmente a partir del 2020 (67 años entre 2034 y 2036; y 68 años entre 2044 y 2046).

El Gobierno utiliza el PIB, la inflación y los salarios para calibrar el sistema de pensiones, que tiene dos niveles: una pensión básica y una adicional ligada a los ingresos, que son, habitualmente, complementadas con un vasto sistema privado. Además, existe para aquellos con menores rentas una pensión ligada a los ingresos, la «pension credit».

La primera de ellas, la básica, consiste en 160 libras semanales, unos 177 euros (aproximadamente al 16% del salario medio), que recibe el jubilado independientemente de las cuantías de sus cotizaciones y son necesarios al menos 44 años de contribuciones para cobrarla. Aquellos que no lleguen recibirán una pensión de cuantía proporcional a lo contribuido, con el requisito mínimo de un año de aportes.

Por otro lado, los británicos cuentan con una segunda paga conocida como la «segunda pensión estatal» en función de la renta y es también de carácter contributivo. A la tercera en discordia, la «pension credit» , que está exenta de impuestos y es para personas con mayor riesgo de exclusión, solo pueden acceder aquellos con ingresos considerados por debajo del umbral de la pobreza (menos de 8.105 libras anuales).