Luis Planas: «La Administración pública no puede fijar precios ni costes»

En su opinión, ¿las movilizaciones de las organizaciones agrarias han logrado poner al campo en el mapa?

Para mí sinceramente, ese es el primer éxito de las movilizaciones y como ministro de Agricultura creo que es una muestra de que la sociedad española es sabia, porque sabe escoger los temas públicos de debate. Hablamos mucho del problema de la España urbana, pero cuando lo hacemos de la rural esta el de la existencia de una vida activa y de una población, lo que está estrictamente vinculado a la rentabilidad de la actividad agrícola o ganadera. O conseguimos que producir alimentos sea rentable para el agricultor o ganadero, o más de media España se quedará vacía.

Usted forma parte del primer Gobierno de coalición desde 1978, ¿no cree que han podido dar cierta imagen confusión en esta crisis?

Estamos en una primera fase de rodaje, y creo que el balance es positivo pero que, en ocasiones, también pueden crearse algunas confusiones en nuestros interlocutores habituales. Lo he dicho bien claro: el 80% de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos tienen su sede en este ministerio y, por tanto, parece lógico que llevemos la voz cantante. Eso no significa que no exista la posibilidad de que haya un diálogo de otros ministerios con las organizaciones agrarias, que evidentemente este departamento coordina.

Las organizaciones agrarias han valorado el último decreto, pero exigen más controles. ¿Qué planes tienen para reforzar la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios)? ¿Qué rol deben jugar las comunidades autónomas?

Sobre la aplicación del decreto ley hay dos elementos importantes, el papel de las comunidades autónomas, que tienen que ser un colaborador activo de la AICA, para controlar a través de campañas de inspección la existencia de contratos escritos. Además, que los mismos cumplan con las prescripciones incluidas en el decreto ley. También me comprometo a reforzar con medios humanos y materiales a la AICA y, en tercer lugar, vamos a fortalecer el Observatorio de la Cadena que es un elemento de participación, y que permite a través del Observatorio de precios dar transparencia a la formación de precios.

De todas formas, no se incurren en los mismos gastos si se tiene un olivar en Jaén que en una plantación de naranjas en Valencia, ¿Cómo se va a estandarizar? ¿Cumplirá el Observatorio de precios un rol de referencia?

Estamos en una economía social de mercado, tal y como lo define nuestra Constitución. Por tanto, tienen que ser vendedor y comprador quienes establezcan de común acuerdo lo que se refleja en el contrato incluyendo la referencia a esos costes de producción. La Administración no puede fijar precios ni costes, puede publicar -que es lo que hace este Ministerio como servicio público- lo que nosotros vemos como referencia en un determinado sector o subsector. Pero, en todo caso, estas son referencias indicativas y no pueden prescribir un precio, porque sería contrario a la ley. Lo que ocurre es que este último decreto ley busca reforzar la posición negociadora de agricultores y ganaderos. Para ello, también hace falta la generalización de los contratos escritos.

El Ministerio de Agricultura está manteniendo reuniones con la distribución. ¿Qué mensaje les está transmitiendo?

Mi primera impresión es muy positiva. Al mismo tiempo, la distribución es consciente de que determinadas prácticas comerciales, y en particular algunas que se han dado en alguna ocasión durante los últimos años como la venta a pérdidas o la publicidad engañosa, no son deseables. Sobre todo, mi petición es que también sean parte del debate y que garanticen que los precios abonados a agricultores y ganaderos tengan ese sentido de rentabilidad y justicia. Sin agricultores ni ganaderos no hay ni industria ni distribución. Y en segundo lugar que, en el momento en que un ciudadano pague un bien, este haya sido ya liquidado al productor.

En vista de todo lo anterior, ¿tendremos que pagar más los consumidores?

Para mí lo que es muy importante es que no se produzca una fijación de precios en vertical, es decir, que se invierta lo que debería ser la formación normal de los precios. La cadena normal es horizontal: primero qué valor añadido hay en el primer eslabón y qué precio se paga; a continuación pasa a la industria o a un mayorista, para posteriormente trasladarse a la distribución y finalizar en el consumidor. Creo que hay margen para reequilibrar la cadena sin necesidad de que los ciudadanos paguemos más.

¿Tiene previsto el Gobierno y, concretamente su Ministerio, avanzar en la mejora de los etiquetados?

Lo que ha pasado es que como consecuencia de la medida adoptada sobre la leche, la que esta ahora en curso sobre la miel, y por la iniciativa de otros de países europeos, la propia Comisión Europea va a legislar sobre la materia. Fuimos varios países miembros quienes pedimos que se vuelva sobre la norma de etiquetado, porque el consumidor español y europeo quiere saber dónde ha sido producido algo y qué contenido tiene. Creo que poner eso en la etiqueta no rompe el mercado único europeo: es un derecho ciudadano.

Más de cinco semanas de movilizaciones por toda España, ¿qué cabe esperar de las cuatro mesas de diálogo acordadas el martes?

La segunda reunión de la Mesa del Diálogo Agrario del pasado martes fue muy positiva, ya que pudimos repasar durante más de tres horas los 11 folios de peticiones de las tres organizaciones agrarias, y darles respuesta a través de un documento de 19 puntos, como el compromiso de mantener el sistema de módulos esta legislatura o las bonificaciones al gasóleo profesional. Por otra parte, con las cuatro mesas de diálogo volveremos al formato tradicional, para conversar sobre temas como los seguros agrarios cuya dotación elevaré en los Presupuestos de 2020 en un 10%. Creo que son el complemento necesario para que esta negociación vaya a buen puerto.