Otras 5.000 licencias de VTC llegarán a las calles en los próximos meses

Cada asociación tiene su propia previsión sobre el número de autorizaciones que todavía están pendientes de habilitarse. Pero ninguna baja de las 5.000 autorizaciones. De hecho, fuentes del taxi aseguran que esta cifra podría dispararse hasta los 6.000 permisos.

Si bien es ahora cuando están llegando a las calles, estas licencias se solicitaron entre 2009 y 2015, cuando el mercado estuvo liberalizado. Las compañías del sector las pedían primero a las comunidades autónomas , pero normalmente estas rechazaban su concesión para mantener el reparto del mercado a favor del taxi. Muchos casos acabaron en los juzgados: primero en los tribunales superiores de justicia y después en el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal decidió -en varias sentencias dictadas en los últimos años- conceder estos permisos acogiéndose a la normativa establecida en ese momento. Fuentes del sector de las VTC señalan que «ya se han concedido prácticamente todos los permisos solicitados y será a lo largo de año cuando se habilitarán estas autorizaciones». En este sentido, la patronal de Uber y Cabify, Unauto, apunta a 1.600 licencias más solo en Cataluña, informa Anna Cabeza.

Estos procesos judiciales provocaron que el año pasado se duplicara el número de VTC en funcionamiento, ya que hace años que la Administración tiene congelada la concesión de nuevas licencias. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Fomento, de los 6.676 permisos que había en circulación a finales de 2017 se ha pasado a las 13.125 autorizaciones actuales. Hace cinco años, apenas habían 2.697 autorizaciones en las calles.

El sector del taxi ha intentado en los últimos años frenar esta avalancha de permisos amparándose en la relación de una VTC por cada 30 taxis que establece la ley. Y es que la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) de 2013 ya introducía la posibilidad de imponer este límite a los VTC , si bien no fue hasta finales de 2015 cuando se implantó definitivamente esta restricción. El Alto Tribunal, sin embargo, rechazó esta tesis cuando concedió, a finales de 2017, 80 permisos solicitados en 2014.

PP y PSOE responsabilizan el uno al otro del vacío legal que ha ocasionado este alud de VTC. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, culpabilizó al Partido Popular de provocar esta situación durante la comparecencia que realizó el jueves para explicar su visión del conflicto del taxi. Durante su intervención, el número tres del PSOE aseguró que el anterior Ejecutivo demoró «intencionadamente» la implantación de restricciones legales al número de licencias VTC entre 2013, cuando se produjo la reforma de la LOTT, y 2015, cuando un reglamento articuló definitivamente el 1 a 30. Una proporción que, pese a todo, fue avalada el verano pasado por el Tribunal Supremo, que rechazó un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra ella.

Mientras, formaciones como el Partido Popular y Ciudadanos han destacado en los últimos meses el hecho de que fue el Partido Socialista el que liberalizó el mercado en 2009 mediante la ley Ómnibus, una norma impulsada para adaptar la regulación del sector servicios a los estándares europeos pero que, según el taxi, no obligaba al Gobierno a abrir completamente el mercado. El titular de Fomento restó importancia a esto en el Congreso señalando que en 2009 «no existían aplicaciones». Tampoco hizo referencia a que entre 2009 y 2011 gobernó el PSOE y se mantuvo el mercado abierto. Miles de licencias se solicitaron durante estos años.

Como fuere, la realidad es que este crecimiento desproporcionado de las VTC ha motivado en gran parte las últimas movilizaciones del taxi. Y es que, a diferencia del gremio, que tiene que cumplir una serie de horarios y libranzas, plataformas como Uber y Cabify pueden operar a pleno rendimiento.

Consciente de que seguirán llegando miles de autorizaciones procedentes de los tribunales, el Ministerio de Fomento elaboró en septiembre un decreto que cede a las comunidades las competencias del sector y les permite imponer ya restricciones como horarios e incluso tarifas a las empresas de VTC. En octubre, el Congreso dio su visto bueno al decreto, aprobándolo como proyecto de ley.

Casi cuatro meses después, solo la Generalitat catalana ha dado el paso de regular el sector. Y lo ha hecho con un decreto que directamente ha expulsado a Uber y Cabify de Barcelona. Mientras, en este periodo han llegado a las calles unas 600 licencias más de VTC.

Todas las miradas se dirigen ahora a Madrid, donde se mantienen las negociaciones entre los taxistas -que acumulan ya doce días seguidos en huelga- y el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. Más dispuesta a atender las demandas del gremio parece la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha propuesto imponer libranzas a las VTC. En este sentido, fuentes del sector del taxi explican que Carmena les «ha asegurado que tiene una fórmula para frenar la llegada de nuevas licencias, pero no la aplica».